ANDAR en La Matanza (Agencia) La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, sumó su reclamo para que el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires revise el fallo que absolvió en mayo del año pasado a los cinco policías que fueron juzgados por la muerte de Gastón Duffau, ocurrida en febrero de 2008 en la localidad de Ramos Mejía. El juicio que terminó con la absolución de los agentes Natalio Hernán de Nardos, Mauro Adrián Ponti, Luis Alberto Acuña, Rubén Darío Steingruber y Leonardo Ezequiel Brandan, era el segundo que se realizaba, ya que en agosto de 2010, la Sala II del citado Tribunal anuló el primer fallo absolutorio por considerar que había habido una errónea valoración de la prueba. Ya se había dado por acreditado que Gastón Duffau falleció en el trayecto de la comisaría de Ramos Mejía hacia el Hospital Interzonal de Agudos de Haedo,  donde fue llevado en la camioneta policial.

La familia de Gastón Duffau se reunió con la CPM en la ciudad de La Plata. Su ex pareja, Beatriz Silvane, habló con ANDAR sobre las diferentes instancias judiciales abiertas desde la muerte de Gastón para reclamar justicia (escuchar audio al final).

La Dirección de Litigio Estratégico de la CPM presentó ayer una petición ante la Sala VI del Tribunal de Casación, que refuerza el pedido de la familia de Duffau, para que se revea el fallo absolutorio dictado por el Tribunal Oral Criminal nº 4 de La Matanza, integrado por los jueces Nicolás Grappasonno, Matías Jorge Rouco y Alberto Oscar Saibene. En el escrito presentado por la CPM, se considera que hubo muchas irregularidades en la investigación que evidencian connivencia policial-judicial, “al no respetarse, por ejemplo, la Resolución 1390 de la Procuración, la cual dispone que en casos en los que esté involucrado personal policial, ninguna diligencia investigativa puede ser realizada por miembros de esa fuerza de seguridad”.

Según se manifiesta en la presentación,  al igual que en muchos otros casos en los que ha intervenido la institución, las investigaciones son realizadas por la misma policía, “siendo estos quienes  recogen rastros, realizan las pericias, contactan testigos, citan a declarar, toman declaraciones, etc ; y quienes en ese marco también, amenazan e intimidan testigos, tergiversan pruebas, hacen desaparecer las que no les convienen, mienten en las autopsias, omiten consignar golpes con tal de generar las mejores condiciones para garantizar su propia impunidad o la de sus compañeros de fuerza. Todas estas actividades son delineadas en el expediente con el aval de actores diversos del Poder Judicial que, luego de delegar, consienten sin fisuras lo que se producido durante la investigación”.

En el mismo sentido, se destaca la intervención del perito médico Juan José Fenoglio, quien  es miembro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y “ha venido a transformarse en una suerte de perito de parte estable de este tipo de juicios donde hay policías imputados. Este médico policial oculta en todos los juicios en que participa su situación de Comisario Inspector en actividad en la Policía Bonaerense, misma institución a la que pertenecen los imputados”, dice el escrito. A pesar de que el perito fue recusado por los abogados de la familia Duffau, el Tribunal rechazó la pretensión de excluir su participación y su aporte probatorio. Vale destacar que Fenoglio actuó de igual manera en el juicio por la muerte de Fabián Gorosito, por el que estaban imputados 11 policías, que también fueron absueltos; recibiendo también una clara protección por parte de los jueces.

La presentación hecha por la CPM destaca que “en la presente causa nos encontramos ante  un evidente caso de violencia policial (…) y que existen suficientes elementos probatorios que avalan esta lectura de los hechos y que, sin embargo, los jueces intervinientes, en un proceder por demás reprochable, sólo toman la versión policial de los hechos, pretendiendo garantizar de este modo la impunidad en un caso de intensa gravedad institucional por tratarse, los victimarios, de agentes estatales”.

La presentación concluye diciendo que “desde esta CPM queremos resaltar la sistematicidad y la generalidad de una práctica de encubrimiento, complicidad o, cuanto menos, negligencia en el accionar de fiscales y jueces que de este modo garantizan la impunidad de las prácticas policiales ilegales tan instaladas en nuestro país. Esta garantía de impunidad de parte de los operadores judiciales se constituye en una de las condiciones que facilitan y promueven este tipo de prácticas que se constituyen en flagrantes violaciones a los Derechos Humanos”. Y advierte que “Este proceder, tanto el de los agentes policiales como el de los operadores judiciales, podrían generar la responsabilidad del Estado Argentino ante instancias internacionales”.

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