Organizaciones, asambleas, académicos, referentes y partidos políticos que viven y realizan trabajo territorial en la Cuenca Matanza – Riachuelo realizaron un encuentro a fines de mayo y redactaron su manifiesto.

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(Desde el río) Como «DESDE EL RÍO: Organización Popular para la Transformación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. El Riachuelo ¿Para qué? ¿Para quién? y ¿Con Quiénes?», manifestamos:

1.  Cuestionamos la falta de cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, organismo supremo responsable de la defensa del derecho a un ambiente sano y equilibrado, y de la preservación de la salud e integridad de las personas. La responsabilizamos por el incumplimiento de su propio fallo y, por ende, de las consecuencias negativas que eso genera en los habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo.
2. Rechazamos la decisión de la Corte Suprema al limitar la representación de todos los que vivimos en la Cuenca en manos de un «Cuerpo Colegiado» liderado por el Defensor del Pueblo, que carece de titular hace años sin que la Corte haya hecho nada al respecto. Esta representación luego de 8 años ha demostrado su absoluta ineficacia y nos encontramos actualmente apartados de las decisiones que nos afectan y fuera de un proceso de recomposición ambiental que debería ser nuestro. Nos sentimos castigados por un ostracismo democrático, desterrados de un ámbito de participación que por derecho nos corresponde.
3. Por esta razón, no reconocemos la representatividad de las ONGs que integran el «Cuerpo Colegiado» y denunciamos que tampoco han cumplido con sus funciones. Muchas de ellas no tienen trabajo territorial en la cuenca ni contacto fluido y constante con sus habitantes. Estas no fueron elegidas mediante ningún mecanismo de participación por parte de la ciudadanía salvo la voluntad discrecional de la Corte Suprema. El Cuerpo Colegiado no logra dar respuesta a las necesidades de voz y participación de los habitantes de la cuenca, llegando al extremo que los habitantes no son ni siquiera consultados ante la elaboración de sus informes y contestaciones judiciales.
4. Reprobamos el desempeño de la ACUMAR por su vaciamiento; la manifiesta incapacidad para enfrentar la limpieza y el saneamiento del Riachuelo; la falta de respuestas adecuadas a las necesidades urgentes de saneamiento, salud y vivienda de la población, objetivo por el cual fue creada dicha entidad, entre otros; por no poder dar cuenta de las erogaciones producidas durante su gestión; y por el desconocimiento técnico y el abordaje desintegrado de la complejidad de la situación que deben resolver por manda judicial y legal.
5. Deben rediscutirse en su integralidad los mecanismos de participación de la ciudadanía tanto en el ámbito judicial como en el accionar del ACUMAR. Exigimos una nueva convocatoria para asegurar la participación democrática y popular por medio de elecciones de los representantes de ongs, sindicatos, instituciones y toda otra forma de organización social y colectiva de la cuenca.
6. Reiteramos la necesidad de enfrentar las problemáticas desde una mirada integral, multidisciplinaria y participativa, hoy negadas, en todos esos aspectos. Deben definirse las prioridades de manera socialmente participativa para atender la situación de emergencia que se extiende en el tiempo, dónde la catástrofe y el riesgo a la salud y los derechos humanos se naturalizan.
7. Debe transparentarse el funcionamiento de ACUMAR en cuanto a su presupuesto y su ejecución para garantizar el pleno conocimiento de la población de los recursos y su aplicación. Para que no se repita los hechos de corrupción que involucraron al primer juez de ejecución de la causa Mendoza que designó la Corte Suprema, Juez Armella. Quién además fue el impulsor de extender la concepción «Puerto Madero» al Riachuelo y de establecer que las aguas son únicamente para “contemplación», concepción que aún persiste y resulta contraria a los intereses populares.
8. El Ordenamiento ambiental y territorial de la Cuenca debe realizarse inmediatamente de forma participativa e integral. Este debe dar respuesta a la demanda de espacios verdes y públicos; a las necesidades aún no resueltas en materia de vivienda, hábitat, producción, , transporte, servicios públicos e infraestructura; y de turismo sostenible con inclusión social como recomienda las naciones unidas para el año 2017. También debe dar cuenta del reclamo de numerosas organizaciones para ejercer el derecho constitucional a navegar libremente el Riachuelo.
9. Recién una vez establecido dicho ordenamiento cada jurisdicción se encontraría en condiciones para avanzar con sus planificaciones locales. Pero frente a su ausencia, las jurisdicciones avanzaron con decisiones sustanciales de la cuenca como la suspensión de la navegabilidad del Riachuelo o la creación de distritos y paraísos fiscales para permitir la sobreconstrucción y la destrucción de las identidades barriales. Denunciamos que las jurisdicciones, principalmente la Ciudad de Buenos Aires a través de la política de distritos y el nuevo Código Urbanístico, están avanzando con medidas orientadas a transformar las áreas ribereñas del Riachuelo en un nuevo Puerto Madero y en profundizar la especulación inmobiliaria sin reparo alguno de sus consecuencias negativas como la apropiación del río por el sector de riqueza concentrada del país.
10.  La Cuenca Matanza – Riachuelo, como todo recurso hídrico es patrimonio del conjunto de la sociedad argentina y su aprovechamiento debe estar al servicio de toda la comunidad y no de un sector específico que pueda beneficiarse de la especulación edilicia.

El referido curso de agua debe ser motor de creación de empleo, favoreciendo el desarrollo de pequeños, micro y medianos emprendimientos con el objetivo de desarrollar económicamente el área y arraigar la población a su lugar de pertenencia. Queremos barrios populares productivos, viviendas sociales con gente. Y no el modelo de countries o torres-jardín con viviendas ociosas, el paradigma del modelo de casas sin gente. No queremos que la cuenca sea objeto de una burbuja inmobiliaria ni se transforme en una extensión de Puerto Madero. La gran inversión pública sustentada en deuda pública debe ser distribuida igualitariamente en la cuenca y la plusvalía generada capturada por el Estado. Los beneficiarios del presupuesto destinado a la cuenca no pueden ser en el tiempo los grandes desarrolladores inmobiliarios ni la plusvalía capturada por los sectores más ricos de la sociedad.

11. El Ordenamiento debe mantener las identidades patrimoniales, urbanas y culturales, siguiendo lo estipulado por la Constitución Nacional y la normativa ambiental vigente. Destacar que el Tango Patrimonio de la Humanidad UNESCO en el río Riachuelo-Matanza no está siendo objeto de políticas de preservación patrimonial activas. Denunciamos el incumplimiento de la Política Operacional del Banco Mundial OP 4.11 – Physical Cultural Resources, las Leyes nacionales de protección de Patrimonio Arqueológico N° 25.743, el Convenio OIT 169 y la legislación sobre restos indígenas N° 25.517.
12. Desde la creación del ACUMAR y el sentencia de fondo de la Corte Suprema en la causa «Mendoza» las emergencias social, económica y ambiental de la cuenca no se han modificado sustancialmente a pesar de los miles de millones de pesos gastados. El mantenimiento de una burocracia estatal no es ninguna ventaja a reconocer si no se traduce en una mejor calidad de vida de la población.
13. La emergencia sanitaria es una de las prioridades. Cientos de miles de familias se encuentran viviendo en condiciones violatorias de la dignidad humana. No cuentan con agua potable y segura, con cloacas, con luz, con pluviales. Viven en suelos y aires contaminados con olores nauseabundo la mayor parte del día. Las enfermedades por producto de la contaminación ambiental y la pobreza están conduciendo a la muerte a nuestra población especialmente a los niños. Estamos frente a una violación sistemática de cada uno de los derechos humanos y a caminos que llevan a la muerte a miles de personas mientras a las empresas se les permite contaminar más y la Corte Suprema las irresponsabiliza de pagar por los daños causados.
14. Todos los recursos y la actividad estatal deben estar avocados a terminar con esta emergencia sanitaria y de salud en la que viven los habitantes de la cuenca. Para empezar debe desarrollarse un Mapeo de riesgo Ambiental de carácter COMUNITARIO PARTICIPATIVO. La ACUMAR junto con las jurisdicciones que la integran deben conveniar con la empresa de servicios AySA (empresa condenada en la causa «Mendoza») la inmediata prestación de los servicios de agua y saneamiento en el interior de los territorios de las villas y asentamientos que tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires conforman la Cuenca Matanza-Riachuelo.
15. Es flagrante el incumplimiento al compromiso de atención primaria de la salud en la cuenca (los efectores de salud de municipios y provincia no alcanzan a satisfacer la demanda, debido a la sumatoria de vulnerabilidad social y exposición a la contaminación de cuenca, hábitat y personas). Por eso exigimos de manera urgente: la asignación de un médico de cabecera a cada una de las familias afectadas para seguimiento personalizado de los casos clínicos; garantizar gratuitamente la medicación y una dieta adecuada; construir en la cuenca baja del Matanza-Riachuelo un centro de alta complejidad especializado en enfermedades ambientales y con capacidad de brindar atención a toda la población afectada; la entrega de subsidios para mejorar las condiciones edilicias de las viviendas que se encuentran emplazadas sobre los suelos contaminados.
16. En relación a las obras de infraestructura solicitamos de manera inmediata: mejorar y completar las redes de agua potable para garantizar suministro seguro y confiable. Construir las redes de desagües cloacales e instalar plantas compactas de tratamiento de líquidos cloacales para terminar con la utilización de pozos sépticos que contaminan las napas más superficiales. Mejorar y completar los sistemas de desagües pluviales para evitar las frecuentes inundaciones, debidas no solo a eventos de tormenta sino también a la crecida del nivel en la desembocadura del Riachuelo (“sudestada”). Desarrollar con la participación de todos los actores de la sociedad civil Planes de Contingencia ante inundaciones, adecuadamente difundidos. Control exhaustivo de la actividad industrial de la cuenca, incluyendo la supervisión e inspección de los vuelcos por parte de los propios habitantes, en el marco de la Ley de Veedurías ciudadanas vigente. Remediar los suelos contaminados (con plomo, cromo y otros metales pesados, hidrocarburos, etc.), incluyendo por ejemplo, la reforestación con plantas nativas.
17. El Ordenamiento debe contemplar la navegabilidad del Riachuelo para desarrollar el mercado interno urbano; para revalorizar las áreas industriales; para promover el turismo; para la recuperación y disfrute del patrimonio; y para favorecer la producción histórica local – regional de la cuenca. Debe priorizarse la navegabilidad del curso fluvial con eje en el desarrollo de infraestructura de transporte multimodal con el tratamiento de la ribera y la construcción de puentes correspondientes.
18. Debe considerarse seriamente, a efectos de las decisiones relacionadas con el Ordenamiento, las políticas y las prioridades sobre la cuenca, el contenido de la única instancia participativa que efectúo la ACUMAR en 10 años en relación al PISA: la Audiencia Pública del 16 de septiembre de 2016 y su informe final correspondiente.
19. La emergencia social y ambiental sigue siendo nuestra prioridad.

Esperamos que nuestras voces tengan la adecuada y real participación en la discusiones atinentes a la Cuenca Matanza – Riachuelo en relación a su planificación, recomposición ambiental y tratamiento de sus graves problemáticas sociales, culturales y económicas; y que nuestros reclamos y propuestas que están expresados en este manifiesto sean tenidos en cuenta prontamente.