La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) manifiesta su preocupación por la puesta en vigencia del decreto 721/2016 que delega a los mandos militares facultades que, desde el retorno de la democracia, correspondían al poder político constituido por el voto popular. Esta decisión atenta contra el control civil de las Fuerzas Armadas, avanza contra un principio político conquistado con la recuperación democrática, y se inscribe en una política de ampliación de las competencias y autonomía de todas las fuerzas policiales y de seguridad. Estas definiciones se dan en un escenario de creciente conflictividad social y de preocupante alineamiento hacia las doctrinas de las «nuevas amenazas» que propician regímenes de excepción y la militarización de la seguridad interior.

ANDAR en la democracia

(CPM/Agencia) Fundamentado en la necesidad de “establecer procedimientos ágiles” y “actualizar el régimen de delegación de facultades”, el decreto 721/2016 publicado en el Boletín Oficial el 30 de mayo, que modifica en parte el decreto 436/84 firmado por el ex presidente Raúl Alfonsín, delega en los mandos militares cuestiones claves como designaciones, ascensos, bajas, licencias, entre otras competencias, dando mayor autonomía las Fuerzas Armadas y perdiendo parte del control por parte del poder civil.

Para la CPM, esta delegación de facultades y competencias en los mandos militares es un claro retroceso en la conducción política de las Fuerzas Armadas otorgándoles mayor injerencia en la definición de las políticas de seguridad. En su momento, el citado decreto del presidente Raúl Alfonsín constituyó un pilar de la recuperación democrática porque significó eliminar la autonomía de la que gozaron las Fuerzas Armadas y su subordinación al poder civil. La autonomía de la que gozaban generó, en gran medida, las condiciones de posibilidad de los golpes de estado y el genocidio perpetrado en la última dictadura. La delegación de esas facultades en las autoridades civiles y las reformas sancionadas en los años posteriores consolidaron la conducción política del estamento militar y contribuyeron a fortalecer el proceso democrático.

Por el contrario, el decreto 721/2016 vuelve a restablecerle a los jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas competencias que, desde la vuelta a la democracia, había asumido el Ministerio de Defensa. Entre ellas, figuran la designación de los oficiales en los cargos que no constituyen la conducción superior de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas, la disposición de las bajas y los retiros obligatorios de los oficiales jefes y oficiales subalternos, el otorgamiento de los ascensos de los suboficiales, y designación del personal militar retirado para funciones docentes en el marco del estatuto para el personal docente civil de las Fuerzas Armadas.

Esta decisión, sumada a los recientes proyectos enviados al congreso y que propician regímenes de excepción en la persecución de los delitos, no hacen más que profundizar la tendencia hacia la militarización de la seguridad pública y significa el debilitamiento de los acuerdos estructurantes de la democracia.

Las recientes condenas para los responsables del plan Cóndor tienen como contrapunto el alineamiento político a las nuevas doctrinas de seguridad promovidas para el Cono Sur por los Estados Unidos en la autoproclamada guerra contra las nuevas amenazas (terrorismo y narcotráfico entre otras).

 La CPM considera que estos retrocesos deben ser corregidos rápidamente con el compromiso de todos los sectores políticos. Los debates y las propuestas para el fortalecimiento de la democracia deben tener como pilar indiscutible la tajante delimitación asumida en la post dictadura militar entre la seguridad interior y la seguridad exterior.