COMUNICADO DE LA OBRA DEL PADRE CAJADE Las casitas de la Obra de Cajade cerraron por la deuda del Estado provincial
La Casa de los Niños “Madre del Pueblo”, la Casa de los Bebés, la Casa Joven y la Casa de los Niños “Chispita”, que atienden diariamente a 250 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, no abrieron sus puertas en lo que va del año a raíz de la deuda que el Estado provincial mantiene con las organizaciones que se ocupan de la protección integral de la niñez, entre ellas, la Obra fundada por el Padre Carlos Cajade hace casi tres décadas.
[pullquote]4 casitas cerradas y 250 chicos sin atención es uno de los resultados de la deuda de la Provincia con la niñez[/pullquote]
La Provincia debe el pago de cuatro meses de “becas”, que por otra parte hace rato se han tornado insuficientes para afrontar el trabajo cotidiano: el monto permanece inalterado desde 2009, completamente depreciado por la inflación de precios de los últimos cinco años.
Este verano, la Obra de Cajade llegó a una situación límite: todavía no pudieron pagarse los sueldos de diciembre y enero de cocineras y educadores —magros ingresos que rondan los 850 pesos—. No quedó otra alternativa que cerrar las casas de día, que permanecerán así hasta que el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires pague la totalidad del monto adeudado.
[pullquote]las casas de día permanecerán cerradas hasta que el Ministerio de Desarrollo Social provincial pague lo adeudado[/pullquote]
La deuda actual es de 388.800 pesos, que corresponden a las tres casitas que trabajan con niños y bebes. Casa Joven corresponde a otro plan de becas (que depende de la Secretaría de Niñez) pero se solidariza con los compañeros de los demás emprendimientos. Si no hay novedades para el 1º de marzo, cuando inicia un nuevo bimestre, la deuda ascenderá 583.200, ya que los montos del Programa de Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) deben abonarse por anticipado, si bien hace años el gobierno provincial ha naturalizado el hecho de pagar “a bimestre vencido”.
Dos semanas atrás, después del cambio de ministro (Miguel Nicolás Ferre, que asumió como Secretario General de la Gobernación, fue reemplazado por Eduardo Aparicio), el nuevo titular de la cartera de Desarrollo Social recibió a las autoridades de la Obra y se comprometió a liquidar la mitad de la deuda el lunes 17 de febrero.
[pullquote]el gobierno provincial ha naturalizado el hecho de pagar “a bimestre vencido” aunque las partidas deberían entregarse por anticipado[/pullquote]
Hoy, tras no haberse registrado ningún pago, el presidente de la Obra, Daniel Cajade se comunicó al celular del ministro, que le informó que no podía hacer nada y que el pago estaría recién la última semana de febrero. Ante el nuevo incumplimiento, ya no podemos creer en la palabra de las autoridades provinciales.
Mientras tanto, las casitas de nuestra Obra siguen cerradas: se trata de 250 chicos, chicas y adolescentes que no reciben comida ni tienen su espacio habitual de recreación; de familias que no tienen donde dejar a sus hijos, ni reciben asistencia jurídica, psicológica y odontológica. Y de trabajadores que se desempeñan en condiciones precarias y ya no pueden cobrar ni la miseria que percibían hasta fines de 2013, mientras sufren la angustia de no poder desarrollar un trabajo por el que dejan la vida.
Hoy el sistema de protección de la niñez atraviesa una situación crítica por el vaciamiento presupuestario y las organizaciones en las que el Estado delega esa función primordial ya no tenemos más recursos para cumplir con las obligaciones alimentarias, sanitarias, educativas y recreativas de los pibes de nuestros barrios.
[pullquote]Esta alarmante situación consta en la denuncia que presentaron en septiembre 50 organizaciones de niñez ante la justicia[/pullquote]
Esta alarmante situación consta en la denuncia que presentamos en septiembre junto a 50 organizaciones de la Provincia en el juzgado en lo contencioso administrativo Nº 3. En esa presentación, que obra en un expediente de once cuerpos, se demuestra cómo actualmente el Estado lesiona “con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, los derechos constitucionales, individuales y colectivos, de niños, niñas y adolescentes, e instituciones dedicadas a la protección y promoción integral de los derechos de la niñez y adolescencia”.