Los centros de ex combatintes de Berisso y La Plata (CEVECIM Y CECIM) denunciaron el otorgamiento de pensiones apócrifas a personal militar que participó en Malvinas, muchos de ellos procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos. Las instituciones señalaron que esta irregularidad pone en riesgo el financiamiento del sistema previsional del IPS. También señalaron la necesidad de avanzar con la causa por torturas contra soldados en las islas, que está radicada en el Juzgado Federal de Río Grande; la causa se inició en 2007 y recién el año pasado llamaron a indagatoria a 17 militares.

ANDAR en Malvinas

(CECIM/CEVECIM) Las instituciones que nuclean a ex soldados conscriptos de la region Berisso, Ensenada y La Plata solicitaron a la legislatura provincial que en forma urgente envíe al Poder Ejecutivo provincial un pedido de informes para que se determine cual es el número de beneficios que otorga la Ley 12006 y sus modificatorias.

Este beneficio originalmente había sido otorgado para los ex soldados conscriptos y civiles que participaron en la guerra de Malvinas en efectivas acciones de combate,  y a partir de la modificación que incluyó al personal de cuadros de las FF.AA, el número de beneficiaros alcanza una cifra “astronómica” que llega a las 7000 pensiones otorgadas por el Instituto de Previsión Social  provincial, IPS.

La información que manejamos desde nuestras organizaciones es que “no hay justificación alguna”que en el año 1982 hubiese esa cantidad de militares viviendo en la Provincia de Buenos Aires, que tendrían que demostrar para acceder al beneficio, su domicilio con anterioridad al 2 de Abril de 1982 en la Provincia.

La información de las 7000 pensiones honorificas para militares no cierra por ningún lado, es injustificable ese número y desde los organismos adelantamos que puede haber maniobras que ponen en riesgo al erario público y el financiamiento del sistema previsional provincial.

Los ex soldados conscriptos tienen una ley 14486 que los reconoce como ciudadanos ilustres de la Provincia de Buenos Aires con una pensión distinguida, el número de beneficios otorgados supera algo más de 3500 pensiones, cifra que está acorde con la población histórica de colimbas que vivían en nuestra provincia.

Como modo comparativo ponemos en conocimiento el siguiente cuadro que discrimina la cantidad de soldados conscriptos y el personal de cuadros pertenecientes a las distintas FF.AA, con un total del padrón nacional de 22.000 efectivos.

Represores procesados y condenados por delitos de lesa humanidad son beneficiarios de la pensión honorifica

Los militares que participaron en la guerra de Malvinas formaron parte del aparato represivo que asoló en nuestro país durante la última dictadura militar, muchos de ellos fueron condenados o están procesados por violaciones a los DD.HH.

La condición para tener el beneficio es que no se encuentren procesados o hayan sido condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, o sancionados por actos de incumplimiento de sus deberes durante la guerra de Malvinas, circunstancia que de ocurrir con posterioridad a la sanción de la presente, hará caducar el beneficio.

Hemos detectado que el I.P.S no realiza ningún procedimiento de control sobre el otorgamiento y continuidad del beneficio otorgado y en la actualidad hay beneficios vigentes de militares condenados y procesados.

Uno de los casos detectados es el del Capitán de Corbeta Daniel Eduardo Robelo,condenado por delitos de lesa humanidad, privación ilegítima de la libertad agravada,imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, homicidio calificado y asociación ilícita en perjuicio de 123 personas, en el marco del juicio «Base Naval 3 y 4» de Mar del Plata.

Otro es el caso del Mayor FF.AA Higinio Rafael Robles:Condenado a prisión perpetua como coautor material del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, e inhabilitación absoluta y perpetua por el asesinato del abogado y político radical de Villa Mercedes Provincia de San Luis, Dante Bodo. Actualmente detenido en el Servicio Penitenciario Provincial de San Luis.

También el Sargento Primero Camicha Juan Carlos: Sub oficial del ejército condenado a 25 AÑOS DE PRISIÓN, más INHABILITACIÓN ABSOLUTA Y PERPETUA PARA DESEMPEÑARSE COMO EMPLEADO O FUNCIONARIO PUBLICO, CON ACCESORIAS LEGALES, y COSTAS; como COAUTOR penalmente responsable de los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA (art. 210 del C.P.) DE PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA, reiterado en setenta y cuatro (74) hechos; TORMENTOS AGRAVADOS, reiterado en cuarenta y tres (43); y TORMENTOS AGRAVADOS SEGUIDOS DE MUERTE en calidad de COAUTOR,  reiterado en cuatro (4) casos; todos en concurso real (art. 55 C.P), y configurados como DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN EL MARCO DE UN PLAN GENOCIDA.

Los torturadores de soldados de Malvinas que tienen asignaturas pendientes en la justicia también son beneficiarios del I.P.S

En el año 2007 se radico la primer denuncia con los primeros 25 casos de soldados que participaron en Malvinas por torturas en el Juzgado Federal de Río Grande en TDF que  dio origen a la causa 1777/07 caratulada  “Pedro Valentín Pierre y Otro S/ Delitos de Acción Pública”. Hoy ya son más de 120 hechos hasta el momento denunciados y después de 37 años fueron llamados a indagatoria los primeros 18 militares acusados de tortura.

En todas las unidades militares que participaron en Malvinas, ya sea de Ejército, Fuerza Aérea o Marina hay hechos denunciados. Todas acciones cometidas contra los soldados conscriptos por los miembros de las FF.AA, Oficiales y Sub oficiales. Todos vimos lo que ocurrió en Malvinas, ellos también y no admitimos que se sigan escudando en la frase, «a mí no me consta». En la estructura de las FF.AA hay responsabilidades en toda la cadena de mando.

Debemos esperar a que comiencen a ser procesados para solicitar la nulidad del beneficio,37 años de injusticia e impunidad ya que muchos de los que hoy son beneficiarios y están denunciados por torturar en Malvinas, se encuentran con sus víctimas en la misma fila del banco para cobrar la pensión.