Son familiares, amigos y organizaciones cercanas a víctimas del costado más cruel del sistema penal. Un día se encontraron recorriendo pasillos judiciales, atravesando las rejas de las unidades penales o con un patrullero anunciándoles la peor de las noticias. Ahora se reunieron para pensarse y pensar herramientas para luchar contra la violencia institucional y la tortura, en el primer encuentro nacional de familiares víctimas de la violencia institucional organizado por la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM).

Fernanda Nicora, Natalia Sarraute, Elvira Meza, Cesar Antillanca y Andrea Casamento abrieron el encuentro junto a los coordinadores de la CPM. FOTO: Andar

ANDAR en la organización

(Agencia – M. Soledad Vampa) Sienten que tienen mucho en común aunque sus vidas e historias sean tan diversas. Sienten que deberían estar más unidos, aunque muchas veces no logren dejar de ser extraños. Sienten. Porque el dolor los atraviesa a la vez que el poder arrasador de las violencias los atomiza, los enclaustra en su padecimiento y los desvincula. Son familiares y amigos con seres queridos en las cárceles del país, o que han perdido sus vidas bajo balas o golpes policiales o penitenciarios, ahorcados en comisarías o penales, víctimas de múltiples violencias por parte del Estado y sus operadores penales.

Un día se reunieron en el primer encuentro nacional de familiares de víctimas de violencia institucional organizado por la CPM. Y encontraron que la necesidad de unirse es también algo común y necesario. Allí reflexionaron sobre sus realidades, buscaron y compartieron estrategias y herramientas para organizarse y elaboraron un documento con los ejes centrales del debate que leyeron públicamente en la presentación del Informe Anual 2015 de la CPM.

Aldo Etchegoyen junto a Susana Méndez y Roberto Cipriano dio la bienvenida a los familiares. FOTO: Andar

“Estamos frente a un sistema de violencias en el que hay que corregir cosas muy importantes. La central es la del valor del ser humano. Vivimos en un sistema muy individualista, muy competitivo, donde cada uno trata de salir adelante como puede desde sus intereses personales. Y esto nos lleva a la soledad. Y no queremos que como familiares de víctimas de la crueldad estén solos”, dijo en la bienvenida el co-presidente de la CPM Aldo Etchegoyen. “Y también queremos que puedan asumir la responsabilidad de organizarse y constituir un movimiento, darse una estructura donde puedan expresarse en solidaridad y compañía. Es una propuesta para que podamos acompañarlos en ese andar”, propuso Etchegoyen al recibir junto a Susana Méndez y Roberto Cipriano a un centenar de familiares que se congregaron en el encuentro.

Desde Chubut, La Matanza, Córdoba, Florencio Varela, Mar del Plata, Balcarce, Río Negro, Quilmes, Punta Indio, Esteban Echeverría, Bolívar, Lobos, Tandil, Avellaneda, Balcarce, Almirante Brown, CABA, Chascomús, Chivilcoy, Morón, San Martín, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, San Miguel, Vicente López, La Plata y diversos puntos del país y la provincia fueron llegando los familiares y amigos de los mayoritariamente jóvenes que padecen el costado más perverso del aparato punitivo del estado. “Una modalidad de gobierno del conflicto social que se despliega en el territorio militarizándolo, aumentando los dispositivos de vigilancia, captando más personas para el sistema penal y desplegando distintas violencias tanto afuera como adentro del encierro”, como afirma en su análisis el Informe 2015 de la CPM que releva indicadores que miden la acción punitiva del Estado con cifras similares a las alcanzadas en años de profunda crisis como fueron el 2001 y 2002.

Del encuentro también participaron organizaciones como la Asociación «Camino hacia el Siglo XXII», FAVISIC, la Campaña contra la violencia institucional, la Asociación Civil Familiares de Detenidos, COVIC,  y la Comisión contra la impunidad y por la justicia en Chubut, entre otras.

El diagnóstico: “cuando la violencia se acerca a uno, arrasa»

La sola posibilidad de compartir información y conocer los caminos recorridos sirvió para poner en común aprendizajes, nombrar con un lenguaje propio, identificar lugares comunes. El primer eje de conversación y análisis fue el que deja marcas en la piel, lo que irrumpe en el cotidiano: las violencias. Los familiares identificaron tres actores centrales que las ejercen: la policía, el poder judicial y el servicio penitenciario.

Cesar Antillanca junto a Adolfo Pérez Esquivel en la presentación del informe de la CPM. FOTO: Andar

“¿Por qué decimos violencia institucional? Porque son nuestras instituciones: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, que nos pertenecen como ciudadanos. Estos son entonces poderes perversos que nos tienen a nosotros y nuestro futuro hipotecado. Porque toda la violencia que ejercen la hacen la mayoría de las veces sobre los jóvenes y sobre los pobres. Es violencia institucional pegarle un chico, pero también cuando vamos al mostrador y nos desautorizan con sus trajes y sus conocimientos, porque además de ser pobres parece que somos ignorantes porque no estudiamos derecho. Esa violencia es permanentemente ejercida y hasta nos hace creer que la violencia del estado es legítima”, analiza César Antillanca, el papá de Julián un joven que salió una noche de septiembre de 2010 de su casa, “y el estado devolvió un féretro con un joven de 21 años muerto de una golpiza. Y no es necesario que cuente más porque todos ustedes conocen la misma lógica: la policía mintió, la fiscal compró, el defensor sale de la misma usina porque la formación de profesionales sirve a los sistemas. Entonces nos convertimos en víctimas aun de la formación de nuestros profesionales”, dice César.

El miedo es azul

Sergio Nadal es cordobés. La policía de esa provincia persiguió a los tiros al taxi donde iban sus hijos y mató a Brian frente a su hermano. “Esa es la policía que tenemos en Córdoba. Una madre me decía ‘tengo más miedo de que me agarre a mi hijo la policía a que se cruce con un delincuente’. No puede ser casualidad que tanta gente se sienta amenazada de la policía cuando tendríamos que sentirnos protegidos”, diagnostica.

Sandra Gómez. FOTO: Andar H. Zout

Sandra Gómez también perdió a su hijo Omar a escasas cuadras de su casa. “No fue Omar, son muchos los pibes que mata la policía. Hoy la policía te para, te golpea, te tortura, te lleva, te desaparece, te mata. Hoy la policía es la que genera inseguridad, no los pibes. Porque se creen que por tener un uniforme tienen derecho a arrasar con la vida a una familia”, agrega. Las cifras que informa la CPM la avalan: desde el Observatorio de Políticas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el organismo viene desarrollando una investigación según la cual más del 80 % de las muertes provocadas por funcionarios policiales se produjeron fuera del horario del trabajo y se desencadenan en situaciones de supuestos intentos de robo. En estos casos, los policías utilizan las armas reglamentarias para producir estas muertes.

“¿Por qué no podemos hacer que al policía le saquen la pistola cuando se va a la casa, por qué tiene que llevar su arma?”, se preguntaban los familiares, que no han conseguido respuestas concretas de parte de los funcionarios estatales.

La Justicia fuera de servicio

“Yo no sabía nada de violencia de instituciones y me tuve que cargar una causa al hombro y empezar a entrevistar yo para desentrañar toda esta trama. Yo confiaba en estas instituciones, en la policía, en la justicia, pero en vez de prevenir y resguardarnos son autores de crímenes o de su encubrimiento”, inició la charla Fernanda Nicora, mamá de un joven asesinado en Punta Indio cuyo crimen aún no tiene ni siquiera un sospechoso pero sí una larga lista de omisiones y escandalosas prácticas policiales y judiciales para su encubrimiento.

La mamá y la hermana de Federico Taja. FOTO: Andar

A Federico Taja también lo mató la policía a los 17 años en Balcarce, en un caso de gatillo fácil ocurrido durante un allanamiento por drogas. Lucía, su hermana, señala cómo “a partir de esta situación que nos cambió la vida, nos la dio vuelta totalmente, también pudimos conocer cómo funciona el sistema judicial, el maltrato no sólo a la víctima sino a los familiares, o el destrato mejor dicho, lo difícil que es acceder”. Al oficial que disparó le dieron una sentencia de 15 años y cumple arresto domiciliario hace 4 años, desde que se sustanció el juicio; la familia de Federico sigue buscando que esta condena quede firme.

“La justicia es muy lenta cuando quiere, porque fijate que en un día resolvió cerrar la causa por la muerte de mi hijo y no durante un año investigarla. Hoy la causa está elevada a juicio, pero es un trabajo muy duro y muy largo para los familiares”, considera Sandra Gómez. A Omar el Estado lo abandonó mucho antes de matarlo: “Yo pedía ayuda, que me ayudaran a internarlo porque tenía problemas de adicciones, y nunca se me escuchó. Esperaron a que sea grande y que cometiera un delito y ahí resolvieron ayudarme, entre comillas, encerrándolo en instituto el Nuevo Dique. Él cumplió ahí su condena de 9 meses, y ahí aprendió a leer porque no sabía. Cuando Omar salió tenía que ir a un centro de referencia que está en 1 y 37 y un trabajador era el encargado de ir a buscarlo a casa y llevarlo para que tuviera atención, porque seguía un tratamiento para las adicciones, fue sólo 2 veces”, cuenta Sandra y concluye con crudeza y desesperación: “yo prefería que estuviera de vuelta en el instituto que muerto”.

En el Informe Anual 2015 de la CPM queda claro que el 90 % de las causas que tramita el sistema penal provincial son casos de personas detenidas en flagrancia por la policía bonaerense, o sea, sin orden judicial previa. La justicia, sin embargo, termina avalando sin cuestionar en lo más mínimo este ejercicio de la policía, lo que deriva en un sistema carcelario rebalsado. Esto se refleja en el incremento del hacinamiento en comisarías donde al 1 de abril de 2015 -según el Ministerio de Seguridad- se registraban 1.060 camastros y 2.178 personas detenidas, en la utilización sistemática de la prisión preventiva (hasta la misma fecha, más del 50% de las personas detenidas en la Provincia aún no habían sido condenadas, o sea, se presumen inocentes: el 45,7 % se hallaba bajo prisión preventiva; y el 14,7 % sin sentencia firme) y se cuenta con un récord histórico de 34.156 personas detenidas en 2014 en la Provincia de Buenos Aires, con una tasa de encarcelamiento de 218,5 personas cada 100 mil. En 2013 había sido de 191,5.

Elvira Meza. FOTO: Andar H. Zout

“En las defensorías y en los juzgados los chicos son números, pero para mí es mi hijo. Es uno de los lugares más difíciles porque vos vas a reclamar algo que creés que es un derecho de tu hijo y cuando llegás ellos te hacen ver lo peor de esa persona: que es un delincuente, que hizo algo malo. Vos amás a esa persona y querés que esté bien y creés que ellos están para ayudarlo. Pero no. Son unos burócratas. Me da bronca y les digo: mi hijo es un ser humano y le tengo que pedir por favor, a un defensor, que haga un escrito”, cuenta Elvira Meza, una mamá que supo organizarse para pedir ayuda y acompañar a otros.

“¿Por qué no tenemos acceso a la justicia? si lo que el Estado te hace te lo debería reparar”, reflexionaron quienes han recorrido los pasillos de juzgados y tribunales.

Detrás de las paredes: “todo lo que vos creés es diferente a partir de este momento”

Al hijo de Andrea Casamento lo llevaron preso por un robo del cual después lo absolvió la justicia. Visitando a su hijo Andrea conoció a su actual marido que salió recientemente en libertad. “Descubrí un mundo que yo creí que era de una manera, como la mayoría de la gente que por ahí piensa que se cumplen los derechos, que la justicia va a ser justa, que los defensores te van a defender, pero me metí en el mundo del revés, todo lo que vos creés es diferente a partir de este momento. En todo este sistema siempre lo que va a imperar es la lógica de la seguridad. Y seguridad mal entendida, a través de la violencia, porque podría ser de otra manera, no que todas las medidas sean arbitrarias y se centran sólo en el hecho de vejar y de maltratar”, asegura.

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Desde el Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT) se relevaron entre 2013 y 2014, 1.136 casos que dieron cuenta de 4.987 hechos de tortura. De su análisis se desprende que el promedio de edad de las víctimas es de 28 años, y registraron los siguientes hechos: 470 agresiones físicas, 951 aislamientos, 145 amenazas, 177 traslados constantes, 113 traslados gravosos, 926 situaciones vinculadas a las malas condiciones materiales de detención, 833 de falta o deficiente alimentación, 662 de falta o deficiente asistencia de la salud, 152 robos de pertenencias, 444 impedimentos de vinculación familiar y social y 114 requisas personales vejatorias. En promedio cada víctima sufrió más de 4 tipos de tortura y/o malos tratos. Las agresiones físicas se produjeron en 472 casos bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense (71,9%) y en 171 por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (26,1%).

Elvira Meza es categórica: “Entendí que donde mi hijo está lo puedo tener hoy y mañana no. Que el agente penitenciario es un ser humano, pero a la vez no sé si ese hombre que saludo es el torturador de mi hijo”.

Organizarse: “Yo sé cuál es tu dolor”

“Al principio una acepta cualquier cosa porque lo que querés es ver a tu ser querido, saber cómo está, qué le pasó. Pero con el tiempo decís ‘yo no tengo porqué pasar por esto’. Es un mundo al que uno no está acostumbrado y un idioma que uno no sabe manejar”, cuenta Andrea Casamento y asegura que a partir de su experiencia de organización con otros familiares de detenidos empezaron “a entender que no podía ser que un funcionario público no nos explicara una y otra vez, debidamente y con palabras claras, cuáles eran los pasos que teníamos que seguir, qué teníamos que hacer”.

La familia Jaramillo junto a Sandra Gómez y María Gorosito. FOTO: Andar H. Zout

Natalia Sarraute preside una asociación de familiares de víctimas del sistema de la crueldad (FAVISIC) que se formó después de que con su familia padecieran las innumerables vejaciones que administra el sistema penitenciario para detenidos y familiares. “Decidimos canalizar la lucha desde el dolor al ver que no éramos los únicos que padecíamos estas cosas; el familiar siempre está vulnerado, existen muchos prejuicios de la misma gente que piensa ¿qué voy a reclamar, qué voy a pedir?”.

“Cuando una mamá me llama lo primero que hago es abrazarla. Nadie puede decirle cómo va a ser eso pero sí escucharla y compartir ese dolor. Conteniendo y contando la experiencia me parece que ya ayudo”, agrega Elvira Meza que coincide con Casamento en que “tener una voz amiga, donde no hace falta dar tantas explicaciones para el familiar, te permite pararte en algún lugar para poder continuar. Y empezar a entender otras cosas: primero, a levantar la autoestima, porque esto no es sólo lo que te tocó en suerte, porque no es lo que debería pasar”. Para Andrea es central “ver que la voz de varios tiene más fuerza. Y el acompañamiento de un familiar a otro familiar es algo que nadie más puede hacer, es un plus que tenemos por haberlo vivido, por compartir las experiencias. Y así empezás a conocer otras historias de vida, y a darte cuenta que no es sólo la violencia carcelaria, porque ese es el último eslabón, primero tenés la violencia policial, cuando vienen te allanan, te patean y rompen todo en tu casa, te matan a tus hijos; después te encontrás con todo el aparataje jurídico y la violencia judicial y el maltrato y a lo último con todo lo que pasa adentro de las cárceles”.

Desde el análisis de Cesar Antillanca “las organizaciones intermedias han sido históricamente las principales interpeladoras del poder. Una de las mejores maneras de sostener esto es organizarse, y la otra es no perder la alegría. Porque además la mayoría de los chicos muertos, violados, asesinados, eran chicos que estaban en su plenitud, alegres y dispuestos a vivir. Y eso es lo que nosotros tenemos que devolverles: alegría en la lucha”.

Esa energía es la que empezó a correr en este primer encuentro nacional organizado por la CPM. Fernanda Nicora propone: “seamos agentes de control, de prevención. ¿Por qué no enseñarles a los agentes de seguridad que puede haber un control sin violencias, que no tienen que estigmatizar ni llegar a golpear o reprimir a estos jóvenes, que muchos terminan encontrando la muerte?”. Sergio Nadal también esboza una estrategia y una esperanza: “vamos a ir a todos los lugares en los que podamos tener oportunidad de seguir reclamando, poder expresarnos, así como acá, donde tengamos un lugar para pedir por un poco de tranquilidad para mis otros hijos, para otras familias, para que puedan creer en la justicia, para que se sientan confiados de que el estado pueda protegernos alguna vez, de alguna forma”.

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