El Equipo de Investigación Política (EdIPo) difundió una lectura feminista del censo realizado por los organismos del Estado provincial durante los días 18 y 19 de septiembre en la toma de tierras. Entre sus conclusiones instan a pensar la situación como un caso testigo de violencia y discriminación estructural contra mujeres, lesbianas, maricas, trans y travestis.

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(EdIPo) La lectura indica la necesidad de sumar las categorías de género al análisis de los conflictos sociales. Desde el Equipo de Investigación Política (EdIPo)* se observó que el relevamiento oficial que se realizó para brindar una respuesta efectiva e integral al problema habitacional no consigna género ni edad de las personas censadas.

“Los instrumentos estatales que se utilizaron para registrar la población censada, contienen un sesgo de género que debe ser destacado”, señala el informe para el que se asumieron identidades de género a partir de los nombres aportados con la consecuente invisibilización de la especificidad de las experiencias, en particular de identidades travestis, transgénero, transexual y no binarias.

Aún con esa carencia la lectura feminista que se realizó de esos datos es significativa. De 2290 personas presentes en la toma 870 son mujeres, lesbianas, travestis o trans y se sabe que el 76% está desempleada y el resto vive del trabajo informal o changas. Esto es una muestra de cómo afecta la pobreza a las mujeres jóvenes. De acuerdo a los datos del INDEC, el desempleo subió al 10,6% en el segundo trimestre de 2019; y la franja más afectada es la de mujeres de 14 a 29 años, entre las que el nivel de desocupación llega al 23,4%. Según datos de Evolución de la distribución del ingreso (EPH) del INDEC correspondientes al segundo trimestre del 2020: en el sector más pobre 6 de cada 10 son mujeres y, en general, los varones tienen un ingreso promedio 23% mayor.

En la toma el 81% (706) de las mujeres declaró tener niñes a cargo y el 3,3% (29) se encuentra cursando un embarazo. Si se suman les niñes a cargo de varones (que son 985 en la toma), el total de menores (ya sea que estén presentes o no) asciende a un total de 2750, de los cuales 21 tienen discapacidad.

Intersección de violencias

Las múltiples situaciones de vulnerabilidad y violencia evidenciadas por el censo llevado a cabo por el ejecutivo provincial no se suman sino que se potencian. Respecto de la violencia de género 55 mujeres (el 6%) refirieron haber sido víctimas y entre ellas 42 se encuentran desocupadas. Sólo dos de los varones censados refirieron haber sido denunciados por violencia de género. Según el Registro de Violencia Familiar y Género de la SCJPBA entre el 2009 y el 2018 las denuncias por violencia familiar en el Juzgado de Paz de Presidente Perón aumentaron un 400%, de 281 a 1128, convirtiendo a este municipio en la localidad del departamento judicial de La Plata con mayor cantidad de denuncias de este tipo.

Además el informe realiza una lectura situada de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y registra que las mujeres, lesbianas, travestis y trans presentes en la toma se encuentran bajo otros 5 tipos de violencia descriptos por la ley: física, Económica y patrimonial, simbólica, política e institucional

La brecha de género también se evidencia en la desigualdad en el acceso a la tierra: de acuerdo a los últimos datos disponibles (2002) del total de personas con títulos de propiedad, sólo el 16,2% son mujeres. Como espejo de este escenario aparece un marcado sesgo de género en la criminalización de la toma de tierras. Un informe reciente del Patronato de Liberadxs bonaerense muestra que, mientras que en los varones supervisados por delitos contra la propiedad sólo el 2% es por usurpación, el porcentaje se eleva al 7% para las mujeres.

Estos elementos que figuran en el relevamiento se articulan para agravar la vulnerabilidad específica de las mujeres, lesbianas, travestis y trans presentes en la toma: la precariedad de su situación socio-económica, la maternidad, la posesión de identidades no hétero-normadas,  la condición migrante propia o de progenitores,  la informalidad o precariedad laboral, el activismo o la referencia barrial o  la condición de discapacidad vuelven cuesta arriba el ejercicio de la autonomía y del derecho a una vida libre de violencias.

El informe concluye que la conjunción de estos factores ante la inminencia del desalojo y la ausencia de respuestas integrales permiten caracterizar a la situación como riesgo grave para las mujeres y extraordinario para la población travesti trans y propone una serie de medidas de urgencia.

El informe completo puede leerse AQUÍ 

*EdIPo se define como una organización de Derechos Humanos “de nuevo tipo” se propone como un aporte específico al movimiento popular: producir una cartografía de los poderes contemporáneos, trabajar en el acceso y análisis de la información como recurso para las organizaciones sociales y políticas y poner en marcha una práctica sistemática, colectiva y a largo plazo de investigación política.