El 28 de septiembre se cumplen 28 años del secuestro, tortura, asesinato y desaparición de Andrés Nuñez. Como cada año, esta fecha no sólo está marcada por el recuerdo de Andrés sino que también se ha constituido en un espacio de lucha contra la violencia institucional y un reclamo por la justicia que todavía falta: uno de los máximos responsables de su muerte, el policía Pablo Gerez, permanece prófugo y otros cuatro policías imputados por el encubrimiento del asesinato esperan juicio. Amigos y familiares de Andrés organizan una jornada cultural el jueves 27 a las 18 horas en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense, calle 50 #712, La Plata.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) Hace 28 años la policía bonaerense secuestró, torturó, asesinó y desapareció a Andrés Núñez. En la madrugada del 28 de septiembre de 1990, personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata lo secuestró en su casa de 119 y 78, acusado de de un robo que no había cometido y trasladado a la dependencia policial de calle 61 entre 12 y 13. Testigos del caso aseguraron que lo torturaron salvajemente en el edificio de la Brigada. Uno de los policías confesó que Andrés había sido asesinado a golpes. Luego llevaron su cadáver a la estancia El Roble, en General Belgrano, donde lo incineraron dentro de un tanque. Cinco años después de su desaparición, el testimonio de otro de los implicados agregó las pistas para hallar sus restos.

A 28 años de su asesinato, familiares y amigos de Andrés realizan una jornada cultural en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense con la presencia de familiares víctimas de violencia institucional y referentes de organizaciones políticas y sociales que, durante este tiempo, han acompañado el reclamo de verdad y justicia. Como parte de la conmemoración se proyectará la película Antón Pirulero (Patricio Escobar, 2018) que narra algunas de las historias de los casos de desaparición forzada en democracia, entre ellos el de Andrés.

Como sucede año a año, el acto de memoria se ha convertido en un espacio de lucha contra la violencia institucional y la impunidad. El caso de Andrés fue el símbolo de la continuidad de las prácticas represivas de las fuerzas de seguridad tras el retorno de la democracia. Antes y después de Andrés, hubieron otros: desde 1.983, más de 5 mil personas, la mayoría de ellos jóvenes y pobres, fueron víctimas de gatillo fácil y torturas, y más de 200 casos de desapariciones.

Esta jornada es también un acto para reafirmar el compromiso de justicia por Andrés: 28 años después, hay culpables que no han sido condenados y otros que murieron impunes.

Recién en 2010, y gracias a la incansable lucha de Mirna, familiares y amigos, los ex policías Víctor Dos Santos y Alfredo González fueron condenados a perpetua por el asesinato; en 2016 la Cámara de Apelaciones de La Plata también condenó a reclusión perpetua a Luis Raúl Ponce, ex comisario de la Brigada de Investigaciones de La Plata que, antes de ser capturado en agosto de 2012, estuvo prófugo por más de 20 años.

Mientras tanto, otro responsable sigue prófugo: en septiembre de 1990 Pablo Gerez era oficial inspector de la Brigada de La Plata y comandó el grupo operativo que secuestró, torturó y desapareció a Andrés. Aún prófugo, su abogada se presentó en 2009 ante la justicia reclamando la prescripción de la causa.

Durante estos muchos años, hubo dilaciones y retrasos en la justicia. La actuación del ex juez Amílcar Vara es el mejor ejemplo: en 1998 fue destituido en juicio político por encubrimiento en la causa de Andrés y muchas otras, entre ellas la desaparición de Miguel Bru. Vara murió impune en 2014.

Pese a todos estos intentos de en cubrir los crímenes y cerrar la causa, en mayo de 2013 la Corte bonaerense declaró el caso de Andrés como una “grave vulneración a los derechos humanos” y resolvió que no está prescripta la acción sobre otros cuatro policías responsables del encubrimiento del caso: Pedro Costilla, Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga. Todavía la familia pide que pongan fecha de juicio para juzgarlos.

El caso de Andrés Núñez también tiene su historia en los legajos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Como ocurrió con otros tantos casos de muertes o desapariciones de personas en los que estuvo implicado personal de las fuerzas de seguridad en los 90, la DIPPBA espió y guardó registro. En el archivo se encuentran dos fichas sobre Andrés, una con fecha del 10 de marzo de 1992 que indica «desaparecido». Y otra que dice homicidio, con fecha del 7 de enero de 1993, con la cual la DIPPBA anticipaba el final de la historia, ya que los restos de Andrés aún no habían sido encontrados.

Desde hace muchos años, la Comisión Provincial por la Memoria viene acompañando a Mirna en su lucha de justicia. Hoy Mirna es una de las integrantes de la red de familiares víctimas de violencia institucional que siguen organizándose, marchando y luchando para llegar a una justicia justa y construir una democracia donde las fuerzas de seguridad dejen de actuar con la criminalidad e impunidad que actuaban en la dictadura.