En una resolución sin precedentes, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, decidió reducir la pena única impuesta a Brian Núñez y anular la declaración de reincidencia «como medida paliativa de la enorme lesión al Estado constitucional de derecho» que reconocieron por las torturas que sufrió el joven en el encierro.

ANDAR en la justicia 

(PPN) Los jueces Luis Niño y Pablo Jantus –con la disidencia de Mario Magariños- consideraron que “La acreditación de la imposición de torturas a Núñez en ocasión de hallarse detenido a disposición del tribunal bonaerense debe traducirse en una reducción de la pena que le restaba cumplir en virtud de aquel proceso, como medida paliativa de la enorme lesión al Estado constitucional de derecho que dicha realidad puso al descubierto”.
Tras la resolución de la Cámara de Casación, la Defensa Oficial solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal N° 27 la excarcelación de Núñez por encontrarse en término para la obtención de la libertad condicional y ésta fue concedida por mayoría.

Núñez había sido golpeado brutalmente el 16 de julio de 2011 en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz. . La causa por la tortura se inició en el sumario de prevención labrado por el personal del establecimiento penitenciario donde figuraba que Núñez «habría insultado y agredido físicamente a los funcionarios y se habría provocado auto-lesiones, ante lo cual el personal penitenciario habría hecho uso de ‘la fuerza pública, racional, mínima e indispensable’ para ‘evitar que el interno se continúe agrediendo y para resguardar [su] integridad física'».

La denuncia presentada por la Procuración Penitenciaria logró revertir el objeto procesal del expediente y el hecho se investigó como un caso de torturas físicas y psíquicas, de las cuales Núñez fue víctima.

En el juicio donde La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), junto a la Defensoría General de la Nación (DGN) actuaron como querellantes, se logró una sanción inédita con penas de entre 8 y 9 años de prisión para tres agentes del Servicio Penitenciario Federal, así como una condena de 2 años de prisión para quien era la máxima autoridad de la cárcel ese día, por haber encubierto el hecho de la tortura denunciándolo falsamente ante la justicia.
La Procuración Penitenciaria celebra los fallos emitidos en el caso Núñez ya que considera que la actuación de la justicia es indispensable para garantizar un Estado de Derecho y el respeto irrestricto de los Derechos Humanos, y también por el hecho de que constituyen pronunciamientos de gran trascendencia para visibilizar la realidad de la tortura en cárceles federales y contribuir así a su prevención y sanción.