La Plata: “Si los funcionarios actuaban como debían se hubiesen podido salvar muchas vidas”
Integrantes del Colectivo de Abogado/as Populares La Ciega junto a la Asociación de Familiares y Víctimas de la Inundación (AFAVI) y a la Asamblea Barrial Castelli-Martín, a quienes patrocinan, presentaron un pedido de declaración indagatoria para el Gobernador Daniel Scioli, el Intendente platense Pablo Bruera, y cinco altos funcionarios de la Provincia y del Municipio por considerar que tienen responsabilidades penales en la inundación ocurrida el 2 de abril de 2013. Mañana realizarán una charla en la Facultad de Derecho en la que explicarán la situación de la causa penal.
ANDAR en La Plata
(ANRed) “Hicimos una presentación ante la Fiscalía del Dr. Paolini solicitándole la imputación formal de delitos penales a siete funcionarios públicos. Nosotros entendemos que en la causa ya hay elementos suficientes que indican que estas personas han incurrido en delitos penales, por los trágicos sucesos del 2 y 3 de abril que padeció esta ciudad”, aseguró la abogada Sofía Ballesteros, integrante de La Ciega, a Radio Universidad de La Plata.
Además del Gobernador y el Intendente, el pedido de declaración indagatoria se realizó también para el Ministro de Infraestructura de la Provincia, Alejandro Arlía; el ahora Ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal (en aquel momento Ministro de Seguridad y Justicia); el Ministro de Salud de la Provincia, Alejandro Collia; el Secretario de Gestión Pública de la Municipalidad de La Plata, Enrique Sette; y el Jefe de Gabinete municipal, Santiago Martorelli.
“Las responsabilidades de estas personas han sido causa suficiente de muchos de los decesos y las pérdidas de vidas humanas que hemos padecido”, destacó Ballesteros. Luego, amplió: “Nosotros hacemos un análisis en tres momentos y las responsabilidades que le adjudicamos a cada uno tienen que ver con esos tres momentos. Un primer momento que fue anterior al 2 y 3 de abril que tienen que ver con las obras que se tendrían que haber realizado, con el conocimiento que estos funcionarios tenían del peligro y del riesgo hídrico en el que se encuentra esta región, con los planes de contingencia que se tendrían que haber diseñado, la concientización de la población, los sistemas de alerta temprana que se tendrían que haber implementado, y toda una serie de cuestiones que tendrían que haber realizado y no hicieron, que son omisiones en las que incurrieron”.“Un segundo momento que analizamos es lo que tendrían que haber hecho y lo que efectivamente hicieron durante las lluvias torrenciales de la tarde y noche del 2 de abril y la madrugada del 3 de abril de 2013. Ahí analizamos la falta de alerta temprana, de información a la población, la falta de indicación de qué zonas eran peligrosas y de los riesgos que se corrían. También la ausencia de un plan de contingencia para implementar y las deficiencias en relación al rescatismo y socorrismo que se sufrieron durante esas horas tan dramáticas”, detalló la abogada.
Después, remarcó: “Otro momento que analizamos es con posterioridad a estos hechos. Ahí hacemos hincapié en la falta de implementación de un plan sanitario integral, que entendemos que fue la causal por la que se perdieron muchas vidas. Si hubiera sido implementado de forma correcta y en caso de haberse tomado las acciones que estos funcionarios estaban obligados a tomar se hubiesen podido salvar muchas vidas, que se perdieron luego de que ya había dejado de llover, porque esto es a posteriori de las lluvias torrenciales”.
Además, aseguró: “No les imputamos a todos los mismos delitos si no que vamos analizando el rol que jugó cada uno, la responsabilidad que tuvo cada uno y justamente la incidencia de su accionar en lo ocurrido. Si estas personas hubiesen realizado las acciones que tenían obligación de realizar se hubiese mitigado muchísimo las consecuencias de esa lluvia y no hubiésemos tenido que padecer la cantidad de pérdidas en términos humanos y materiales que padecimos”.
Hoy a las 18hs en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, el Colectivo de Abogado/as Populares La Ciega junto a la Asociación de Familiares y Víctimas de la Inundación (AFAVI) y a la Asamblea Barrial Castelli-Martín, realizarán una charla titulada: “A 2 años de las inundaciones: situación de la causa penal”, en la que analizarán la situación de la causa penal (IPP 13275/13), a cargo del Juez Guillermo Atencio (juzgado de Garantías N°1), que instruye el fiscal Jorge Paolini (UFI N°8); y brindarán detalles de la presentación realizada hoy.