La propuesta fue presentada por la Gremial de Abogados, que patrocina a las familias de la toma, al juez de garantías Martín Rizzo; pidieron, además, una audiencia y suspender el desalojo previsto para los días 1, 2 y 5 de octubre. El proyecto de los delegados y delegadas de la toma en Guernica estipula la urbanización de 77 de las 100 hectáreas en litigio y contempla, de acuerdo a la Ley de acceso justo al hábitat, la cesión de una parte del terreno que reclama Bellaco SA y la intervención estatal para utilidad social de otra parte de las tierras que estaban abandonadas y que cuyos reclamantes, de acreditar fehacientemente título de propiedad, reciban una compensación económica. El gobierno provincial trabaja en la propuesta de relocalización de todas las familias.

FOTO de portada: Reinaldo Ortega para Resumen Latinoamericano.

ANDAR en Guernica

(Agencia) Luego del temporal del fin de semana que desnudó la enorme precariedad en que 2.500 familias habitan la toma de tierras en Guernica y ante el inminente vencimiento del plazo previsto para el desalojo, la Gremial de Abogados en representación de delegados y delegadas de la toma pidieron una audiencia y presentaron una propuesta propia de solución ante el titular del Juzgado de Garantías N 8 de La Plata, Martín Rizzo.

Las 100 hectáreas que abarcan la toma están divididas en cuatro zonas: 20 de julio, San Martín, La lucha y la Unión. De acuerdo al censo realizado el 18 y 19 de septiembre por el Ministerio de desarrollo comunitario de la provincia de Buenos Aires, se relevaron en el total del territorio 2.344 parcelas y 1.904 grupos familiares. Estos datos no son un registro completo, el mismo ministerio reconoce que la habitabilidad en las ocupaciones es dinámica —el total de personas no está presente todo el tiempo o en simultáneo— y las organizaciones territoriales que acompañan a las familias dijeron que, muchas familias, se habían negado a ser censadas.

A partir de la información que arrojó el censo, la propuesta de delegados y delegadas de la toma contempla dos tratamientos para lograr el loteo social de las tierras en conflicto: como estipula la Ley de acceso justo al hábitat, se podría concretar la cesión de una parte del terreno y la intervención estatal para utilidad social de otra parte de las tierras que estaban abandonadas.

En el escrito que presentaron ante el juez Rizo, la Gremial de Abogados señala que unas 41 hectáreas del predio, que corresponden a las zonas 20 de julio y San Martín, se tratan de “terrenos de comprobable estado de abandono hace décadas y extremadamente débil situación de tenencia dominial por parte de los reclamantes”.

De acuerdo a la ley 14.449 de acceso justo al hábitat, estas tierras —consideradas “baldíos” por la normativa citada— podrían ser objeto de intervención estatal para utilidad social. La propuesta también sostiene que, en caso de que los reclamantes acrediten fehacientemente el título de propiedad, se buscarán instancias de compensación económica, a través del pago de mensualidades.

El resto de la superficie donde se asienta el barrio, las zonas llamadas La unión y La lucha, son las tierras reclamadas por la empresa inmobiliaria El Bellaco S.A. para la construcción de un barrio cerrado en un predio de 361 hectáreas. La propuesta de los delegados y delegadas de la toma considera la cesión del 10% de la superficie; es decir, 36 hectáreas. Este pedido se fundamenta en la misma ley 14.449; en su artículo 51, en relación a “grandes emprendimiento inmobiliarios”, establece para este tipo de proyectos urbanísticos “como pago a cuenta el 10% de la superficie total de los predios afectados o sus equivalentes en dinero o suelo urbanizable”.

De esta manera, la propuesta de solución que fue presentada ante el juzgado de garantías 8 de La Plata y enviada al gobierno bonaerense contempla la urbanización de 77 hectáreas para atender el conflicto habitacional en la toma más grande de la provincia.

“Las ocupaciones de tierras y viviendas constituyen en la historia reciente la forma más común de acceso al suelo para los sectores populares. Una cuestión fundamental se encuentra en el inaccesible precio del suelo, el cual en algunas zonas del área metropolitana en los últimos 8 años se ha incrementado más de un 360%, fenómeno ligado a la falta de acceso al crédito, de acceso al mercado formal de alquileres, de incorrecto destino de la inversión pública, opacidad y elitismo de las normas urbanísticas, entre otras cuestiones”, analiza la propuesta de las familias de Guernica. Y advierte que, a pesar de haber transcurrido 7 años desde la promulgación de la ley de acceso justo al hábitat, los jueces siguen ignorando la normativa.

En la provincia de Buenos Aires hay más de 1.800 asentamientos populares; en los últimos meses, a la par que se agudizó la crisis económica por la pandemia, se multiplicaron las ocupaciones de tierra en distintas localidades bonaerenses.

“Estas tomas de tierra eran sólo una cuestión de tiempo, es el arrastre de los últimos cinco años de crisis y todo empeoró con la pandemia. No es un problema nuevo, esta es la cuarta oleada de toma de tierra desde el retorno de la democracia. Y era un tema conocido por todos, desde los movimientos sociales lo planteamos ni bien asumió el nuevo gobierno”, había señalado en diálogo con ANDAR Alejandro del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

El censo realizado por la Provincia aportó otro dato sobre la situación de vulnerabilidad de las familias que están ocupando este terreno desde el 20 de julio: 1.859 personas adultas de los 2.644 que respondieron al censo estaban desocupadas; es decir, el 70 % de los jefes y jefas de hogar.

“Respecto a las razones por las cuales ocuparon, respondieron 1.810 personas. 1.544 alegaron desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler, 183 argumentaron conflictos familiares, 51 violencia de género y 32 situación de calle”, se detallan en los resultados del censo que difundió el Ministerio de desarrollo comunitario.

Mientras tanto, contrarreloj, el gobierno de la Provincia busca como salida al conflicto la relocalización de las más de 2.500 familias en otros predios de la localidad de Presidente Perón y otros municipios del conurbano. 840 personas relevadas en el censo y que informaron sobre el lugar de origen dijeron ser de Presidente Perón; 258 provienen de diferentes del Gran Buenos Aires.

Por esa razón, la mesa interministerial -integrada por Desarrollo de la comunidad, Justicia y Derechos Humanos, Seguridad y de la Mujer- que busca diseñar un plan de contingencia del desalojo se reunió con intendentes y funcionarios/as de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría, además de Presidente Perón. Sin embargo, hasta el momento, no se dieron a conocer avances de esas negociaciones en el plan de relocalización.

Al mismo tiempo, y ante la inminencia de la fecha de desalojo, 22 organismos de derechos humanos y referentes como Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel se presentaron como amicus curiae ante el juez de garantías Martín Rizzo. El escrito señala el «expreso rechazo a la disposición de lanzamiento» y reclama que se analice el proyecto de urbanización propuesto por delegados y delegadas de la toma como medida de solución»