El senado de la provincia de Buenos Aires  aprobó ayer un proyecto de ley que propone declarar Ciudadano Ilustre Post Mórtem de la Provincia de Buenos Aires al Dr. Hugo Omar Cañon, ex fiscal federal y ex presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Quien impulsó el proyecto es la Senadora Elisa Carca, también integrante fundadora de la CPM.

ANDAR en la legislatura 

(CPM) La iniciativa busca reconocer la “destacada y sostenida trayectoria en la defensa de los derechos humanos” de Cañón y de aprobarse también prevé la entrega a sus familiares de una placa y de un diploma alusivos.

Hugo Cañón desarrolló gran parte de su tarea en la provincia como miembro de la Comisión por la Memoria, organismo que integró desde sus inicios, hace ya casi diecisiete años y del que fue co-presidente junto a Adolfo Pérez Esquivel durante más de diez. Desde ése lugar recorrió las cárceles bonaerenses impulsando las tareas de monitoreo del equipo del Comité Contra la Tortura de la institución; recibió, escuchó y promovió la discusión sobre el pasado y el presente con miles de jóvenes en cada encuentro del Programa Jóvenes y Memoria; difundió y apuntaló el trabajo de apertura y gestión de lo que fuera el archivo de la policía de inteligencia provincial (DIPBA) y se conmovió frente a las obras de arte que interpelaban desde distintos lenguajes a nuestra memoria y sensibilidad ante las violaciones de derechos humanos en el Museo de arte y Memoria.

Su fallecimiento fue repentino y traumático en un momento donde continuaba desarrollando actividades en pos del fortalecimiento de los derechos humanos y la justicia.

Breve biografía

Hugo Cañón, nació en Bahía Blanca en 1947. Se graduó de abogado en la Universidad Nacional de La Plata e ingresó por concurso como empleado judicial en el Juzgado del Dr. Omar Ozafrain de esa ciudad en 1969. En su carrera judicial luego fue Secretario del Juzgado Civil y Comercial de Tres Arroyos, Secretario del Juzgado Penal 3 de Bahía Blanca, y Defensor de Pobres y Ausentes de esa misma ciudad.  En 1986 fue designado Fiscal General federal de Bahía Blanca, cargo que desempeñó durante 23 años.

En ese marco, ese mismo año, pidió el avocamiento de la Cámara Federal de Bahía Blanca e inició la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Vto. Cuerpo de Ejército y de la Marina en la zona de Puerto Belgrano. En 1987 cuestionó la llamada ley de Obediencia Debida por inconstitucional, al igual que el indulto dispuesto por el presidente Menem. En 1999 impulsó la investigación en el marco de lo que se ha denominado «Juicio de la Verdad «. También en colaboración con las investigaciones que realizara el Juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de la Audiencia Nacional de España, realizó aportes probatorios para el esclarecimiento de los hechos cometidos en la jurisdicción del Vto. Cuerpo de Ejército y fue testigo en el juicio al represor Scilingo llevado adelante por la Audiencia Nacional de España.

Integró la Comisión de Fiscales denominada «Comisión de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal», destinada a desarrollar trabajos de coordinación y colaboración en todas aquellas causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos en el período 1976-1983, y particularmente actuó con fiscales italianos en el marco del Plan Cóndor.

En el año 2000 recibió el premio «Justicia Universal» otorgado por la Asociación Argentina Pro-Derechos Humanos, de Madrid. En el 2006 recibió de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, el premio: «Reconocimiento a la trayectoria y el compromiso con la Defensa de los Derechos Humanos» y en el 2007 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo distinguió como «Personalidad Destacada de los Derechos Humanos», por ser el único fiscal del país que 20 años antes impugnó la ley de Obediencia Debida.