ANDAR en La Plata

Por Unión por los Derechos Humanos La Plata

Si el Instituto de Derecho Político (IDP) del Colegio de Abogados del Departamento Judicial La Plata (CALP) declara en su manifiesto defender:

“La dignidad de la POLÍTICA como una noble actividad humana, en tanto, por su intermedio se propende a la concreción del BIEN COMÚN.

La natural politicidad del DERECHO, en tanto sirve a la JUSTICIA como virtud ordenadora de la sociedad.

La concepción del PODER como un medio para la realización del ser humano y no como un fin en sí mismo.

La lucha por el ESTADO DE DERECHO concebido como la subordinación del poder al derecho del constitucionalismo.

La DEMOCRACIA como forma de vida que garantiza la posibilidad del acuerdo para estar en desacuerdo.

La REPÚBLICA como forma mixta de gobierno que permite un adecuado equilibrio y control del poder.

La importancia del DERECHO POLÍTICO, tanto como rama del derecho como disciplina académica y cualquiera sea la denominación que se use para designar su contenido, dado que por su intermedio los abogados adquirimos cabal dimensión del fenómeno jurídico y la necesaria formación política para nuestra formación jurídica. Ello así porque el operador del derecho necesita conocer el núcleo de politicidad que informa la norma, y porque son los principios generales del derecho las conclusiones de una filosofía política.

Y, para arribar a tan nobles objetivos genera espacios de difusión y formación»

Entonces: ¿Por qué el Instituto convoca a participar a Vicente Massot en calidad de disertante? Es de público conocimiento que este personaje es reconocido, y se reconoce, como defensor de los procesos antidemocráticos en sus más variadas manifestaciones.

También es de público conocimiento que ha sido denunciado por sobrevivientes, familiares y organismos por su participación en el genocidio perpetrado por la última dictadura cívico militar; por lo que hoy esta siendo investigado por la justicia por la participación en el plan criminal en general; por haberse constituido en vocero del mismo a través del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, y en particular por su vinculación con el secuestro, tortura y fusilamiento de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Loyola, el 30 de junio de 1976.

En consecuencia nos preguntamos: ¿Acaso las autoridades del Instituto desconocían que, el 2 de mayo de 2013, la Unidad fiscal de Bahía Blanca solicitó su detención, junto con la del ex secretario de redacción Mario Gabrielli?.

Esta detención no se llegó a efectivizar por los artilugios que un sector del poder judicial pone al servicio de la protección y defensa de quienes llevaron adelante el terrorismo de Estado. Artilugios que se ven, por lo menos, favorecidos por situaciones como éstas.

Expresando nuestra enorme preocupación ante el hecho al que se hace referencia, esperamos una respuesta aclaratoria del Instituto de Derecho Político (IDP) del Colegio de Abogados del Departamento Judicial La Plata (CALP), ante los organismos de derechos humanos y la sociedad en su conjunto.