Ya hubo tres semanas de audiencias del histórico juicio en donde 17 agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) son juzgados por su responsabilidad en la Masacre de Magdalena, uno de los peores crímenes en la historia del sistema de encierro en la provincia. Más de 20 testigos –personas que el 16 de octubre de 2005, cuando se produjo el incendio en el módulo 16, estaban alojadas en los pabellones aledaños- han narrado con desgarradora precisión las tareas de rescate que los detenidos de la Unidad Penal 28 realizaron sin la ayuda del servicio penitenciario. Esta semana declararon también los bomberos voluntarios.

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(Agencia) “Pasaron muchos años… y tuve que superarlo sólo, sin la ayuda de nadie. Nunca más había hablado del incendio”, coinciden en sus declaraciones testimoniales casi todos los que vivieron aquella secuencia de arbitrariedades, violencia estatal  y abandono frente a la muerte de 33 personas en el interior del pabellón 16 de la unidad penal 28 de Magdalena.

En las primeras tres semanas audiencias, declararon los presos que en aquel momento estaban detenidos en los módulos aledaños al del incendio y ahora siguen encerrados. También declararon A y J, dos de los tres sobrevivientes del pabellón en llama; el otro murió en estos 12 años de impunidad.

“No pensaba volver a vivir todo esto de vuelta. Estoy acá porque hay muchas muertes y trato de explicar lo que pasó”, dice J durante su testimonio. El impacto traumático del hecho y el paso del tiempo marcan el relato; la justicia cuando es lenta no hace más que revictimizar a las víctimas.

Dar testimonio es perseguir la justicia y es enfrentarse al espíritu de cuerpo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB): algunos de esos testigos continúan su pena bajo el régimen bonaerense, uno de ellos afirmó en la audiencia haber recibido amenazas para cambiar su declaración; otros dijeron no recordar nada, incluso desconocían sus firmas en las declaraciones judiciales que realizaron pocos días después del incendio y que se encuentran incorporadas en los primeros cuerpos de la causa que se elevó a juicio.

El 16 de octubre de 2005, 33 personas privadas de su libertad, y por lo tanto bajo custodia del Estado, murieron asfixiadas y quemadas en el incendio en el pabellón 16. El personal del SPB había ingresado al pabellón con escopetas con munición antitumulto como respuesta a una discusión entre dos internos. Los agentes dispararon balas de goma a quemarropa, golpearon a los detenidos que se tiraban al piso y les lanzaron los perros.

Tras la violenta represión, se inició un foco de incendio en el fondo del pabellón. Los penitenciarios se replegaron y cerraron la puerta con candado. Encerraron a los detenidos en un pabellón en llamas: 33 murieron quemados y asfixiados. Las pruebas de la causa hablan de una acción deliberada que impidió que los detenidos pudieran salvar sus vidas. Recién, 12 años después, comenzó el juicio contra 17 agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense por la responsabilidad en el hecho. Mientras tanto, los responsables políticos de la masacre siguen gozando de impunidad.

Una particularidad de las declaraciones de los testigos es que, casi todos, identifican a un oficial penitenciario de apellido Núñez –uno de los imputados en el juicio- como el único que ayudó e intervino en las tareas de rotura de la pared lateral del pabellón con el objeto de sacar a las víctimas del incendio.

Por otra parte, este lunes declararon, ante el Tribunal Oral en lo Criminal N 5 del departamento judicial de La Plata, los bomberos voluntarios de Magdalena que, entre 40 minutos y una hora después de iniciado el incendio, arribaron a la unidad penal con tres autobombas.

Según los bomberos, cuando se acercaron al pabellón 16 se encontraron con más de un centenar de detenidos que habían logrado salir de los pabellones 15, 17 y 18, y que en ese momento intentaban hacer boquetes en la pared del 16 para permitir una vía de escape a la víctimas, que gritaban desde las ventanas.

Esa descripción general coincide con la de los testigos-detenidos que declararon en las primeras semanas, lo que, más allá de algunas expresiones de amenazas aisladas y verbales que dijo haber recibido uno de los bomberos, se refuerza la versión general de que no hubo un motín ni aprovechamiento de una situación de crisis por parte de los detenidos de la unidad que justificara la inacción, la desidia y el abandono de las autoridades del penal.

Una masacre anunciada

Como expuso la CPM en un informe especial realizado ese mismo año de la masacre, las autoridades políticas conocían la grave situación en las cárceles bonaerenses: reclamos de organismos de derechos humanos, presentaciones judiciales e, incluso, un habeas corpus por el agravamiento de las condiciones de detención en el penal de Magdalena había sido presentado por la CPM —y aceptado por la Justicia—el 13 de octubre, tan sólo tres días antes de la masacre. Lo ocurrido en la unidad 28 fue una masacre anunciada, pero todos los mensajes de alertas fueron desoídas.

La superpoblación, la ausencia de medidas de seguridad y la acción concreta de quienes decidieron mantener encerrados a los detenidos del pabellón 16 integran el conjunto de acciones que causaron las muertes. No se trataba de situaciones aisladas sino de condiciones estructurales del sistema penitenciario: el lugar no cumplía con los estándares internacionales mínimos para el alojamiento de personas, ya que había sido construido como un «pabellón de bajo costo» en el que se hacinaban personas en condiciones inhumanas. Era una forma de resolver el hacinamiento creciente del sistema.

En 2005 había 26.421 personas privadas de la libertad en las cárceles bonaerenses, alojadas en condiciones violatorias de derechos humanos; 12 años después la situación se ha agravado. En la actualidad, hay más de 39 mil personas detenidas en la provincia; el incremento incesante de la tasa de encarcelamiento profundizó los índices de hacinamiento y violaciones de los derechos humanos. Más de 120 personas mueren por año bajo custodia del Estado, la mayoría de ellas por problemas de salud no atendidos.

La condena a los responsables de la Masacre de Magdalena en el juicio que se inicia el 15 de agosto debería ser, en ese sentido, un mensaje judicial claro contrario a la impunidad.

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