El operativo de desalojo empezó a las 4 de la mañana cuando unos 1.200 policías cercaron el predio ubicado al costado de la ruta 1003 en Libertad, Merlo. Con la salida del sol, comenzaron a arrasar con las casillas y las pertenencias de las personas que lo ocupan desde hace 4 meses. La intervención de un fiscal suspendió temporalmente el procedimiento de desalojo y ordenó que los vecinos regresen a sus hogares a la espera de ser censados por las autoridades judiciales.

ANDAR en Merlo

(Agencia) La intervención del fiscal Fernando Capello frenó temporalmente el desalojo total del predio en la localidad de Libertad, Merlo, provincia de Buenos Aires, al costado de la ruta 1003. El 75% de las casillas fueron derrumbadas durante el operativo policial de esta mañana que contó con la presencia de al menos 1200 policías. El titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial de Morón informó la suspensión de los procedimientos en los terrenos ocupados desde fines de octubre del año pasado, y pidió que las 2 mil familias permanezcan en el lugar para ser censadas.

«Entraron con las topadoras y volaron todo. Dijeron que creció la delincuencia en la zona, pero los narcos tuvieron zona liberada y nosotros sufrimos la violencia de ellos», acusó ante la prensa Ramiro Alonso, uno de los vecinos que ocupan el predio. Los vecinos denunciaron también la ilegalidad del procedimiento porque aseguran que existe una prórroga judicial de 180 días para el desalojo para tener una salida del predio consensuada. «Con topadoras arrasan las casas y ni siquiera podemos retirar nuestras pertenencias, como camas, heladeras y colchones», denunció Alonso. Algunos vecinos señalan al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, como quien motorizó el desalojo sin la firma del juez.

La policía bonaerense a cargo del desalojo.

El derecho a una vivienda digna es una deuda pendiente en democracia. En Libertad, decenas de casillas fueron demolidas con topadoras y las grúas comenzaron a limpiar la zona. Este procedimiento violó una prórroga judicial que pretendía una solución consensuada. Parece la reiteración de una película mala: un Estado ausente a la hora de materializar soluciones estructurales al problema de la vivienda, pero no para irrumpir violentamente en el territorio.

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