Este lunes 2 de julio a las 16.30 hs se realizará, como cada mes, otra marcha para mantener vigente el pedido de justicia por los 7 jóvenes que murieron en la comisaría 1ª en los hechos conocidos como la Masacre de Pergamino. La Comisión Provincial por la Memoria patrocina a 4 de las 7 familias de las víctimas.

ANDAR en Pergamino

(Agencia Andar) «Un nuevo 2 nos encuentra en las calles de nuestra ciudad exigiendo justicia y cárcel común para los asesinos de los 7 chicos que murieron en la ex comisaria primera», convocan familiares y amigos de las víctimas nucleados en «Justicia por los 7». En mayo se entregó a la justicia , luego de permanecer prófugo durante 14 meses, el ex comisario Alberto Sebastián Donza, imputado con otros 5 efectivos de la dependencia  por el delito de abandono de persona agravado por el resultado de muerte con multiplicidad de víctimas.

La causa se elevó a juicio en abril por lo que, se espera que durante el transcurso de este año se lleve a cabo el proceso oral y público contra Donza y los efectivos Sergio Rodas, Brian Carrizo, Matías Giulietti, Carolina Guevara y Alexis Eva. El material probatorio consigna que los policías no hicieron nada para prevenir el foco ígneo que se inició en las celdas, desoyeron los pedidos de auxilio, no abrieron ninguna de las puertas de los calabozos o del patio trasero de la comisaría, no llamaron de inmediato a los bomberos y obstaculizaron su accionar, a pesar del deber de garantizar la integridad física de las personas encerradas bajo su custodia. Las pericias médicas también determinaron que las 7 víctimas fallecieron por inhalación de monóxido de carbono y sofocación a raíz de la presencia del fuego, sin haber recibido la asistencia por parte de los funcionarios policiales que podrían haber evitado la masacre.

Desde la CPM reiteran que, además del rol de los imputados, resulta fundamental determinar las responsabilidades de los funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Poder Judicial que avalaron y generaron las condiciones de posibilidad para que se produjera la masacre. El organismo advierte que no es la primera ni será la última situación de este tipo si se mantienen las condiciones de hacinamiento, ausencia de de seguridad y una cultura institucional que menosprecia la vida de las personas detenidas en la provincia de Buenos Aires.