VIOLENCIA POLICIAL Zona roja: “Las están corriendo de hecho y a los golpes”
Los episodios de violencia policial se volvieron cada vez más rutinarios en la zona roja platense y recrudecieron en el último mes, según denuncian organizaciones que acompañan a las chicas trans que trabajan allí. En los titulares de los diarios subyacen debates más profundos y de larga data sobre la relocalización de la oferta de trabajo sexual en la ciudad, la estigmatización del colectivo trans y los posicionamientos sobre la prostitución.
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(Agencia) “Se bajan directamente del patrullero y te pegan, ni siquiera se molestan ni te piden que te retires ni nada, hacen abuso de su autoridad así”, dice Yoryi, una de las chicas que trabaja en la zona roja de la ciudad y se ha acercado a espacios de organización LGTBIQ para encontrar herramientas para defenderse. “Ahora estamos organizándonos con el tema de intentar entre todas cuidarnos. Hoy en día el peligro está en todos lados, podés salir de tu casa y que te peguen un tiro o que te quieran robar o algo por el estilo, pero nosotras corremos más riesgo porque es como que no nos defiende la ley. La misma policía es la primera que nos maltrata, nos insulta o físicamente”, agrega.
En las últimas semanas el recrudecimiento de este tipo de prácticas encendió una luz de alerta para las organizaciones que acompañan y asesoran a la comunidad trans que trabaja en la zona. “Siempre pasa lo mismo: hay un conflicto, las quieren mover, empieza la represión policial, resisten, afloja y así… pero hasta ahora no se daban tantos operativos policiales, tan seguidos en un lapso tan corto de tiempo”, repasa Fiorella, activista e integrante de la coordinadora antirrepresiva lgbtttiqp de La Plata.
La violencia no sólo llega a través del golpe y la policía, cada vez que resurge el conflicto alimenta también titulares en la prensa local, quejas de vecinos, y actualiza proyectos de relocalización de la zona que se vienen impulsando desde 2012 en el concejo deliberante. La intervención policial cierra y a la vez reabre ese circuito.
El antecedente más fuerte tiene un poco más de un año: entre noviembre de 2014 y enero de 2015 hubo intensas redadas policiales con detenciones masivas. Yoryi lo recuerda perfectamente: “se llevaron alrededor de 30 chicas en operativos y hoy es como que acá no pasó nada. Hacían causas por tenencia de estupefacientes y esas cosas. Y el operativo que se hizo ahora en febrero fue más o menos así porque quedaron como 11 golpeadas y detenidas. Es un horror parece que no entienden que somos personas, no somos extraterrestres. No puede ser y parece que ellos no son humanos, porque ¿si tenés un traje y una chapa podés venir y golpearme?”
Esos operativos motivaron la intervención de varias organizaciones, entre ellas los y las abogadas del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). Ellos patrocinan a 3 chicas y fueron siguiendo durante todo el 2015 las diversas situaciones de violencia policial. Así empezaron a identificar un circuito que les señala cierto modus operandi: sale una nota o varias en los diarios locales, sobre todo en El Día, donde levantan las quejas de los vecinos y diversas denuncias. Automáticamente cae la intervención policial a través de la Comisaría 9ª.
Ahora ese circuito se ha actualizado “aunque cambió algo del discurso que lo justifica. Hasta el año pasado se las llevaban centralmente por cuestiones vinculadas a las drogas (tenencia, comercialización). Estas semanas las levantan sistemáticamente por contravenciones. Aparecen las contravenciones como método de hostigamiento, ya no se las llevan por drogas sino por consumo de alcohol, exhibiciones obscenas o esas figuras. Entonces las están trasladando de hecho y a los palos. Esto nos preocupa y mucho, porque este es un sector muy marginado y vulnerable por muchas cuestiones” dicen desde el CIAJ mientras evalúan los pasos a seguir.
Ellos, la coordinadora antirepresiva, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo y OTrans van pensando junto con las chicas estrategias para que cesen los maltratos. En estos días se iba a concretar una nueva reunión con autoridades municipales. De todas formas Fiorella plantea sus reservas: “en las reuniones con la Municipalidad se plantea que ellos están preocupados por las travestis, que quieren hacer un relevamiento de salud o psicológico, pero por otro lado las corren a palos de la zona roja, entonces ¿cómo es realmente? Si estás preocupado no ejercés represión, sino que tendrían que habilitar otros canales, hacer efectivo el cupo trans en la Municipalidad de La Plata, por ejemplo”.
“Ellos quieren que nos pasemos al Bosque, pero imaginate si en 1 o en diagonal ya es tierra de nadie, perdemos compañeras, en el bosque todo puede ser peor. Ahí no podemos tener seguridad en nada. Mejores condiciones laborales serían un trabajo digno donde no pongamos en riesgo nuestras vidas, pero si mi trabajo es la prostitución lo tomo como eso, es lo mismo que el que va a la oficina, aunque es más riesgoso. Pero cumplo un horario para llevarme a mi casa unos pesos, el pan de cada día”, describe Yoryi. De hecho una de las principales líneas de trabajo de las organizaciones para pensar otras dimensiones de la discusión fue el impulso para el cupo trans que hoy es la ley provincial 14783. Una de las caras más visibles que libró esa batalla fue Diana Sacayán.
Con su recuerdo Yoryi asegura: “estamos y vamos a seguir luchando porque nos gustaría que nos apoyen y que los vecinos vean lo que hacen cuando intentan sacarnos, siendo que podríamos dialogarlo, sobre todo antes de que metan la policía”.
Ordenanzas y proyectos con contradicciones
El último en volver a proponer la relocalización de la zona roja fue Fernando Ponce, el actual presidente del Concejo Deliberante. Una idea similar ya había sido impulsado en 2012 por Javier Pacharotti. La iniciativa de Ponce establece como “zona de trabajo sexual” al área abarcada por la Avenida Iraola, desde 119 hasta el cruce con la Avenida Centenario, todas calles internas del circuito del Bosque. Además, fija un horario entre las 22 y las 6 horas para la circulación de las trabajadoras sexuales.
Las organizaciones, que ya se opusieron a esta medida en 2012, aseguran que la relocalización es contradictoria con las decisiones que ha adoptado el municipio platense en materia de explotación y trata. Centralmente citan la ordenanza 10829 que desde el año 2011 dictaminó la prohibición de lugares donde se ejerza la prostitución o se la promueva.