La CPM expresó su rechazo y preocupación por la denuncia realizada por los miembros de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de Mar del Plata ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Los magistrados cuestionan el accionar de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y las organizaciones sociales, sindicales, políticas, de mujeres y feministas que convocaron al paro nacional de mujeres el 5 de diciembre después de la sentencia dictada por el TOC 1 de Mar del Plata en el juicio por la muerte de Lucía Pérez. Las organizaciones objetaron que no hubiera ninguna imputación por esa muerte y denunciaron el sesgo sexista, discriminatorio y sin perspectiva de género del Poder Judicial, que coloca al Estado como productor de violencia machista y responsable de la impunidad frente a la sociedad.

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia) Antes de finalizar el año la Asociación Judicial Bonaerense presentó públicamente una denuncia rechazando la presentación efectuada por los jueces integrantes de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que exige un pronunciamiento institucional sobre el cuestionamiento público que organizaciones sindicales, sociales, políticas, organismos de derechos humanos y colectivos feministas han realizado ante el fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal N°1, por el que resultaron absueltos los asesinos Lucía Pérez.

“Los camaristas sostienen que el cuestionamiento popular constituye un ataque a la independencia e imparcialidad de la judicatura, soslayando que las sentencias judiciales son actos de gobierno, y por lo tanto la crítica pública de la ciudadanía sobre aquéllas configura una manifestación propia del régimen republicano vigente bajo un Estado democrático de derecho, que en nada afecta la necesaria imparcialidad e independencia que el Poder Judicial debe tener frente a los otros poderes del Estado”, indicaron los judiciales y resaltaron que “el posicionamiento de los integrantes de la Cámara Penal de Mar del Plata expresa una reacción corporativa, en su doble carácter de magistrados y varones, configurando una demostración cabal de la actualidad de un Poder Judicial que mayoritariamente ignora el amplio y contundente consenso social existente en torno a la imperiosa necesidad de avanzar hacia procesos judiciales y fallos con perspectiva de género”.

Para la Comisión por la Memoria esta solicitud no sólo vulnera el derecho a la libre expresión sino que, con el argumento de la indebida intromisión en la independencia e imparcialidad del juzgador, pone en evidencia un intento de disciplinamiento hacia quienes denuncian las prácticas sexistas y la violencia de género. «El Poder Judicial actúo de manera negligente desde el inicio del caso. La primera responsable estatal en dar respuesta a la demanda de justicia, la fiscal María Isabel Sánchez, fue la encargada de revictimizar a la joven a través de declaraciones públicas que produjeron gran impacto social y un daño irreparable a la familia. Posteriormente, tuvo un deficiente desempeño en la  investigación que no fue tenido en cuenta previamente por el Tribunal Oral en lo Criminal de la ciudad de Mar del Plata, integrado por los jueces Pablo Javier Viñas, Juan Facundo Gómez Urso y Aldo Daniel Carnevale. Asimismo, los magistrados llevaron adelante el juicio oral y resolvieron absolver por unanimidad a los tres imputados por el abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez ocurrido el 8 de octubre de 2016. Sólo dos de los imputados fueron condenados por el Tribunal por delitos vinculados a la Ley 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes», expresaron.

“La sentencia sostiene un estereotipo de joven que no encuadra en los parámetros de víctima sexual que el sistema patriarcal pretende: para ser víctima de un delito contra la integridad sexual es necesario que las mujeres sean pobres, débiles, sumisas, asexuadas. En éste y muchos otros casos la mirada judicial apaña y justifica al varón; la complicidad del Poder Judicial patriarcal y las prácticas machistas puede verse al referenciar estereotipos de rasgos positivos para los varones imputados que los alejan de condenas con perspectivas de género,  transformando el juicio en un juicio sobre la biografía de Lucía, la víctima, en lugar de concentrarse en el análisis de la conducta de los acusados”, afirmaron desde la CPM y concluyeron: “exhibe una indiferencia total a las exigencias que el derecho internacional de los derechos humanos plantea desde hace décadas en relación con la incorporación de perspectiva de género en el juzgamiento de delitos sexuales. En este sentido,  “la solicitud de los jueces enviada a la Corte es una práctica más que defiende a la corporación judicial y consolida sus rasgos patriarcales, sexistas, clasistas y racistas que debería revisar, dada la magnitud del cuestionamiento social, y no repelerlo intentando disciplinar las voces disidentes”.

La demanda social y política hacia el Estado está hecha: es urgente la incorporación de formación con perspectiva de género de manera integral y transversal en las y los agentes judiciales cuyo ejercicio del poder impacta directamente en la vida social de las mujeres, de las lesbianas, de las travestis y personas trans, condenándolas a una justicia ficticia.