ALERTA Y MOVILIZACIÓN En Chubut las asambleas se organizan frente a la presión por la megaminería
Las asambleas ciudadanas volvieron a movilizar para reiterar su rechazo al proyecto oficial de zonificación y seguir reclamando la aprobación de la Segunda Iniciativa Popular que busca prohibir la megaminería en Chubut. La semana pasada el gobernador chubutense Mariano Arcioni convocó a “mesas de trabajo” sobre su proyecto megaminero, todos los sectores que no son promineros se bajaron de la convocatoria. Ahora temen que quieran instalarlo mediante una sesión extraordinaria.
ANDAR en Chubut
En las últimas semanas otra vez se dieron grandes movilizaciones en Trelew y Esquel. El ejecutivo provincial pretende abrirle las puertas de Chubut a la megaminería y las asambleas vecinal junto a gran parte de la comunidad buscan frenar la avanzada extractivista.
“Casi todos los políticos tienen discursos variables, hacen campaña en contra de la megaminería y cuando asumen avalan estos proyectos. Esto no deja de ser interesante porque quiere decir que el extractivismo es piantavotos. No hay licencia social para esto”, analiza Pablo Lada, integrante de una asamblea contra la mina.
“No nos dan descanso”, comenta otra activista y militante por los derechos humanos. Se refiere a que el viernes finalizó la semana de “mesas de trabajo” a las que convocó el gobernado Mariano Arcioni sobre el tema. Allí se suponía que distintos sectores sociales participarían de un “debate” sobre el proyecto de ley del ejecutivo. Pero todos los sectores que no son promineros decidieron no asistir y la discusión se llevó adelante a puertas cerradas sólo difundida mediante gacetillas oficiales.
“Nunca se puso en discusión el proyecto del ejecutivo, sino que desde el principio estaba convocado para buscar aportes para mejorarlo”, explican en un comunicado desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el No a la Mina quienes definieron el espacio como “una puesta en escena para pretender decir que hubo debate, mientras niega la Segunda Iniciativa Popular y el contundente rechazo de la megaminería por parte de la población”.
¿Qué es lo que está en juego? Hay dos proyectos enfrentados: uno, que pretende zonificar la provincia para activar la megaminería en la zona de la meseta, y el otro, que surge de una iniciativa popular (IP), y ratifica la prohibición de la megaminería que hace casi 20 años rige en la provincia. El primero es el impulsado por el Ejecutivo y cuenta con apoyo del Gobierno nacional. El otro es respaldado por las movilizaciones masivas que se están dando en cada pueblo y ciudad.
“Tuvimos un año de fuertísima movilización social, primero nos demonizaron, vino la criminalización, son los mecanismos que han encontrado para tratar de imponer la megaminería. Cuando termino el año quedó abierta la puerta a lo que está pasando ahora, la posibilidad de que implementen una sesión extraordinaria. Lo que está en evidencia es que ha sido un proyecto inconsulto, ellos dijeron que habían consultado distintos sectores pero todos salieron a responderles que no. Son esos sectores ahora fueron invitados al debate: la iglesia, el CONICET, las comunidades originarias, y que también lo rechazaron”, señala Lada.
Los asambleístas entienden que este verano y la pandemia son las última chances de los promineros para imponer la zonificación antes de que se instale el clima del año electoral y de que se cumpla el plazo legal para el tratamiento de la Segunda Iniciativa Popular. “Ahora salió la reunión con Fernandez, la presión nacional es otro factor en todo esto, las asambleas se están organizando para responder y viendo qué medidas tomar ante una posible sesión extraordinaria. La tienen difícil, querían sacarla el año pasado porque como este año es año electoral se les va a complicar y demorar la aprobación”, desarrolla Lada.
En los últimos días algunos medios locales publicaron que el gobierno buscaría aprobar la zonificación este jueves 28 de enero, reuniendo 14 bancas podrían convocar a una sesión extraordinaria. La comunidad está alerta. En pocos meses se cumple el plazo legal para que la Legislatura deba tratar un proyecto presentado por iniciativa popular que avalaron con 30.916 firmas (el doble del porcentaje mínimo que estipula la Constitución Provincial).