Es por el caso de la muerte de Carlos Castello, del ecologista asesinado en Lobos en el 2008. La policía quiso hacerlo pasar por un suicidio y ahora el Fiscal de Berazategui, Ernesto Ichazo, pidió que tres peritos médicos policiales sean sometidos a juicio oral. La Comisión Provincial por la Memoria, que patrocina al hermano de la víctima, subrayó la importancia de este tipo de juicios y expresó su preocupación por las demoras en la investigación de los hechos.

ANDAR en Lobos

(Agencia) El pedido de Ichazo llega después de que la causa haya pasado por las oficinas de varias fiscalías que incluso se declararon incompetentes. Fue presentado ante el Juez de Garantías N° 7 de Quilmes, Gustavo Alejandro Mora, y alcanza al perito y subcomisario Jorge Álvarez Ceballos, a la integrante de la Policía Científica de Cañuelas Karina Marcela Sabules, y al integrante de la Policía Científica de la Plata Pablo Carlos Miceli. Álvarez Ceballos llega a juicio por el delito de «falso testimonio  en concurso ideal con encubrimiento agravado» por haber adulterado el escenario del hallazgo del cuerpo de Castello. Sabules y Miceli están procesados por «falso testimonio», consignaron en un informe – sin mayores fundamentos- que las características de las lesiones en el cuerpo eran compatibles con signos observados en casos de autoagresión. Varias piezas de la causa contradicen esta afirmación.

“Estos actos de encubrimiento hablan claramente de que hay algo que se oculta”, señala Margarita jarque, responsable del Programa de Litigio estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria que acompaña desde hace dos años a Eduardo Castello, el hermano de la víctima, en su búsqueda de justicia.

«La elevación a juicio dispuesta por el fiscal Ichazo es muy importante, aun que se trate sólo de un tramo de la causa. Los profesionales médicos imputados deberán dar cuentas ante la justicia  sobre el falseamiento de sus dichos y hechos de encubrimiento agravado. Y de verificarse los mismos, se abren nuevos caminos para llegar a la verdad: a quienes se encubre y por qué, quienes son los autores de la muerte de Carlos Castello», consideró Jarque.

Desde la CPM no sólo intervienen como patrocinantes de Castello en el juicio a estos peritos, sino que realizaron diversas presentaciones judiciales a diferentes organismos, sobre todo cuando detectaron que los testigos de la causa eran amedrentados por la policía. El organismo llegó a presentar un habeas corpus preventivo y a realizar gestiones para activar el sistema de protección de testigos cuando tomaron conocimiento del hostigamiento policial hacia quienes podían comprometer a los funcionarios con su testimonio. Amenazas, persecuciones y hasta golpizas fueron parte del sistema de silenciamiento que desplegaron los agentes involucrados en el crimen que aún siguen en funciones. Esta situación también motivó presentaciones ante la Auditoría General de Asuntos Internos y la Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Las impericias

En octubre de 2013 Gendarmería Nacional realizó un minucioso informe sobre las actuaciones y se confirmó que había sido asesinado de un disparo calibre 9 mm y que esa escena había sido montada para simular el suicidio. Fue 5 años después de que Carlos Castello apareciera muerto con un tiro en la cabeza en su casa de Lobos, ubicada a 100 metros del destacamento policial, mientras tanto la causa estuvo caratulada como suicidio.

: «En esta causa, como en otras, donde se investiga la violencia institucional, las maniobras de encubrimiento además de pretender garantizar impunidad para los responsables, excediendo el plazo razonable y despreciando, por tanto, al acceso a la justicia como derecho humano», anliza Jarque.

Desde el primer momento la policía actuó en una marco de profundas irregularidades en la investigación de la causa,  nunca hubo ningún médico que constatara si estaba vivo o muerto cuando los agentes entraron a la casa. Álvarez Ceballos afirma que estuvo pero no firmó,  Karina Sabules dijo que vio que Castello empuñaba un arma pero después los demás agentes la contradijeron y revelaron que tampoco fue a la escena del crimen; el revólver 32 con la numeración suprimida que encontraron en su mano no se correspondía con el orificio de salida cuya herida coincidía con la que suele provocar un proyectil 9 mm, el calibre de la pistola reglamentaria de la policía. El último lugar donde Carlos fue visto con vida fue en el destacamento.