César Antillanca es el padre de Julián, un joven de 21 años asesinado por las fuerzas de seguridad de la provincia de Chubut, y también referente de los pueblos originarios. César participó el sábado pasado del Encuentro provincial de la militancia por los derechos humanos, que organizó la Comisión Provincial por la Memoria y reunió a más de 500 organizaciones y actores sociales, políticos y culturales de todo el territorio.

Andar en las organizaciones

(Agencia) “¿Los proyectos económicos no generan violencia?”, preguntó César Antillanca al auditorio que lo escuchaba durante la apertura del encuentro, y se respondió: “Las instituciones del Estado promueven un modelo económico sin medir las violentas desigualdades que impone ese proyecto”.

César es un referente territorial de las luchas populares, integra la Comisión contra la impunidad y por la justicia de Chubut y es parte de uno de los colectivos más perseguidos y olvidados: los pueblos originarios. A su hijo, Julián, lo mató la policía; después de casi 5 años logró revertir un primer fallo absolutorio y que se condene a los imputados a prisión perpetua.

Su historia personal y su militancia de base. Violencia institucional y derechos sociales. “La desigualdad y la violencia tiene un mismo origen: las decisiones administrativas de los órganos del gobierno”, resumió. Luego de su participación en la mesa de apertura, dialogó con ANDAR sobre la “dinámica de vulneración” de derechos que sufren amplios sectores de la sociedad y los desafíos de las organizaciones populares: «No dejemos que nos roben la alegría para luchar cada día en la conquista de más derechos».

¿Cuál es la primera reflexión sobre este encuentro y la expectativa de cara a las mesas de trabajo de la tarde?

Se afirmó con claridad: la continuidad de las violencias de las instituciones y la vulneración de los derechos humanos. Esto es fundamental señalarlo. Se puede hablar de estadios de las vulneraciones a los derechos, pueden ser derechos sociales, derechos económicos, derechos culturales, derechos políticos. El espíritu de la jornada es reflejar el estado de situación: esta dinámica de vulneración.

¿Cuál es la situación actual de los derechos humanos que observás en tu territorio de militancia?

Sería importante rescatar el término territorio en su total sentido: recuperación territorial en el profundo sentido que tiene para nosotros el término territorio, que contiene toda nuestra historicidad. Se está dando una fuerte batalla en el territorio que tiene que ver con la identidad de los pueblos originarios y que tiene que ver también con la ocupación por parte del sistema —el gobierno en complicidad con las corporaciones— de los territorios comunes en la urbanidad. Desde la recuperación de la democracia, se han venido perdiendo derechos y espacios públicos, hay ahí también una dinámica de continuidad. Pero, en el mismo sentido, la lucha también se profundiza.

Mencionabas las violencias que genera un proyecto económico, ¿cuáles son esas principales violencias y cómo se manifiestan?

Se está ampliando el número de pobres: la precariedad de la salud y la alimentación en los barrios populares. Uno de los males fundamentales es la naturalización de la pobreza y de la segregación socioresidencial. Creo que desde el ’83, esta situación de polarización nunca ha declinado y creo que ese mismo diagnóstico es el que deja evidencia la diferencia de comprensión de los ciclos políticos; hay que trabajar sobre estas diferencias, yo entiendo que en el proceso anterior se haya reivindicado derechos sociales pero la realidad no era mejor, era diferente pero no mejor.

Hablabas de la pobreza y la segregación de los barrios populares donde vos desarrollás tu trabajo social, ¿cuáles son las prácticas policiales en esos territorios?

Las prácticas policiales se sostienen, son culturales: en uno de los últimos juicios que estuve, el policía cuando fue indagado por el juez decía que sus prácticas no estaban escritas, eran aceptadas. Por lo tanto, estas prácticas no se van a modificar si no cambia la política de Estado en materia de fuerzas de seguridad. Hay un fallo de la CIDH en el caso Iván Torres, donde se obliga al gobierno de Chubut a modificar la instrucción policial pero esto no se lleva adelante, mientras tanto la violencia es política de Estado.

Como referente de la lucha contra la violencia institucional, ¿qué aportes considerás que se pueden rescatar de la experiencia de lucha por el juzgamiento y condena de los represores para fortalecer la búsqueda de justicia en los delitos perpetrados por las fuerzas policiales en la actualidad?

Entre las violaciones a los derechos durante la dictadura y la violencia institucional hay una fuerte vinculación política: hay que buscar la utilidad de la lucha de justicia de ellos y de estos juicios para trasladar esa experiencia a las denuncias por violencia institucional.

Pensando en la posibilidad de compartir esta jornada con actores de toda la provincia, ¿qué crees que aporta cada una de esas experiencias para pensar los derechos humanos hoy?

Los pensamientos partidarios deben ser escindidos de esta discusión, porque las políticas de gobierno violatorias de los derechos no tienen miradas partidarias. Sería fundamental que en el análisis de las conclusiones sean objetivos para recuperar esa mirada social que nos impone esa situación de múltiples violencias y vulneraciones.