Entre agosto de 2015 y marzo de 2016, cinco mujeres detenidas en la subcomisaría de Domselaar fueron víctimas de torturas sistemáticas, abuso sexual y robo, y permanentemente amenazadas para no denunciar estas violaciones a los derechos humanos. En ese mismo tiempo, también torturaron a un hombre que había sido detenido y trasladado a esa dependencia, aunque aloja sólo a mujeres. Con las pruebas que surgen de la investigación, la Fiscalía 7 de La Plata pidió elevar a juicio la causa. Hay siete policías imputados, todos en libertad. La Comisión Provincial por la Memoria patrocina a las víctimas y fue la que denunció estos hechos durante una inspección al lugar.

ANDAR en San Vicente

(Agencia Andar) “Bájennos a Fiscalía. Recién nos dijeron que no habláramos de nada. Por favor no podemos hablar”, decía el papel que una de detenidas en la subcomisaría de Domselaar le entregó a un integrante del Comité contra la tortura de la CPM durante la inspección realizada a esa dependencia policial el 3 de marzo de 2016. Ese día, cinco mujeres de entre 20 y 30 años estaban alojadas todas juntas en una celda de 3 x 4 con sólo dos camas de cemento y un baño que se tapaba de manera recurrente. No tenían acceso a cuidados médico ni recibían alimentos, y permanecían encerradas las 24 horas en aislamiento extremo.

Esas inhumanas condiciones de detención constituyen en sí mismas hechos de torturas. Pero el relato de las mujeres, una vez que pueden sortear las amenazas de los policías, descubrió una situación aún más grave: por lo menos, durante los últimos siete meses, las detenidas habían sido víctimas de agresiones físicas, psicológicas y verbales, y el hostigamiento permanente por su condición de mujer. En ese mismo tiempo, también habían sido testigo de cómo torturaron y abusaron sexualmente de otro hombre. F. ingresó a la dependencia policial el 23 de diciembre de 2015, uno de los efectivos la sometió a acoso sexual permanente y tocamientos: incluso le sacó fotos a las cuales, mediante una aplicación del celular, le colocaba un traje de conejita o de diabla que exhibía a sus colegas.  A V., otra de las detenidas, la obligaban a limpiar el inodoro con una tapita de gaseosa, mientras la pedían que grite “soy una mala madre”.

La noche del 31 de diciembre, había cuatro mujeres detenidas. Los policías que estaban de guardia, alcoholizados y drogados, ingresaron a la celda a insultarlas y denigrarlas acosándolas sexualmente. “A esta le vamos a romper el orto, hoy cogemos», escuchaban las detenidas. “A las doce de la noche,  los policías nos empezaron a tirar petardos adentro de la celda. Después se subieron al techo y decían a ‘esta le voy a tirar un guascazo en la cabeza’», declaró otra de las víctimas.

La subcomisaría de Domselaar sólo aloja mujeres, sin embargo en más de una oportunidad llevaron detenidos a hombres. El 15 de octubre de 2015 tres efectivos aprehenden a M. y lo trasladan a la dependencia donde estuvo alojado durante cuatro días. M. fue golpeado salvajemente para que dijera quién andaba robando. También lo amenazaron reiteradamente para que no denuncie los golpes y hostigamiento. La violencia contra él se vio agravado por su condición de salud porque al momento de ser detenido presentaba ano contra natura.

El 18 de enero de 2016 ingresó detenido un hombre. Golpeado brutalmente y picaneado, fue arrojado desnudo en el pasillo e hicieron que las detenidas —bajo amenaza— le arrojaron agua caliente. Luego lo vistieron con ropa de mujer y le colocaron cigarrillos encendidos en el ano. R. ingresó en la comisaría a las 23:55 y recién fue llevado a reconocimiento médico nueve horas después; antes lo obligaron a firmar un acta sin mirar, bajo una advertencia: «Si vos llegas a decir algo, nosotros nos vamos a enterar, y cuando volvamos, porque vos no te vas a volver sólo, nosotros te vamos a buscar”.

Según la investigación judicial, entre agosto de 2015 y el 3 de marzo de 2016, siete policías —entre ellos, dos agentes mujeres— de la subcomisaría de Domselaar sometieron a las mujeres detenidas a maltratos y vejámenes, tocamientos y acoso sexual, además de robarles las pertenencias y coaccionarlas para que no denuncien estos hechos.

Las torturas sistemáticas que sufrieron las mujeres durante esos siete meses está profundamente documentada en la instrucción penal preparatoria, no sólo con el testimonio de las víctimas sino también con los exámenes médicos e informes psicológicos que dan cuenta de los padecimientos traumáticos sufridos. Esta información se constató, a su vez, con las ruedas de conocimientos positivos y el secuestro de los libros de guardia.

En oposición, durante todo este tiempo, el defensor de los policías imputados sólo buscó entorpecer la investigación: pidió apartar al Juez de Garantías y la nulidad del proceso judicial para lo cual se valió de la presentación de una grabación clandestina a la madre de una de las víctimas. Por su parte, los imputados fueron reticentes a testimoniar y sus declaraciones resultaron poco consistentes, incluso discordantes.

Casi tres años después de denunciar estos hechos, la titular de la UFI N 7 de La Plata, Virginia Bravo, entendió que existen pruebas suficientes para continuar con el proceso judicial y requirió ante el Juzgado de Garantías la elevación a juicio de la causa.

Los agentes Cecilia Ballerini, Juan Fernández, Rodolfo Morales, Emilce Ponce, Carlos Remuzzi, Jorge Rodríguez y Lucas Vizgarra están imputados por distintos delitos, que incluyen sometimiento a severidades y vejaciones en concurso ideal con torturas, apremios ilegales, abuso sexual agravado, hurto agravado.

Desde el programa de Litigio Estratégico de la CPM, que patrocina a las víctimas, destacaron que la investigación permitió visibilizar la forma en la cual se ejerce la violencia en los lugares de encierro sobre el cuerpo de las mujeres.

A la espera de la resolución del Juzgado de Garantías y los planteos de la defensa, los siete policías imputados siguen en libertad. Seis de ellos estuvieron con prisión preventiva sólo durante los primeros meses de la investigación. Todos sí, fueron exonerados de la fuerza.