Durante una conferencia de prensa realizada en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, los organismos de derechos humanos y legisladores insistieron en el pedido de juicio político y reclamaron públicamente que se aparte de sus funciones al fiscal general de Mar del Plata, Fernández Garello. Al mismo tiempo, solicitaron que la Justicia avance rápidamente en las causas por delitos de lesa humanidad que deben investigar la responsabilidad del funcionario judicial cuando se desempeñaba como oficial de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). «Funcionarios involucrados en crímenes de lesa humanidad no puede ejercer cargos en el Estado democrático», expresó Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y presidente de la CPM Y el SERPAJ.

Andar en la Justicia

(Comunicado CPM) La Comisión Provincial por la Memoria, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, SERPAJ, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares y Amigos de Ana María Martínez, junto a legisladores de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, brindaron una conferencia de prensa para reclamar públicamente el juicio político al actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, por su participación en crímenes de lesa humanidad. 

Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y CPM, Manuel Gonçalvez de Abuelas de Plaza de Mayo, Paula Litvachky del Cels, Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Carmen Metrovic de la Comisión Familiares, Amigos y Compañeros de Ana María Martínez y Víctor Mendibil, Víctor De Gennaro, Roberto Cipriano García integrantes de la Comisión por la Memoria y Sandra Raggio Directora General de la CPM. 

También acompañaron el pedido la diputada Victoria Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, y el diputado Julio Raffo. Además, expresaron su adhesión la APDH nacional, el Movimiento Ecuménico por los derechos del Hombre, la Asociación de familiares de detenidos-desaparecidos por razones políticas y los organismos de derechos humanos de Mar del Plata: Colectivo Faro de la Memoria, Asociación de Familiares de detenidos desaparecidos y víctimas del terrorismo de estado del centro y sur de la Provincia de Buenos Aires, Comision Abierta Memoria, Universidad y Sociedad (CAMUS), Asociación de Ex-presos políticos del sudeste y APDH Mar del Plata. La gravedad institucional del caso y la extensa representatividad y legitimidad de estos organismos obligan una respuesta inmediata de los poderes del Estado.

La semana pasada, la CPM presentó ante la justicia de San Isidro y San Martín documentos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que involucran al funcionario judicial en dos causas por delitos de lesa humanidad. En el primero se investiga el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez y en el segundo el secuestro y tortura de militantes comunistas. Desde aquel momento, el organismo señaló que la permanencia de Fernández Garello como fiscal general es inadmisible en democracia porque se trata de una persona que, por sus acciones en la DIPPBA, fue parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado.

“Los documentos de la DIPPBA demuestran que Fernández Garello integró la delegación DIPPBA de San Martín durante la dictadura cívico militar y participó en acciones de inteligencia en el marco del genocidio, así como también de acciones directas de secuestro y tortura. La democracia no puede tolerar su permanencia en el cargo que hoy ocupa, por eso vamos a presentar la próxima semana el jury”, señaló Adolfo Pérez Esquivel, el presidente de la CPM durante la presentación pública de la denuncia.

«Fernández Garello no tiene idoneidad moral para ejercer el cargo de fiscal; tenemos que reclamar el jury sí, pero también necesitamos que las causas penales avance en la Justicia», agregó Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora e integrante de la CPM.

La denuncia, que se desprende de la documentación obrante en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), revela la intervención de Fernández Garello en acciones de espionaje político y gremial, además de su infiltración en organismos de derechos humanos durante la última dictadura. Sólo entre 1978 y 1982, Fernández Garello participó en 17 intervenciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos; todos estos actos de inteligencia fueron realizados en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.

«El Cels va a acompañar el pedido de juicio político, porque entendemos la gravedad institucional que implica esta denuncia. Pero, además, este caso nos demuestra que el proceso de verdad y justicia sigue vigente, y que es indispensable la apertura de todos los archivos de inteligencia», expresó Paula Litvachky.

Por su parte, Manuel Gonçalvez, de Abuelas de Plaza de Mayo, remarcó también el acompañamiento de Abuelas y sostuvo que «después de 40 años, los sobrevivientes y familiares siguen sufriendo dilaciones judiciales, muchos genocidas siguen impune; esa impunidad, estoy seguro, tiene que ver con la presencia de personas como Fernández Garello en la justicia».

Los documentos que vinculan al actual fiscal con estos delitos surgieron a partir de un requerimiento judicial en el marco de la causa que investiga el secuestro y muerte de la militante del PST, Ana María Martínez. En ese sentido, los integrantes de la CPM remarcaron la extensa labor del organismo en la preservación y gestión del archivo de la DIPPBA: desde que se reiniciaron los juicios por delitos de lesa humanidad, la CPM ha presentado informes documentales de la DIPPBA en todos los procesos judiciales realizados en la provincia de Buenos Aires y esta documentación fue, a su vez, ampliamente valorada por los tribunales y significó, por lo tanto, un aporte indispensable para la condena a represores.

En ese sentido, Carmén Metrovic, de la Comisión familiares, amigos y compañeros de Ana María Martínez, brindó detalles de la causa y reconoció que «sin el trabajo de la Comisión, que interviene como querellante, no podríamos esperar nada de la Justicia, ni podríamos haber develado la participación de Fernández Garello en estos hechos».

En la misma línea, Graciela Rosenblum, de la Liga argentina por los derechos del hombre, remarcó: «La lucha contra la impunidad nos permitió crear estos espacios para la reparación histórica y es un ejercicio de memoria, porque la verdad y justicia sólo se construye con memoria».

Por su parte, los diputados nacionales Victoria Donda y Julio Raffo acordaron en generar un “fuerte pronunciamiento en el Congreso de la Nación” sobre el pedido de juicio político a Fernández Garello.

Sobre el final de la conferencia, el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, y la directora general, Sandra Raggio, remarcaron la necesidad de condenar la inteligencia como parte constitutiva de los delitos de lesa humanidad. “Los documentos que vinculan a Fernández Garello con estas causas permitieron, a su vez, develar una trama de operativos conjuntos entre la delegación DIPPBA de San Martín, la Brigada de investigaciones de San Martín y el destacamento 201  de Campo de Mayo del Ejército que dependía del Batallón 601”, detalló Cipriano García. “La inteligencia fue indispensable para la persecución, el secuestro y desaparición de personas y debe ser, por lo tanto juzgada como delito de lesa humanidad. En ese marco deben inscribirse las acciones de Fernández Garello cuando era agente de inteligencia”, agregó Sandra Raggio.

Finalmente, el presidente de la CPM, Víctor Mendibil volvió a remarcar el pedido de jury al fiscal y detalló no sólo la falta de idoneidad moral de Fernández Garello sino también la incompatibilidad de sus antecedentes con los requisitos que el cargo conlleva. “Mar del Plata había sido designado como el primer departamento para comenzar a implementar la Policía Judicial, esa reforma que apunta a la democratización de la justicia, que modifica el paradigma de investigación, iba a quedar paradójicamente bajo la responsabilidad de un hombre vinculado al terrorismo de Estado y la impunidad. Eso es inadmisible”, concluyó.

La condena a los responsables del terrorismo de Estado ha sido un pilar en la lucha histórica de los organismos de derechos humanos y en la consolidación de la democracia. La permanencia en su cargo del fiscal general, Fabián Fernández Garello, contradice estos valores y principios políticos, históricos y morales. El amplio reclamo público de jury no puede ser desoído por el Estado.