La CPM y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia avanzaron en la preservación del fondo documental del SPB
Esta tarde se completó el traslado de los archivos de inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), relativo a los presos políticos alojados en las unidades penitenciarias de la provincia durante la última dictadura militar, al Archivo y Centro de Documentación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Así había sido suscripto en un convenio celebrado con la SDH de la provincia para garantizar su preservación y digitalización.
ANDAR entre archivos
(CPM/Agencia) En el año 2000, cuando el gobierno provincial transfirió el archivo de la DIPPBA, la CPM asumió el compromiso de gestionar y poner en valor esta documentación. El trabajo de todos estos años es la muestra, también, de la voluntad política de abrir el archivo a la sociedad, experiencia pionera en Argentina, habida cuenta el carácter sensible y sigiloso de parte del fondo documental.
El reciente convenio de cooperación con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia es un reconocimiento a ese trabajo. El acervo documental que estaba bajo su custodia consta de 225 cajas de tamaño oficio y alrededor de 30 libros de registros y actas del SPB. Cada una de estas cajas alojan los legajos personales e historias clínicas de presos políticos detenidos entre 1974 y 1983 en las Unidades Penitenciarias 1 y 8 de Olmos, y la 9 de La Plata, y —aunque en menor cantidad— material del penal de Sierra Chica y otras cárceles de la provincia. Entre la documentación, se registra también tres cajas que contienen datos de presos políticos de los años 1956 y 1957.
A partir de la custodia compartida del archivo entre la CPM y la SDH, la integración en un mismo espacio de todo el acervo documental facilitará el acceso público a la información allí obrante. Con ese objetivo, tal como lo estipula el convenio de cooperación, y con el fin de asegurar la preservación del material, los equipos de la CPM se encargarán de digitalizar toda la documentación y entregar una copia del material a la Secretaría de Derechos Humanos.
Por el mismo acuerdo, ambas instituciones se comprometen a desarrollar actividades de divulgación y políticas de accesibilidad y utilización de estos fondos documentales mediante publicaciones, así como también a la búsqueda, conservación y resguardo de otros fondos similares.