Necesitamos una justicia sensible y equitativa
El 21 de septiembre se cumplen trece años del fusilamiento por parte de un policía de Mariano Witis, un joven músico de 23 años que había sido tomado como rehén en un asalto. Este sábado los familiares realizarán un recital a partir de las 18 horas en la Plaza 9 de Julio (Beruti y Córdoba) de Martínez, bajo el lema «Música por justicia por Mariano Witis».
Raquel, la mamá de Mariano, participó el lunes 16 de septiembre del acto en conmemoración de un nuevo aniversario de la desaparición de seis chicos en la denominada Noche de los Lápices. Ante un auditorio de más de mil chicos de escuelas secundarias de la región, habló sobre la necesidad de democratizar la justicia.
Por Raquel Witis *
Luego de tantos años de ese trágico acontecimiento que conocemos como “La noche de los lápices”: la potestad de la coerción policial transformada en fuerza brutal y asesina de adolescentes luchando por el boleto escolar nos sigue estremeciendo. Y a pesar de los cambios producidos, de los avances en la nulidad de las leyes de obediencia debida, llegar a los juicios por delitos de lesa humanidad incorporando la complicidad civil y eclesiástica, de la ampliación de derechos, hay continuidades, después de todos estos años ese patrón de conducta policial violenta persiste y su blanco juvenil también.
Las deudas pendientes de nuestra sociedad son la democratización de las fuerzas policiales, del servicio penitenciario y de la justicia y alcanzar la igualdad y la no discriminación. Vemos con preocupación que en la provincia de Buenos Aires se ha relajado el control político sobre las fuerzas de seguridad y que se aborda un problema complejo como la seguridad superficialmente y buscando chivos expiatorios. Estas fuerzas de seguridad que participaron activamente durante el terrorismo de estado, hace años están seriamente cuestionadas por su carácter corporativo, sus altos niveles de corrupción y su participación en redes de delito, lo que ha derivado en la desconfianza de los miembros de la comunidad en la institución policial.
Sabemos que toda práctica social se legitima a través de un discurso. Las prácticas policiales abusivas existen, no sólo por la formación de sus agentes, sino también porque hay un discurso generalizado que las avala, porque hay sectores de la sociedad que reconocen estas prácticas como violentas y discriminatorias pero lo toman como una realidad inmodificable o, peor aún, necesaria. Otro factor son los medios de comunicación en la difusión y fijación de estereotipos y estigmatización, especialmente de los jóvenes.
La seguridad es una construcción social e histórica que se va formando y está íntimamente relacionada con el modelo de Estado elegido. Por eso la seguridad ha ido cambiando y adaptándose, durante el Estado terrorista, se hablaba del “enemigo interno” que debía ser perseguido, torturado, asesinado, es decir se desaparecía a los sectores que se oponían al modelo que se quería imponer.
Hoy en el imaginario social y mediático el “sospechoso” es el joven morocho, que vive en determinados barrios, que usa gorrita, etc. La repetición de parar a los jóvenes de ciertos sectores sociales, el hostigamiento mediante el uso de la detención por averiguación de identidad, el cacheo, la persecución, hacen que estas prácticas sean abusivas, discriminatorias, violentas e ilegales. Y esta limitación a la libertad que se ejerce sobre ciertos sectores es ineficiente como control del delito y busca el disciplinamiento social.
Uno de los problemas son las “prácticas policiales”, otro son las “prácticas judiciales” que por acción u omisión van creando las condiciones para la violencia policial. En muchos casos el poder judicial legitima las actuaciones policiales, el “gatillo fácil”, la tortura y las condiciones de detención. Mariano y Darío, víctimas de la mano dura, caso testigo de la violencia policial, de las consecuencias de la aplicación de esas políticas. El 21 de septiembre del 2000 Mariano y Julieta fueron tomados como rehenes por dos jóvenes que los llevaron a realizar un asalto express en el Banco Itaú de San Isidro. En el camino los ven móviles policiales e inician una persecución. Al detenerse el auto (un Gol de dos puertas) sin que hubiera resistencia de los ocupantes del auto, Mariano y Darío Riquelme fueron fusilados por la espalda, a corta distancia y Julieta detenida como jefa de la banda. El hecho fue presentado como “se han abatido dos delincuentes”, sin embargo las pericias posteriores demostraron que todos los disparos fueron policiales, que el arma de Darío Riquelme no era apta para disparo, que se alteró la escena del crimen plantando un arma a los pies de Mariano para justificar la brutalidad policial. La primera sentencia en la causa de Mariano al policía se lo condenó a 8 años y medio por su asesinato y se lo absolvió por la muerte de Darío Riquelme legitimando así el abuso policial como método para combatir el delito. Muchos jueces son benevolentes con los uniformados y duros con los pobres.
Hace pocos días en el juicio por la muerte de Alan Tapia, el fiscal llegó a decir que hay barrios que son peligrosos, no es lo mismo allanar en Palermo que en el barrio Mitre, en este último parece que las personas no tienen derechos…
“No hay mala policía sin mala justicia” por eso remarcamos que la impunidad es uno de los principales factores que mantienen después de tantos años de democracia la vigencia de la violencia institucional.
Es imprescindible una seguridad ciudadana y democrática porque crea las condiciones para la convivencia de las personas entre sí y permite gestionar los conflictos sociales de manera tal que los derechos de cada persona sean respetados y ejercidos.
Vemos con esperanza la aparición de justicia legítima porque visibiliza la crisis de una justicia a la que acceden sólo algunos, la de la doble vara al momento de fallar, y porque entendemos que la justicia debe ser una herramienta privilegiada para fortalecer la democracia, la defensa de los derechos humanos y un servicio a la comunidad.
Necesitamos una justicia sensible, equitativa, accesible, democrática, que sancione los abusos y las violaciones de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario, poner en caja a los halcones azules, y construir otro paradigma de seguridad en el que nuestros jóvenes dejen de ser “daños colaterales” o “blancos móviles”. Las prácticas policiales son nefastas pero las prácticas judiciales son perversas porque tienen la obligación de reparar y devolverles a las víctimas la dignidad.
Las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto, velar porque gocen de consideración y atención especiales, para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder la reparación, no den lugar a una nueva victimización por parte del Estado. El pensamiento generalizado es que el querellante busca venganza cuando en realidad lo que nos moviliza es el amor, la búsqueda de la verdad, la identificación de los responsables; es el Estado, a través de la pena, quien reafirma el valor de la vida y la garantía de no repetición. No podemos volver a la vida a nuestros seres queridos pero si podemos y debemos evitar que la historia se repita.
“…que nunca más la estupidez se permita democratizar el miedo y la muerte”
“quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida”
* Raquel Witis es madre de Mariano Witis, un joven músico de 23 años, asesinado el 21 de septiembre de 2000 por el cabo Rubén Emir Champonois, del Comando de Patrullas de San Fernando, cuando era llevado como rehén por Darío Riquelme, de 16 años, quien también murió bajo las balas del policía.