El Juzgado de Garantías 2 de La Plata otorgó el arresto domiciliario con permiso para salidas laborales a los cuatro ex choferes de la línea Este, detenidos desde hace casi 30 días. La defensa de los trabajadores venía denunciando la arbitrariedad de las detenciones, y adelantó en la audiencia preliminar el pedido de libertad y el sobreseimiento definitivo. La fiscal Virginia Bravo insistió con el pedido de prisión preventiva pero bajo una medida alternativa al arresto en lugar de encierro. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) participó de la audiencia.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) Sebastián Mac Dougall, Emanuel Lazzaro, Pablo Varriano y Luciano Fiocchi fueron los primeros en hablar durante la audiencia oral que se realizó en los tribunales de La Plata. Los cuatro ex choferes de la línea Este remarcaron los problemas que les generaba el encierro no sólo a ellos sino a la dinámica familiar. Los cuatro son padres de familia y sostén del hogar. «Estas declaraciones fueron importantes porque le permitió al juez constatar el arraigo a la vida familiar de los chicos y también la importancia del desarrollo laboral de ellos para el sostenimiento económica de las familias», destacó el abogado Rolando Sberna, que representa a tres de los cuatro imputados.

Hace 25 días, la fiscal Virginia Bravo ordenó la detención de Sebastián, Emanuel, Pablo y Luciano en el marco de una causa que se inició en 2017 y que, hasta el momento de la detención, no sabían ni siquiera de su existencia. Más grave aún, la fiscal los imputó por un delito más grave que el denunciado. El 16 de marzo de 2017, los choferes de la línea Este nucleados en la agrupación El Bondi cortaron avenida 7 para reclamar la reincorporación de 25 trabajadores despedidos; otros choferes los denunciaron por daños, la fiscal los terminó acusando por coacción agravada.

Este lunes, pocos antes de cumplirse el plazo máximo de 30 días que tenía para solicitar o no la prisión preventiva, la fiscalía insistió con el pedido aunque bajo una modalidad alternativa; es decir, que continúen procesados, restringidos en su libertad pero sin cumplimiento del arresto en un lugar de encierro de la provincia de Buenos Aires.

Luego de la breve exposición de la fiscal, la defensa de los ex choferes adhirió al pedido de medida alternativa y, además, entendiendo la dinámica familiar de los imputados, solicitó el permiso de salidas laborales. Al mismo tiempo, el abogado Rolando Sberna sostuvo que iban a insistir en el proceso judicial con la recusación de la prisión preventiva y el sobreseimiento definitivo.

«Este es un primer paso, era importante acordar que los chicos no tenían que seguir detenidos lejos de la familia. Ahora seguiremos pidiendo el sobreseimiento por falta de autoría; seguimos pensando que no existen elementos ni indicios para sostener la responsabilidad en los delitos que se les imputan y, por lo tanto, no hay razón para sostener la prisión preventiva», explicó Sberna.

Tras escuchar a todas las partes, el juez de Garantías 2 de La Plata, Jorge Moya Panisello, decidió otorgarle a los cuatro ex choferes el arresto domiciliario con salidas laborales. También ordenó que el control de esta medida esté a cargo del Patronato de Liberados, que deberá visitar el domicilio de los acusados para constatar su presencia en los horarios que no sean consignados para sus salidas laborales.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) participó como veedora de la audiencia preliminar, fue el único organismo que pudo ingresar en la sala y pidió, además, ser veedora de todo el proceso judicial. La CPM viene interviniendo en el caso desde los inicios del conflicto gremial en 2016, cuando los trabajadores denunciaron precarización laboral, sanciones económicas arbitrarias y despidos. Al conocer las detenciones, el organismo advirtió que no había razones para sostener la medida de coerción. Durante sus días en el encierro, la CPM también se entrevistó con los trabajadores constatando las graves condiciones de detención y la forma en que esta medida los afectaba física y psicológicamente y cómo repercutía también en las familias.

Antes de la audiencia, una multitud encabezada por familiares de los detenidos y compañeros de trabajo, y con la presencia de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas, se movilizó desde plaza San Martín hasta los tribunales.