Silvina Pantanali, trabajadora del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, intentó evitar la detención de un niño mientras no se hicieran presentes los operadores administrativos y judiciales que prevé la ley. Horas más tarde, y con el traslado del chico a la comisaría 9ª, Silvina terminó aprehendida por resistencia a la autoridad junto a otra persona que también intentaba hacer valer las garantías procesales que establece el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Para la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el episodio expresa la arbitrariedad y violencia institucional que, desde esa comisaría en particular y desde la Policía de Buenos Aires en general, se sigue desplegando contra jóvenes y contra las personas que intervienen en defensa de sus derechos.

ANDAR en La Plata

(Agencia) En la tarde del lunes, un joven de 22 años frenó a un patrullero que circulaba por la zona de 12 y 61 luego de haber sufrido el robo de su mochila con todas sus pertenencias por parte de cuatro personas, a las que caracterizó para su búsqueda. Los dos policías salieron en persecución y hallaron a uno de los jóvenes que presuntamente había participado del robo, mientras que otro patrullero terminaría aprehendiendo a dos más, que coincidían con los datos provistos.

De acuerdo al relato de los efectivos, mientras intentaban ingresar al patrullero al primer joven identificado “se nos apersona una mujer quien refería ser operadora de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad” y les dijo que la policía tenía la obligación de esperar a otros operadores antes del traslado a sede policial de los menores para asegurarse que no fueran maltratados.

El sumario policial describe a Silvina Pantanali y a otras dos mujeres intentando evitar el traslado del niño de 13 años a la comisaría, mientras la primera “utilizaba su teléfono personal para filmar el momento y exponiendo la integridad psíquica y física del menor como así también su derecho a la intimidad”.

Finalmente el detenido fue llevado a la 9ª de La Plata y hasta allí fue Silvina con otras mujeres. A la dependencia policial también fueron llevados los otros dos jóvenes aprehendidos por el otro móvil policial. Según el acta de procedimiento “el Comisario Jorge Martín Cáceres invitó a su despacho a las mujeres para entablar una conversación, solamente una de ellas accedió, la que decía ser operadora de niñez, refiriendo a viva voz que iba a dejar la puerta abierta por temor a que le pasara algo”.

A esa altura de los acontecimientos, decenas de personas se fueron congregando afuera de la comisaría y parte del equipo de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM intervenía ante la fiscalía actuante, la UFI 6 a cargo de Marcelo Romero, para que se ordene la inmediata intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y se resguardaran los derechos de los niños y adolescentes que habían sido alojados en la dependencia policial.

Desde la unidad fiscal respondieron que, de acuerdo a una resolución de la Procuración bonaerense sobre detenciones policiales, la liberación sólo podría darse luego de la declaración indagatoria que, por el horario en que ocurrieron los hechos, recién se daría en la mañana del día siguiente. Sobre este punto, la CPM ya había solicitado la derogación de la Resolución 567/13 que, si bien determina la inmediata remisión del aprehendido a la fiscalía, dispone una serie de actuaciones que demoran este traslado y extienden por varias horas el alojamiento de las personas en las comisarias.

Mientras tanto, y en virtud de abstractos y arbitrarios motivos, Silvina Pantanali y otro hombre de 26 años, que había ingresado a la comisaría para exigir la liberación de los jóvenes, fueron detenidos por “entorpecimiento de la labor policial y resistencia a la autoridad”. Por estas detenciones intervino el Juzgado de Garantías 5 de La Plata, a cargo de Marcela Garmendia, y la Defensoría oficial 8 de Cecilia Sicard.

En los informes anuales, la CPM viene alertando sucesivamente sobre la necesidad de observar con mayor atención la utilización de una figura penal “la resistencia a la autoridad”, que habilita a la policía un amplio margen de discrecionalidad para la imputación maliciosa de delitos y el consecuente armado de causas.

Al conocerse la noticia, casi un centenar de personas terminaron reclamando afuera de la comisaría 9ª de La Plata, y en las primeras horas del martes el fiscal Romero terminó revirtiendo su posición: Silvina Pantanali y Agustín Pérez Ruiz fueron liberados sin necesidad de prestar declaración ni esperar hasta la mañana siguiente. Respecto a los jóvenes detenidos se produjo la intervención de las autoridades judiciales correspondientes.

Para la CPM, el episodio constituye una grave muestra de la continuidad de las prácticas policiales arbitrarias que desconocen y actúan al margen de la legislación para niñas, niños y jóvenes en la provincia de Buenos Aires, al mismo tiempo que se niega a la ciudadanía -en este caso, a una operadora de Niñez- la posibilidad de reclamar y velar por los derechos de las personas detenidas, utilizando el armado de causas por resistencia a la autoridad sin elementos que lo justifiquen ni testigos que lo legitimen.

En este sentido, un relevamiento elaborado por la CPM sobre el hostigamiento policial de niños y niñas en la ciudad de La Plata determinó en base a los libros de ingreso a la comisaría 9ª de La Plata, tomada como caso testigo, que desde el 2 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018 se registraron 477 detenciones de jóvenes menores de 18 años.

«La comisaría analizada tiene una captación promedio de 13 jóvenes por mes, esto equivale a decir que día por medio ingresa un niño o niña a la dependencia policial (…) un 35 % de todas las detenciones realizadas por esta comisaria, lo cual corresponde a una persona menor de 18 años por cada 2 personas adultas», detalla el informe.

El relevamiento agrega que tomando como referencia el mismo período analizado: «50 personas menores de 18 años son capturadas de forma reiterada por los agentes policiales en diferentes momentos. Estas detenciones reiteradas suman 188 procedimientos policiales diferentes, de los cuales veintiuno (21) recaen sobre niñas y los restantes sobre niños. De esto se puede afirmar que las detenciones reiteradas de estas 50 personas corresponden al 40% de las detenciones de niños y niñas».

En sus últimos informes anuales, la CPM viene alertando sobre el progresivo deterioro de las políticas orientadas a la promoción y protección integral de niños, niñas y adolescentes respecto al preciso y categórico marco normativo vigente en la materia; también denunció sistemáticamente prácticas policiales, decisiones administrativas y hasta iniciativas legislativas que conculcan derechos, configuran escenarios regresivos respecto a los estándares vigentes y establecen orientaciones punitivistas y represivas como toda solución a los complejos conflictos que atraviesan la cuestión de la niñez y la adolescencia en nuestra provincia.

En la provincia de Buenos Aires, la situación de la niñez y la adolescencia está en emergencia. La situación de emergencia es el resultado de las carencias estructurales de un sistema que, pese a normas protectoras, no ha logrado articular las intervenciones estatales reconociendo a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho que demandan la atención prioritaria del Estado. Por el contrario, a las condiciones estructurales socio-económicas que acrecientan las desigualdades y la pobreza y la violencia en desmedro de las poblaciones más vulnerables, se suma una sobreactuada política manodurista en materia criminal que constituye a NNyA en sujetos de castigo y persecución penal. Más pobreza y más punitivismo son entonces las bases estructurales que configuran la emergencia en materia de niñez en la provincia de Buenos Aires.