El empresario Darío Amín y los ex agentes de la Policía de Tucumán Luis Gómez y José Valdivieso fueron condenados en 2018 por el asesinato del cacique de la comunidad de Los Chuschagastas, ocurrido en 2009. El 7 de julio de pasado, vencido el plazo para que la Corte Suprema de Justicia provincial dejara firme la sentencia, el mismo Tribunal que los condenó dispuso la libertad condicional de los tres responsables. Desde hace ocho días, la comunidad indígena realiza una asamblea comunitaria permanente frente al palacio de justicia para denunciar la falta de celeridad de la Corte y exigirle que se pronuncie en la causa para evitar más dilaciones que sólo consagran la impunidad.

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(Agencia) El 12 de octubre de 2009, alegando la propiedad de las tierras, el empresario Darío Amín irrumpió violentamente en el territorio indígena que ocupaba pacíficamente la comunidad diaguita de Los Chuschagastas, ubicado en el partido de Trancas, Tucumán. Cuando los integrantes de la comunidad se acercaron a pedirle que se fuera, Amín junto a los ex policías Luis Gómez y José Valdivieso dispararon con armas de fuego: asesinaron al cacique Javier Chocobar, de 68 años, e hirieron a los comuneros Andrés Mamaní, Emilio Mamaní y Delfín Cata.

Nueve años después, y tras retrasos injustificados en la investigación, recursos dilatorios por parte de la defensa de los acusados y vacancias de jueces, la causa llegó a juicio. El 24 de octubre de 2018, la Sala IV de la Cámara Penal de Tucumán —integrada por los jueces Wendy Kássar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli— condenó a 22 años de prisión a Amín por homicidio agravado. Además sentenció a 18 años a Gómez y a 10 años a Valdivieso por considerarlos partícipes secundarios del delito de homicidio de Chocobar y la tentativa de homicidio de los tres comuneros.

El 7 de julio pasado, vencido el plazo para que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán deje firme la sentencia, el mismo Tribunal Penal —con distintos miembros— que los condenó dispuso la libertad condicional de los tres responsables con el pago de un millón de pesos de caución.

Tras conocerse ese fallo, la comunidad de Los Chuschagastas denunciaron la injustificada demora en el pronunciamiento de la Corte provincial que permitió llegar a esta instancia que menoscaba los derechos del pueblo indígena y revictimiza a las víctimas.

Desde el 20 de julio, la comunidad realiza una asamblea por tiempo indeterminado con acampe en la plaza Hipólito Yrigoyen frente al palacio de justicia para seguir que la Corte deje firme la condena a los responsables del asesinato de Chocobar. “Creemos que ya esperamos demasiado tiempo, más de una década. Ya es hora qué la justicia occidental resuelva y actúe debidamente”, sostuvieron en un comunicado.

“Al Estado argentino le recordamos que tiene una deuda histórica con nosotros los pueblos originarios, como estado de derecho debe restituir nuestros territorios ancestrales a través de la titularización comunitaria de los mismos», agregaron desde la Comunidad Chuschagasta.