La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, presentan el cuarto Informe Anual del Registro nacional de casos de torturas y/o malos tratos (RNCT). El nuevo informe devela una vez más la sistemática vulneración de derechos en las instituciones de encierro en todo el país y la estrategia de saturación territorial por parte de las fuerzas de seguridad. La presentación pública será el próximo martes 15 de diciembre a las 18 horas en el Auditorio de la CPM (calle 54 Nº 487, La Plata), y contará con la participación del presidente del organismo, Adolfo Pérez Esquivel, el procurador Penitenciario Nacional, Francisco Mugnolo, y la directora del GESPyDH, Alcira Daroqui.

ANDAR en las cárceles

(CPM) En más de 50 instituciones de encierro relevadas, 2074 víctimas describieron 6843 casos de torturas y/o malos tratos que incluyen malas condiciones de detención, aislamiento, falta o deficiente alimentación, agresiones físicas, falta o deficiente asistencia de la salud, impedimentos de vinculación familiar y social, traslados constantes, amenazas, robos de pertenencia, traslados gravosos y requisas personales vejatorias. Estos son algunos de los datos que arroja el cuarto informe del Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos tratos (RNCT) integrado por las tres instituciones.

[pullquote]En más de 50 instituciones de encierro relevadas, 2074 víctimas describieron 6843 casos de torturas y/o malos tratos[/pullquote]

La CPM, como organismo de control y monitoreo de las condiciones de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, ha dado cuenta en reiteradas oportunidades de la práctica sistemática de la tortura, la violencia estructural, las muertes evitables y la degradación de los sujetos como herramientas de gobierno en las cárceles bonaerenses y en los territorios habitados por los sectores más vulnerables. El informe anual 2015 ya alertaba sobre el agravamiento de esta situación: 548 muertes, índices records de sobrepoblación en comisarías (más del 400 %), aumento de la tasa de encarcelamiento (218,5 personas cada 100 mil) y uso sistemático de la prisión preventiva (más del 60 %).

El IV Informe del RNCT aporta datos igualmente alarmantes. El relevamiento en Buenos Aires incluyó 24 inspecciones a cárceles, institutos de menores y unidades neuropsiquiátricas. La información generada por la intervención del Comité Contra la Tortura de la CPM en los lugares de detención y las fichas que se construyen a partir de las denuncias recibidas arrojan que, sólo en el ámbito de la provincia, se constataron 866 víctimas y 3677 casos de torturas y/o malos tratos: es decir, un promedio de más de cuatro hechos de torturas por víctima. Entre los tipos de torturas y/o malos tratos más generalizados se encuentran el aislamiento, las malas condiciones de detención, la falta o deficiente alimentación y asistencia de la salud.

[pullquote]sólo en el ámbito de la provincia, se constataron 866 víctimas y 3677 casos de torturas y/o malos tratos: es decir, un promedio de más de cuatro hechos de torturas por víctima[/pullquote]

La situación constatada en la provincia de Buenos Aires se repite en todo el territorio del país. El RNCT –creado en el 2010– es el primer registro nacional que sistematiza, organiza y publica esta información; los organismos que lo elaboran vienen denunciando cada año la práctica sistemática de torturas en las comisarías y unidades penitenciarias y la extrema vulneración de derechos que padecen las personas detenidas. Frente a este panorama, los organismos de derechos humanos tienen el deber de seguir denunciando los hechos de violencia institucional, la impunidad y la invisibilidad social y política de estas violaciones perpetradas por el Estado.

En esa línea se expresó  Roberto Cipriano García, integrante de la CPM: «Este nuevo informe del RNCT refleja las graves violaciones de derechos humanos que acontecen en lugares de encierro y a partir del despliegue de las fuerzas de seguridad, tanto del sistema federal como de la provincia de Buenos Aires y la CABA. Es la prueba rigurosa, concreta, de las practicas sistemáticas de tortura que ejecutan funcionarios públicos, liberados en su accionar por poderes judiciales que no actúan para prevenir o sancionar la tortura. Esperamos que sea una alerta urgente para que las nuevas gestiones de gobierno que comienzan sus mandatos implementen políticas efectivas destinadas a terminar con la tortura, la muerte y el sufrimiento de las víctimas del sistema penal».

[pullquote]El trabajo de campo de este IV Informe se realizó en más de 50 instituciones de encierro que concentran el 60% de los presos de todo el país[/pullquote]

El trabajo de campo de este IV Informe se realizó en más de 50 instituciones de encierro que concentran el 60% de los presos de todo el país: 19 unidades penales, cuatro alcaidías penitenciarias y tres unidades neuropsiquiátricas del Servicio Penitenciario Bonaerense, y un instituto de menores de la provincia de Buenos Aires. Ocho unidades penales del Servicio Penitenciario Federal, cuatro comisarías de la Policía Federal y una de la Policía Metropolitana. También se relevaron otras 15 Unidades Federales y alcaldías judiciales, unidades de Servicios Penitenciarios provinciales, además de centros de detención de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

El estudio sobre esta muestra permite describir el mecanismo de producción de los hechos de tortura y sus consecuencias. De las 2074 personas entrevistadas, la mayor parte (casi el 70%) son jóvenes y más de la mitad de las víctimas han denunciado agresiones físicas, aislamiento y malas condiciones de detención.

En esta oportunidad, el RNCT también contiene un apartado que releva las prácticas irregulares e ilegítimas de las policías en su despliegue territorial y en centros de detención no penitenciarios de Buenos Aires y CABA. En este sentido, la CPM ha denunciado en reiteradas oportunidades el avance del punitivismo como un grave problema político y cultural que instala al castigo penal como horizonte de múltiples demandas ciudadanas. Ha quedado demostrado que las políticas de seguridad basadas en la exacerbación del punitivismo –la represión, la persecución y el castigo penal como vías de resolución de los problemas sobre los que se demanda respuesta– no sólo han resultado ineficaces sino que han agravado la violación de derechos de determinados sectores sociales a niveles históricos desde el advenimiento de la democracia.

Las condiciones expuestas conforman la regla con que se rigen las políticas demagógicas de seguridad y constituye al Estado en victimario: saturación territorial de las fuerzas de seguridad que lleva a intervenciones violentas e ilegales en el espacio público, y el aumento del uso letal de la fuerza, la práctica sistemática de la tortura y las deplorables condiciones de encierro, la falta de acceso a la justicia y la ausencia de reparación para las víctimas de estas violencias. Es decir, no sólo hay acción del Estado en su comisión sino también una gravísima omisión en no detenerla.