Esta semana, familiares de las víctimas de la masacre de la Comisaría 3ª de Estaban Echeverría, ocurrida el 15 de noviembre de 2018, fueron recibidos por el Ministro de Justicia bonaerense Julio Alak y el Procurador Julio Conte Grand para expresar la preocupación por la falta de celeridad en la actuación del fiscal Fernando Semisa. A casi tres años del hecho, el expediente tiene 40 cuerpos, pero el fiscal sigue requiriendo medidas de prueba que no se ajustan a ninguna hipótesis de investigación y, al mismo tiempo, sigue sin resolver los dos pedidos de indagatorias por las responsabilidades funcionales de la masacre: la comisaría tenía siete órdenes de clausura, estaba sobrepoblada, los matafuegos estaban vencidos y carecía de instalaciones contra incendio. La CPM, Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, patrocina a nueve familias de las 10 víctimas y participó de estas reuniones.

ANDAR en Esteban Echeverría  

(Agencia Andar) «Hasta ahora hemos sido muy silenciosas, respetuosas y creemos que es momento de cambiar eso. Estamos cansados de que no avance la justicia y nuestros familiares no tengan paz. Seguiremos luchando, marcharemos y saldremos a la calle. A los policías los tienen protegidos y se nota que no los quieren ni tocar», dice María Centurión, mamá de Fernando Martín Arguello, una de las diez víctimas fatales de la masacre de la comisaría 3ª de Esteban Echeverría.

Esta semana, María y familiares de otras dos de las víctimas, Elías Soto y Carlos Corvera, mantuvieron dos reuniones: una de ellas con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Buenos Aires Julio Alak, la otra con el Procurador General bonaerense Julio Conte Grand. Las reuniones habían sido solicitadas por las propias familias, luego de que se cumpliera el plazo que el fiscal Fernando Semisa les pidió para resolver el estado de la causa.

A casi tres años del hecho, el expediente judicial que tramita en la Fiscalía 4 de Lomas de Zamora tiene 40 cuerpos y ningún avance procesal. En dos oportunidades, la CPM –que patrocina a nueve familias de las 10 víctimas– pidió que sean llamados a indagatoria el Ministro de Seguridad al momento de la masacre Cristian Ritondo y el entonces Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Fabián Perroni. El fiscal no resolvió ninguno de los dos pedidos.

La noche del 15 de noviembre de 2018, luego de una discusión por el volumen de la música entre los detenidos y los oficiales de guardia, los policías cortaron la electricidad de los calabozos y algunos de los detenidos prendieron fuego como modo de protesta. Por la situación de hacinamiento, los colchones de goma espuma y otros elementos combustibles, el fuego se propagó rápidamente.

La comisaría estaba sobrepoblada, había 27 personas detenidas en una dependencia que no podía alojar detenidos por las siete órdenes de clausura que pesaban sobre la comisaría, una por resolución ministerial y seis por decisión judicial. La primera clausura era de 2011, la última de enero de 2018. Previo a las clausuras la capacidad de la comisaría era de 8 personas, pero además carecía de red contra incendio y los matafuegos estaban vencidos.

Con esa información que consta en la causa, las responsabilidades funcionales por la masacre resultan evidentes. A partir de esta prueba, en noviembre de 2019, las familias y la CPM pidieron el llamado a indagatoria de Ritondo y Perroni para que respondan por los delitos de abandono de personas seguido de muerte y violación de los deberes de funcionario público.

En ese momento, el fiscal Semisa requirió nuevas medidas de prueba, muchas de ellas inconducentes, antes de tomar una decisión. Casi un año después, ante la falta de respuestas, la CPM insistió con el pedido de declaración indagatoria: una vez más, el titular de la instrucción no resolvió nada y le pidió a las familias plazo hasta julio de este año para continuar con la investigación.

“En casi tres años de causa, el fiscal acumula pruebas sin valoración, no sigue ninguna hipótesis de investigación, no toma decisiones con la excusa de profundizar la instrucción. Las dilaciones en su actuación no hacen más que acrecentar el dolor y la angustia de las familias, con quienes se comprometió a brindarle una respuesta en julio y, otra vez, no tuvieron nada. El expediente tiene 40 cuerpos pero ninguna valoración de la prueba, ya sea para procesar, archivar o absolver. Una actuación, en definitiva, inconducente”, señalan desde el programa de Litigio Estratégico de la CPM.

Ante la falta de respuesta y el vencimiento del plazo que les había pedido el fiscal, las familias de las víctimas le mandaron una carta al gobernador bonaerense Axel Kicillof quien propuso la reunión de las familias con las autoridades del Ministerio de Justicia. Además del ministro Julio Alak, estuvieron el subsecretario de Justicia Inti Pérez Aznar, el Subsecretario de Política Criminal Lisandro Pellegrini y el subsecretario de Derechos Humanos Matías Moreno. Desde el Ministerio compartieron la preocupación y se comprometieron a realizar acciones para tomar conocimiento de la situación de la causa.

Por su parte, el Procurador General bonaerense Julio Conte Grand informó que le pedirá a la Secretaría de Política Criminal realizar un informe del estado de la causa; pidiendo los familiares que el mismo pudiera elaborarse antes del 15 de noviembre, cuando se cumplirán tres años de la masacre.