Políticas punitivas y ¿vuelta a la ley de patronato?
ANDAR en Mar del Plata
(Asociación Trabajadores del Estado seccional Mar Del Plata)
La compleja situación del abordaje de la situación de la niñez en la provincia de Buenos Aires se ha agravado durante el 2015 ante la falta de decisión política de profundizar sobre la plena aplicación de la Ley 13298 de Promoción y Protección de Derechos del Niño y 13634 del Fuero del Responsabilidad Penal Juvenil. Un claro ejemplo de ello es el cierre de la Casa de Abrigo especializada del Paraje San Francisco, la tendencia de convertir el Centro de Referencia en un órgano de control de firmas o la transformación del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos en un ámbito administrativo.
[pullquote]Si la tarea de la justicia termina con el oficio y la del poder ejecutivo con el alojamiento en el encierro nadie garantiza los derechos de los pibes[/pullquote]
A estas situaciones no escapan los Centros Cerrados y de Recepción para Jóvenes en conflicto con la ley penal, este año con permanente sobrecupo de alojamiento. Con una capacidad operativa para 22 jóvenes, hoy la realidad de los centros es de 36 alojados. El poder judicial resuelve y el poder ejecutivo aplica. Con esta definición política pareciera ser que por un lado la tarea de la justicia termina con el oficio y la del poder ejecutivo (Secretaria de Niñez) en el alojamiento, nadie garantiza los derechos de los pibes. Tampoco reaccionan los Defensores Oficiales. Sin embrago, de acuerdo a lo que marca la Ley, existe una corresponsabilidad en el poder judicial de la que no se puede desentender y, al menos, debe traducirse en la preocupación de verificar cómo viven estos jóvenes en su contexto de encierro.
Estas definiciones políticas derivan en que la complejidad de la tarea y la falta de recursos en lo cotidiano, tiendan hacia la aplicación de las viejas prácticas de la ley de patronato donde la vinculación y el tratamiento de los jóvenes como sujetos de derecho queda en segundo plano.
La sobrepoblación en el Centro Cerrado de Batán, por ejemplo se traduce en que sólo 22 jóvenes tienen habitaciones individuales para ser alojados, el resto permanece en sectores que durante el día son comunes para todos y por lo tanto no están preparados a tal fin.
[pullquote]en el Centro Cerrado de Batán sólo 22 jóvenes tienen habitaciones individuales, el resto se aloja en sectores no aptos [/pullquote]
Vemos con mucha preocupación no solo esta situación, sino la indiferencia de quienes pueden incidir en cambiar esta realidad. Para quienes cometieron un delito y su edad está entre los 16 y 18, existe el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil para intervenir y determinar su “encierro”, pero esto no puede significar el incumplimiento de las leyes provinciales que lo regulan (con rango constitucional) ni dejar de lado las convenciones internacionales.
La Secretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires y también al Poder Judicial son responsables de la falta de intervención ante la vulneración de derechos de los jóvenes alojados en Centros Cerrados y de Recepción. Los trabajadores no podemos garantizar un correcto abordaje y desarrollo del proyecto institucional y no vamos a ser cómplices de la continua y explicita decisión política de desentenderse de la Niñez aplicando políticas punitivas y de prácticas que cada vez nos alejan más de los pibes