El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Azul condenó a dos agentes penitenciarios por una serie de graves irregularidades en la administración de los alimentos para los presos de la Unidad 30 de Alvear. «Ni los animales comían eso”, declaró uno de los internos durante el debate.

ANDAR en Azul

(Agencia Andar) Ricardo Antonio Ferraiuolo y el alcaide mayor Hernán Alberto Medrano fueron condenados a cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación especial para ejercer cargos o funciones públicas y a dos años de prisión en suspenso e inhabilitado por un plazo de cuatro años para trabajar como empleado estatal respectivamente por  “incumplimiento de los deberes de funcionario público y severidades, en concurso ideal de acciones”.

Los efectivos estuvieron a cargo del depósito de la Unidad Penal nº 30 de Alvear entre febrero de 2010 y diciembre de 2011. Según se pudo comprobar desviaban las mercaderías que recibían para el menú de las personas detenidas, que terminaban recibiendo como alimentación huesos con algunas verduras.

Los condenados, como jefes de depósito, eran los encargados de la recepción, elaboración y del control de la distribución de alimentos pero según consta en el fallo “no suministraron a los internos alojados en la unidad un menú de nutrición adecuado en calidad y cantidad, lo que demarca un agravamiento de las condiciones de detención”.

En su sentencia los jueces definieron como “sistemática” a la desaparición de la mercadería que se recibía en la cárcel de Alvear y encontraron como “única explicación satisfactoria a este fenómeno”  la corrupción de los miembros del servicio penitenciario.”Los jefes de depósito, sea por propio interés o en interés de terceros más jerarquizados dentro del escalafón penitenciario, sustraían de modo constante, organizado y metódico buena parte de los víveres que recibían”

“La conducta de suministrar una alimentación insuficiente y de mala calidad (y algunas veces en mal estado), es una clarísima forma de severidad, maltrato, mortificación y vejación a los internos alojados en las unidades penitenciarias”, concluyen en el dictamen.

El fiscal que intervino en el debate, Cristian Citterio, había solicitado penas más graves por los delitos cometidos por ambos agentes y que las sanciones incluyeran que los efectivos del SPB pagaran severas multas. Ese pedido finalmente no fue tenido en cuenta por los miembros del TOC 2.