El debate oral y público que llevará adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 1 abordará los delitos contra trabajadores del cordón industrial de La Plata, Berisso y Ensenada. Para este juicio la Comisión Provincial por la Memoria aportó valiosa documentación de la exDIPPBA acerca de la organización del FuerTar 5 (fuerza de tareas), los centros clandestinos a su cargo y las persecuciones realizadas por la inteligencia naval sobre víctimas incluidas en la causa.

ANDAR en los juicios

Portada de uno de los legajos de DIPPBA aportados por la CPM a la causa

(Agencia) El lunes 13 desde las 10 hs comenzará un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en La Plata. La causa, conocida como “FUERTAR 5”, tiene como imputados por primera vez en la región a ex integrantes de la Armada y la Prefectura Naval, que actuaron especialmente en la persecución y represión de trabajadores fabriles del cordón industrial.

El término FuerTar 5 alude al esquema de reorganización de la Marina a nivel nacional en función de los nuevos objetivos que se planteó la dictadura militar. Así, la Fuerza de Tareas 5 tuvo como ámbito de intervención la capital bonaerense y los dos distritos ribereños. Bajo la órbita del Fuertar 5 operaron el Batallón de Infantería de Marina (BIM) 3, la Escuela Naval, el Astillero Río Santiago, la sede de la Prefectura y el Hospital Naval.

Para este juicio, la Comisión Provincial por la Memoria, a través del programa Justicia por Crímenes de Lesa Humanidad, realizó un valioso aporte documental a partir del archivo de la exDIPPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires). Los legajos, informes y fichas personales incluidos en la causa contienen no sólo datos de la persecución contra los trabajadores de la región, sino especialmente de la cadena de mandos de la Marina y de los centros clandestinos utilizados para la represión.

[pullquote]Bellingeri: “Una parte de la elevación a juicio se realizó a partir de un informe de la CPM de 2012 sobre algunas de las víctimas del sistema represivo de la Armada”[/pullquote]

La directora del Programa de la CPM, Claudia Bellingeri, explicó a ANDAR que “una parte de la elevación a juicio se realiza a partir de un informe nuestro de 2012 sobre algunas víctimas del sistema represivo de la Armada”. Al mismo tiempo destacó que “también aportamos documentos que hablan del conocido Placintara (Plan de Capacidades Internas de la Armada), elaborado en 1975 y que se constituyó en normativa para la organización de los objetivos de cada Fuertar”. Bellingeri participará del juicio en calidad de testigo de contexto entre los casi 100 testimonios que se escucharán durante su desarrollo.

La directora del Programa de la CPM señaló que todas las fábricas de la zona de Berisso, La Plata y Ensenada dependían, en términos de la represión, del Fuertar 5, y que si bien en este juicio se juzgarán muchos de los casos de torturas, secuestros y desapariciones, aún quedará pendiente la formulación de causas penales sobre cada una de las fábricas y sobre todos los casos de víctimas que se registraron en ellas.

Asimismo, manifestó que con el correr de las audiencias es probable que varios testimonios aporten datos importantes sobre la responsabilidad de civiles -gerentes o directivos de las fábricas- en torno a la facilitación de datos de trabajadores y connivencia con la inteligencia del Fuertar 5, que estuvo especialmente a cargo de la Prefectura Naval.

“La instrucción de esta causa tiene más de 6 años y el material documental que aportamos desde la CPM es muchísimo. Pudimos reconstruir la cadena de mando del FUERTAR 5, fuerza de tareas compuesta por miembros de la Armada y de la Prefectura Naval -un aspecto fundamental para la demostración de las responsabilidades de los imputados”, agregó Bellingeri.

Entre los numerosos legajos de la exDIPPBA, figura uno que registra los datos de una asamblea del Personal de Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado, de Ensenada, celebrada a comienzos de noviembre de 1975 y que da cuenta del seguimiento que las agencias de inteligencia realizaban sobre los representantes gremiales de la fábrica.

El documento señala que “la asamblea programada por la Asociación de Trabajadores del Estado (…) contó con la presencia de 3000 personas”. Luego de mencionar a los oradores de la asamblea, destaca que “atacaron la represión policial y la poca acción desplegada por el gobernador Calabró ante los últimos crímenes perpetrados en el orden provincial”.

[pullquote]»Pudimos reconstruir la cadena de mando del FUERTAR 5, fuerza de tareas compuesta por miembros de la Armada y de la Prefectura Naval -un aspecto fundamental para la demostración de las responsabilidades de los imputados”[/pullquote]

Más adelante, el mismo legajo da cuenta de los antecedentes laborales y sindicales de dos de los trabajadores: Oscar Rubén Flamini y Julio Alberto Machado. Sobre el primero, se afirma que “sería el jefe de la célula del Partido Comunista del Astillero Río Santiago”, “trabaja en la sección fundición”, y en 1975 es “postulante a Secretario Gremial por la lista GRIS para las elecciones de ATE-Ensenada”.

A Machado se lo sindica como perteneciente a las Fuerzas Armadas Peronistas hacia 1973 “habiendo efectuado manifestaciones sobre que las FAP eran las responsables  de la ocupación al Banco Popular de Berisso y que además se estaba haciendo un censo de casas deshabitadas para ser entregadas a quienes no poseían”.

Este tipo de registros sobre antecedentes laborales, sindicales y de militancia política fueron utilizados por la inteligencia naval para la posterior persecución de los trabajadores por parte del Fuertar 5.

Datos del juicio Fuertar 5

Entre los imputados, 6 de ellos fueron altos mandos de la Armada: el ex comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek; el ex comandante de la Fuerza de Tarea 5 (FT5), Jorge Alberto Errecaborde; el ex director del Liceo Naval y también comandante de la FT5, Juan Carlos Herzberg; el ex comandante del Batallón de Infantería de Marina 3 (BIM3), José Casimiro Fernández Carró; el segundo comandante y jefe a cargo del armamento del BIM3, Ángel Antonio Mocellini; y el ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM3, Roberto Eduardo Fernando Guitian.

Por la Prefectura Naval, están imputados los jefes de la zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca, y los oficiales Osvaldo Tomás Méndez y Eduardo Antonio Meza.

Entre los delitos imputados se destacan los secuestros, detenciones clandestinas y torturas contra trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Astilleros Río Santiago y Propulsora Siderúrgica. También hay 3 casos de desapariciones, 36 de secuestros y torturas, y los homicidios de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo, perpetrados por la Armada y la Policía bonaerense el 19 de octubre de 1976 en 7 y 58 de La Plata.

Además de la audiencia del lunes 13, se realizará otra el miércoles 15; luego el juicio pasará a un cuarto intermedio hasta después de la feria judicial, cuando comenzarán las declaraciones indagatorias de los imputados.