ANDAR en la Provincia

(Agencia) Carola Cóncaro es la directora ejecutiva del Instituto Latinoamercano de Seguridad y Democracia (ILSED) que forma parte de la Red Argentina para el Desarme (RAD) de la que es miembro fundante, y desde este lugar viene trabajando en planes de prevención e intervención sobre la violencia armada.

Entre las principales líneas de trabajo que se fueron desarrollando desde el espacio, Cóncaro destaca la participación en la redacción de la Ley de desarme 26216 y previo a eso el esfuerzo en la sensibilización de la agenda política respecto de este tema “explicar qué tenía de novedoso ya que el tema de desarme previo a esto no estaba en la agenda, entonces no se entendía muy bien cuál era el objetivo final, cuál era el alcance de medidas de este tipo; hubo que trabajar fuertemente con la sensibilización de los principales actores políticos de la época”, relata Cóncaro.

La RAD comenzó a trabajar como tal a partir de la tragedia de Carmen de Patagones, cuando un chico de 15 años mató a tres compañeros de la escuela e hirió a otros cinco. “Encontramos que había varias organizaciones que estábamos trabajando sin conocernos en diferentes ámbitos por temas relacionados de manera amplia a la violencia. Con esa tragedia y algunas experiencias que habíamos tenido en conjunto reunimos esfuerzos y decidimos darnos cierta organicidad en el marco de la red para trabajar con una amplitud mayor a nivel federal y por supuesto para integrar diferentes conocimientos y perspectivas a una plataforma de mayor incidencia”, explica Cóncaro.

Así la red se abocó a un trabajo de investigación, asesoramiento, de instalación a nivel público del tema, pensando también en capacitación y sensibilización de periodistas para instalar en los medios masivos la temática en gran parte con el objetivo de “empezar a despegar un poco la prevención de la violencia armada de la prevención directa del delito. Porque es importante entender la violencia, y sobre todo la armada, como un factor letalizante de conflictos no resueltos”, explica la responsable del ILSED.

Apuntaron en principio a la administración del problema por parte del estado, ¿con qué instrumentos define cuál es el problema?, ¿con qué información se cuenta?, ¿cómo se fiscaliza el mercado legal de armas de fuego y cómo se persigue el mercado ilegal? ¿cómo se profundiza en las medidas de prevención de la violencia armada?, fueron y son preguntas disparadoras.

¿Cuáles son las políticas públicas e instrumentos que el estado ha desarrollado hasta el momento? ¿Son acordes al diagnóstico del problema?

“La verdad es que está bastante alejada la planificación de los instrumentos existentes”, afirma Cóncaro. El RENAR es la autoridad de aplicación, la ley que lo regula “es bastante antigua aunque todavía tenga cierta utilidad”, y los organismos que trabajan el tema la han criticado fuertemente en su búsqueda de mejorar sus contenidos.

[pullquote]a nivel estatal tenemos una deficiencia bastante fuerte: un Registro Nacional de Armas con un presupuesto inexistente[/pullquote]

Esto es porque la ley nacional de armas regula el material bélico civil a controlar en términos de su comercialización pero no define específicamente cuál sería el problema en términos de seguridad pública o de prevención de la violencia. “En este sentido tenemos instrumentos legales no del todo aggiornados, sí contamos con un marco normativo un poco más amplio que ha sido trabajado progresivamente en los últimos años y ha incorporado medidas sobre todo restrictivas en el uso de armas de fuego para prevenir hechos de sangre. Pero por otro lado a nivel estatal tenemos una deficiencia bastante fuerte: un Registro Nacional de Armas con un presupuesto inexistente, porque se financia con la misma emisión de autorizaciones para usar o tener actividades relacionadas con armas de fuego, con lo cual esto entra en una lógica contradictoria con el principio de reducir la proliferación de armas o por lo menos restringirlas a los casos lo más controlados posible”, explica Cóncaro.

Tampoco existe otra área específica desde la cual balancear esta contradicción, en la que se trabaje distintivamente los problemas o las medidas relacionadas con el tema de violencia armada, ni existe un área de información o manejo de información específica a respecto, que lleva nuevamente a esa imposibilidad de planificar cualquier tipo de medida preventiva o acción de fiscalización. “Se trabaja en todo caso en conexión con diferentes instancias judiciales, pero no orgánicamente, entonces lo que se tiene es alguna conexión entre casos específicos pero aparece devuelta la imposibilidad de pensar medidas estructurales para atender problemas instalados”, detalla Cóncaro.

El resultado es que “trabajamos reactivamente hace mucho tiempo en materia de armas y esto tiene mucho que con la necesidad de trabajar a partir de medidas orientadas por información evaluada que no existe, y éste es el lugar estratégico de transformación del estado para trabajar sobre políticas públicas”.

El plan de desarme

La propuesta de la RAD apunta a la necesidad convertir el Registro Nacional de Armas en una autoridad política, de aplicación, desde donde planificar política pública, destinar un presupuesto adecuado para una cantidad de acciones que un registro no alcanza a hacer por su propia naturaleza. Dentro de esta agenda una de las medidas programáticas más fuertes fue el desarrollo del Plan Nacional de desarme en coordinación con el RENAR “la implementación del plan fue impulsada y motorizada por nosotros a nivel político y a nivel técnico. Asumíamos que esto era un primer paso para profundizar otras medidas en el proceso de transformación estatal que el país está viviendo”, asegura Cóncaro y agrega “el Plan era un mojón de proa, la primera semilla que se sembraba para empezar a ampliar la respuesta del estado en materia de prevención y combate a la proliferación de armas de fuego, que son dos temas en realidad diferentes, muy vinculados pero que tienen medidas diferentes para ser atendidos”.

Destrucción de armas en el Plan Nacional

La RAD evalúa que el plan actualmente ha tenido “desatención” por parte del estado por lo cual se ha desacelerado bastante la progresividad que estaba teniendo la recolección de armas “y en este sentido hemos sido bastante críticos porque debemos tener cuidado en no bajarle las luces a una medida que en todo caso tiene un potencial que todavía no ha sido puesto en macha de un modo racional”, explica la integrante de la red.

El desarme a nivel nacional, argumentan, requiere de una planificación muy importante para que los costos no se hagan muy altos y en ese sentido es que sienten la ausencia de esa función central de coordinación y acompañamiento desde la nación hacia las provincias y municipios. “A mi juicio esto no ha sido racional, porque quedó por un lado un país no atendido en esta problemática o atendido de manera deficiente al no haber una planificación integral en términos de igualdad. La incidencia del problema en cada localidad es diferente, y en esto esa planificación es central. Sobre todo en materia presupuestaria, toda la logística de esto requiere de otro tipo de respuesta financiera”.

Por estas cuestiones en la RAD consideran que hay varios puntos que podrían haberse convertido en un paso siguiente a dar desde el estado como respuesta a sus inquietudes. “En algún punto estamos un poco a la expectativa todavía de qué tipo de ritmo va a tomar el estado en transformarse a sí mismo en términos de respuesta eficiente, y en esto siempre hemos mantenido conversaciones, especialmente con el estado nacional, en términos de acompañamiento o no a proyectos legislativos que tenían ese fin de transformación, de desarrollar instrumentos políticos más racionales y eficientes a la hora de resolver el problema”.

¿Cómo es entonces la articulación con las provincias respecto de la regulación de las armas?

“El plan de desarme es específicamente la única política que el registro tiene bajo su órbita porque las funciones de registro no son políticas en sí o por lo menos no están trabajadas desde ese lugar. En ese marco las articulaciones de nación a provincias o municipios tuvieron siempre como característica que se basan en la demanda que tanto las provincias como el municipio le acercaban al RENAR para trabajar”.

Esto constituye uno de los principales problemas. La especialista considera que “a demanda es muy difícil ordenar un proceso que tenía además un determinado tiempo de ejecución y costos fijos a incorporar para poder tomar decisiones respecto de cómo uno quiere conducir un programa a nivel federal. Así se ha trabajado con muy pocos recursos y como se ha podido. En general a la contraparte, municipio o provincia se le solicitaba que trabajara mancomunadamente, que fijara el lugar de recepción de armas, la posibilidad de tener personal administrativo colaborando, sumar esfuerzos”.

Esto fue fácilmente comprobable cuando desde ANDAR intentamos acercarnos a los puestos de recepción de armas publicados al momento en la página del ministerio de seguridad provincial. El resultado fue llamativo: las instituciones que figuraban como bocas de recepción no funcionan desde hace al menos un año como tales

¿Y en este marco qué consideran de la ley propuesta en la Provincia de Buenos Aires?

“Bueno, nosotros presentamos un comunicado muy crítico porque hasta donde sabemos no ha habido ningún tipo de articulación con el RENAR para promover las medidas que se proponían a nivel local. Pero independientemente de eso las medidas eran bastante contradictorias. En algunos casos parecían más progresistas, por ejemplo la propuesta de trabajar junto con políticas de género, pero en otros denotaba una superposición de funciones con el Registro Nacional, por ejemplo, proponiendo la doble registración o trabajando sobre todo en un modelo que nosotros discutimos fuertemente que tiene que ver con la policialización del plan. Esta agenda debería estar lo más lejos posible de cualquier incidencia militar o policial”.

Estos reparos tienen sus fuertes razones y se podrían apoyar incluso en algunas de las pocas estadísticas que existen. “Todo lo que es persecución del delito y fiscalización de los remanentes de depósitos judiciales o policiales de armas incautadas tienen una enorme conexión con el desvío de armas a la sociedad civil. Entonces para garantizar cierta autonomía en términos de control e implantar un modelo que apunta justamente a trabajar sobre la conducción política de todo lo que es la agenda de seguridad -y en esto la agenda de desarme es muy transversal- es necesario un espíritu de profesionalización y una fuerte impronta de avance civil de la agencia policial mediante una construcción de políticas públicas de seguridad ciudadana fuertemente apoyada en esa línea”.

Cóncaro considera que en la propuesta de la provincia “no estaba claro cuál era el modelo que estaba promoviendo, aparecía una suerte de menú muy heterodoxo que perdía el rumbo en algunas cuestiones y donde además existiendo una autoridad nacional uno asume que la articulación es el lugar de donde partir