ANDAR en las escuelas

(ADC)  La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presenta los resultados de una investigación llevada a cabo entre mayo de 2011 y marzo de 2013, en el marco del proyecto “Asegurando el Acceso a la Educación Inclusiva a través del Acceso a la Información Pública”. Entre sus conclusiones, el informe expresa que “pese a que Ley de Educación Nacional 26.206 recepta el principio de inclusión educativa, los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que habitan en Argentina encuentran un sinnúmero de barreras que les impiden ejercer su derecho a la educación inclusiva en escuelas comunes”. Este derecho es reconocido por el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) , tratado que fue ratificado por Argentina en 2008.

En un sistema educativo respetuoso del derecho a la educación inclusiva, las personas con discapacidad estudian en una escuela común junto a otros alumnos sin discapacidad. Sin embargo, el informe señala que en Argentina:

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• la Ley de Educación Nacional sólo garantiza la escolarización de los alumnos con discapacidad en escuelas comunes siempre que “sus posibilidades” lo permitan. Caso contrario, los alumnos son educados en escuelas de educación especial;

• los planes de estudio y los materiales de enseñanza no son adecuados y adaptados a las necesidades, intereses y características de todos los alumnos, incluidos los alumnos con discapacidad;

• no existen políticas públicas orientadas a crear “culturas inclusivas”, esto es, a difundir el contenido y alcance del derecho a la educación inclusiva entre los docentes, alumnos, padres y la sociedad en general y a promover prácticas que garanticen este derecho;

• los docentes que se desempeñan en escuelas comunes no cuentan con el conocimiento y las estrategias necesarias para brindar una educación de calidad a los alumnos con discapacidad y no existen políticas sistemáticas de capacitación docente orientadas a revertir esta situación;

• en la provincia de Buenos Aires, entre otras jurisdicciones, sólo los alumnos que cursan todas las materias correspondientes al diseño curricular de su nivel, sin adaptaciones curriculares significativas, reciben el “Título de Nivel Secundario” en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros;

• las escuelas no cuentan con la infraestructura necesaria para garantizar la accesibilidad a los alumnos con discapacidad motriz y visual.

Estas barreras, entre muchas otras, determinan que un elevado número de niños y niñas con discapacidad asistan a escuelas especiales y que, de acuerdo a datos del último Censo 2010, el 28% de los niños con discapacidad de 3 a 5 años y el 35% de los jóvenes con discapacidad de entre 15 y 19 años no asistan al colegio, pese a que, en Argentina, la Ley Nacional de Educación establece la obligatoriedad de la educación hasta la finalización del nivel secundario.

Finalmente, el informe también identifica falencias en materia de producción y acceso a información pública relevante sobre la materia, y realiza recomendaciones para solucionar estos problemas, al tiempo que describe y sugiere estrategias para eliminar las barreras que impiden que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación inclusiva.

En consonancia con las recomendaciones presentadas por el informe, en 2012, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad instó al Estado argentino a que “desarrolle una política pública de educación integral que garantice el derecho a la educación inclusiva” y lo urgió a “tomar las medidas necesarias para que los estudiantes con discapacidad inscritos en escuelas especiales se incorporen a las escuelas inclusivas, y a ofrecer ajustes razonables a los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo general”.

A fin de comenzar a remediar esta situación, en el marco de una reunión que mantuvo el pasado jueves 19 de diciembre con representantes de ADC y el Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva, el Viceministro de Educación de la Nación Jaime Perczyk se comprometió a convocar, en febrero de 2014, a una mesa de diálogo multisectorial que analizará la reforma de diversas disposiciones dictadas por el Consejo Federal de Educación que impiden al Estado avanzar en el cumplimiento de su obligación internacional de garantizar el derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva. La convocatoria se da en el marco de un reclamo realizado por la ADC junto con más de 95 organizaciones de la sociedad civil nucleadas en el Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva, en diciembre de 2012.