Este martes, a dos semanas del comienzo del juicio por un asesinato ocurrido en junio del 2020, familiares, amigos y amigas de Luis Miguel del Castillo, Emiliano Romano y Nahuel Montenegro se concentraron frente a los tribunales de justicia de La Matanza para exigir la libertad de los tres jóvenes y denunciar que son víctimas de una causa armada. Las familias señalaron que, durante la instrucción, no los dejaron aportar pruebas, que los imputaron mediante un reconocimiento ilegal y que, durante su detención, fueron amenazados y golpeados. Las diligencias investigativas estuvieron a cargo del comisario Diego Ocampo, el mismo que luego fuera desafectado e imputado por el encubrimiento del asesinato policial de Lucas Verón.

ANDAR en La Matanza  

(Agencia Andar) «Las causas armadas no solo destruyen la vida de las personas que están privadas de libertad, sino de todo su entorno familiar», dijo Verónica, hermana de Nahuel Montenegro, durante la manifestación frente a los tribunales de La Matanza que realizaron familiares, junto a organizaciones sociales y de derechos humanos.

Nahuel Montenegro, Luis Miguel del Castillo y Emiliano Romano están detenidos desde el 24 junio de 2020 acusados del asesinato en ocasión de robo de un joven de 22 años, ocurrido ese mismo día en Virrey del Pino. Nahuel Zárate salía de su casa con su compañera cuando fueron abordados por dos personas que les exigieron las llaves del auto; luego apareció un tercer cómplice que, sin mediar palabra, disparó contra el joven. Los tres escaparon en el auto de la víctima. Nahuel falleció en el Hospital Simplemente Evita.

El vehículo fue abandonado en las inmediaciones del barrio Areco, a pocas cuadras de donde viven los tres detenidos. Según sus familiares, una vez que encontraron el auto, efectivos de la comisaría Distrital Sur 2ª de Virrey del Pino comenzaron una “cacería” en el barrio. De acuerdo a la versión policial, la búsqueda se inició a partir del testimonio de dos testigos que habían aportado información sobre la vestimenta que llevaban las tres personas que asaltaron y asesinaron al joven.

Montenegro, Del Castillo y Romano fueron trasladados a la dependencia policial y los ingresaron por separado a distintas oficinas, en donde fueron golpeados y amenazados para que se autoincriminen.

Después de algunas horas, cuando la compañera de Nahuel llegó a la comisaría para realizar diligencias de la causa, los policías sacaron a los tres jóvenes con la cara descubierta y le dijeron que ellos eran los asesinos. En ese acto irregular sin respetar los procedimientos de un reconocimiento judicial, la joven dijo reconocerlos como los autores del delito.

El oficial que dirigió el procedimiento policial es el comisario Diego Ocampo, el mismo que luego fuera desafectado e imputado por el encubrimiento del asesinato policial de Lucas Verón.

Durante sus declaraciones indagatorias, Montenegro, del Castillo y Romano negaron su participación en los hechos.

Montenegro había regresado a su casa, cerca del mediodía, luego de tener un accidente laboral en la carnicería donde trabajaba y tras ser llevado por el encargado del local a una guardia médica; Romano también tenía licencia en la fábrica por una lesión en la pierna, a la hora del crimen, una cámara del barrio toma su imagen yendo de compras; un trabajador del comedor de la organización Felipe Vallese dijo que durante varias horas de la mañana vio a del Castillo en el playón frente al comedor.

La hermana de uno de los imputados es agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; ese mismo día se comunicó con un compañero de fuerza que intervino en las detenciones y éste le dijo: “No sabía que era tu hermano, sino no lo empapelaba así”, que en la jerga policial significa falsear las actas de procedimiento para incriminar a una persona.

“Las causas armadas, en su gran mayoría, recae en jóvenes de nuestros barrios populares y se les niega el derecho de acceso a la justicia. Hay que batallar en las calles para desandar estas prácticas comunes de la policía”, dijeron desde HIJOS La Matanza, uno de los organismos que acompañó este martes a las familias en la jornada frente a los tribunales de La Matanza.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 será el encargado de juzgar el hecho, las audiencias se comenzarán en la primera semana de noviembre. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se entrevistó con los imputados y sus familiares; requirió un informe al Tribunal interviniente y participará como veedora del proceso judicial.