Reprimen a vecinos inundados en Pergamino cuando reclamaban presencia estatal
La Comisión Provincial por la Memoria solicitó a Asuntos Internos que se revise la actuación policial que reprimió a los vecinos inundados del barrio Hernández en Pergamino cuando reclamaban ayuda y presencia de funcionarios del estado en el lugar. Varios testigos afirman que fue la misma policía la que envió a una persona en moto para provocar a los manifestantes e iniciar la represión.
ANDAR en Pergamino
(Agencia) La inundación partía la ciudad de Pergamino en dos y los evacuados ascendían a 300 cuando los vecinos del barrio Hernández, uno de los más relegados, decidieron cortar la ruta 8 para reclamar la presencia de funcionarios locales e insumos para paliar su situación. El resto de los puentes que atraviesan el arroyo Pergamino ya estaban inhabilitados por el desborde y la primera presencia estatal que acudió a la manifestación fue la policía.
En medio de la tensión, la desesperación y ante la presencia de distintas fuerzas de seguridad: la policía local, la bonaerense, gendarmería y el grupo GAD; un hombre atravesó en moto los neumáticos encendidos que cortaban la circulación, provocando a los manifestantes. Tras las primeras reacciones la policía intervino con violencia, balas de goma y golpes. El saldo fue de dos detenidos y varios heridos.
“Estaban pidiendo sólo agua y baños químicos. Hicieron un piquete porque nadie del Estado reaccionaba. Los dirigentes barriales de diferentes organizaciones eran los únicos que hacían lo que podían. Pero en vez de llevar ayuda mandan a la policía y a gendarmería”, se lamentó una vecina. Varias versiones indicaron que el hombre en la moto fue enviado por la misma policía para provocar a la gente.
Al informarse sobre la situación a través de referentes locales de distintas instituciones y organizaciones la Comisión Provincial por la Memoria realizó la correspondiente denuncia a asuntos internos y a la Dirección de seguimiento de causas de violencia institucional y solicitó a estas dependencias que tomen intervención en la causa para determinar responsabilidad de los funcionarios policiales en la represión y se tomen las medidas correspondientes con quienes hayan abusado de la fuerza.