ANDAR en La Plata

(CPM) La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia y la CTA realizaron esta mañana una conferencia de prensa en la que brindaron detalles acerca de la denuncia penal presentada por el marco de ilegalidad en que se realizaron los operativos de detención de los cinco trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación, el pasado 14 de mayo. Le denuncia quedó radicada en la UFI Nº 11 de la Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta.

Estuvieron presentes por la CPM Alejandro Mosquera (Secretario Ejecutivo) y Margarita Jarque (Directora de Litigios Estratégicos), junto a Oscar de Isasi (Secretario General de ATE), Hugo Godoy (ATE Nación), Juan Cosino (APL- CTA provincia), Carlos Leavy (CTA), Marta Vedio (Secretaria de DDHH Municipal), Marcelo Ponce Nuñez (Abogado CTA), Guadalupe Godoy, y Hugo Blasco (AJB).

 La denuncia

Desde la CPM y ATE, se denuncia la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y amenazas, producidos en perjuicio de Ciappina Miguel, Sánchez Moreno Alejandro, Ardetti Marcelo, Valdez Abalos Silvia y Uro María Inés, por parte de personal policial de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata, conforme los hechos sucedidos el 14 de mayo pasado en horas de la mañana.

Alejandro Mosquera, Secretario Ejecutivo de la CPM, manifestó al respecto que “la denuncia presenta la necesidad de investigar un procedimiento ilegal, porque lesiona lo que la ley 13482 reglamenta sobre cómo se debe detener una persona. No se cumplieron los parámetros de lo que establece la ley, por lo tanto, estamos frente a un símil de un secuestro y un procedimiento ilegal.”

Por su parte, Oscar de Isasi, Secretario General de ATE Provincia, dijo que “los hechos que denunciamos entendemos que tienen un profundo contenido político, nos preocupan de sobremanera porque cuando hablamos de virtual secuestro estamos diciendo que 4 delegados sindicales que salían de una reunión oficial y pública fueron emboscados a pocas cuadras de ahí por una veintena de personas de civil que decían ser policías bonaerenses y que lejos de identificarse utilizaron métodos de la dictadura. Luego se los llevó con autos sin patentes a la dirección de investigaciones donde recién se legalizó ese procedimiento. Por eso decimos que esto constituye un secuestro.” Y agregó: “Estamos sumamente preocupados y queremos ser muy claros, queremos que se investiguen, se enjuicie y se castigue a los autores materiales de este operativo propio de las noches negras de la Argentina. Y también queremos dejar claro que la responsabilidad política de esta situación es del gobernador Scioli”.

La CPM y ATE destacan además la condición de delegados gremiales de Silvia Valdez, Alejandro Sánchez Moreno, Miguel Ciappina y María Inés Uro y de afiliado de Marcelo Ardetti quienes participaron de reclamos salariales durante el 2012. La no identificación previa de los delegados de ATE lleva a pensar que hubo inteligencia sobre ellos, resulta importante que se pueda establecer con claridad quién la ordenó, y las diferentes responsabilidades en el asunto.

En este sentido, Mosquera expresó: “las órdenes del formato del procedimiento ilegal ¿tuvieron que ver con el Juez Melazzo que decidió que la intervención sea así? ¿fue una orden del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires? ¿o se van a esconder en las prácticas rutinarias de la policía que muchas veces, no sólo a los dirigentes sindicales, sino a jóvenes de las barriadas, también los detienen con el mecanismo de no decir por qué se los detiene?”

El evidente seguimiento formalizado por el personal de custodia de la Directora General de Escuelas, desde la salida de la reunión, en la sede Ministerial, hasta la intersección, donde suceden los hechos, no pueden tampoco dejar de mencionarse. Esto implica un accionar conjunto de las fuerzas policiales y la ligazón inescindible con las autoridades de la Dirección General de Educación.

En la conferencia de prensa se cuestionó además la figura de coacción agravada, delito que se imputa a los cinco detenidos por su participación en el reclamo sindical del 2012, inscribiendo esta acción penal en una política de criminalización de la protesta. Al respecto, de Isasi expresó que “la coacción agravada es un título de los ’90. Es una excusa que en los ’90 cuando nuestros compañeros cortaban rutas contra el ajuste, contra el desguace del estado, contra el crecimiento de la pobreza, los jueces del régimen neoliberal planteaban la coacción agravada. Esa carátula es la excusa judicial para criminalizar la protesta social”

Por último, Alejandro Mosquera manifestó que “el operativo es una amenaza para todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. La espectacularidad es un mensaje, es también una amenaza. Y ahí es donde se une a la coacción agravada. Los conflictos sociales se solucionan reconociendo derechos de los trabajadores y con mesas de diálogo. La actitud represiva y la penalización de la protesta lo que buscan no solamente es actuar sobre el caso concreto sino sobre el conjunto de los trabajadores. Y esto es achicar la democracia.”

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