OTRO JOVEN INCENDIADO El SPB dejó morir quemado a un joven en la Unidad 15 de Batán
Esta semana falleció un joven alojado en el Instituto Agote luego de sufrir quemaduras en el 80% de su cuerpo; estaba aislado en una celda de castigo. A pesar de su gravedad, estos hechos se repiten en todas las instituciones de encierro. El Comité Contra la Tortura de la CPM, el organismo de control de lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires, señala las responsabilidades en otro caso de detenidos «que se incendian».
ANDAR en las cárceles
(Agencia/ CCT) El día 13 de noviembre, el joven Walter Adrián Cayuman Atairo reclamó todo el día por el cese de una situación injusta que sufría encerrado en el pabellón de castigo de la U15. Los funcionarios penitenciarios desoyeron sus reclamos. Desesperado por ser atendido y luego de gritar toda la mañana, Walter comenzó a prender fuego en su celda, como forma de llamar más la atención al personal estatal que lo tenía a cargo. Pero siguieron ignorando su urgencia: los funcionarios públicos dejaron pasar tanto tiempo que cuando lo sacaron, las quemaduras en el cuerpo de Adrián ya fueran mortales.
[pullquote]Entre 2 y 3 personas mueren por semana en las cárceles de la Provincia[/pullquote]
Entre 2 y 3 personas mueren por semana en las cárceles de la Provincia. Son cientos de muertes en los últimos años de personas cuya vida está íntegramente a cargo del estado provincial. Pero mueren. “Para que esta situación cese, cada muerte debe encontrar sus responsables en los funcionarios penitenciarios y políticos que tienen al SPB a su cargo” consideran desde el Comité Contra la Tortura, el equipo de monitoreo de lugares de encierro de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM)
Por el caso de la muerte de Adrián Cayuman en Batán, el Comité Contra la Tortura (CCT) se hizo presente en la Fiscalía y en la unidad una semana después del hecho. Los testimonios relevados en el pabellón coinciden en que Adrián había sido acusado por el personal penitenciario de quemar a un encargado con aceite caliente dos días antes. Luego fue sancionado y encerrado en el Pabellón 3. La situación de Adrián en el pabellón se tornó insostenible y él fue incrementando el tono de sus reclamos hasta llegar, en su desesperación, al fuego para ser atendido por el personal penitenciario.
Los testimonios también coinciden en que pasó media hora de incendio en la celda hasta que los penitenciarios se decidieran a intervenir. Varios entrevistados con visión directa a los hechos relatan que cuando los agentes finalmente se dispusieron a abrir la puerta de la celda estaba demasiado caliente, por lo que salieron del pabellón sin abrir la celda y demoraron otros cuantos minutos en volver. Cuando volvieron, lo que hicieron fue accionar el mata fuego desde afuera hacia adentro sobre un acolchado en llamas que colgaba sobre la puerta de la celda. Cayuman murió dos días después en el hospital, a los 22 años.
El último caso similar que analizó el CCT es el de Mauro Perez Ugarte, que también fue abandonado a morir en su celda en la Unidad 1 de Olmos en 2013. Aquel caso fue investigado, y hay ya un funcionario penitenciario detenido, procesado por abandono de persona seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Las responsabilidades
Desde la CPM son claros al identificar las responsabilidades por la enorme cantidad de muertes evitables en las instituciones de encierro de la provincia. En primer lugar señalan al Servicio Penitenciario: el pabellón 3 de la UP 15 es un pabellón que genera muerte, es peligroso y agobiante. Peligroso porque varias de las personas allí encerradas sufren robos y agresiones tanto desde dentro como desde fuera del pabellón. Agobiante, porque se mantiene un régimen de encierro permanente las 24 horas sin ninguna actividad ni patio, bajo el que muchas de las personas encerradas pueden pasar meses.
[pullquote]La CPM señala las responsabilidades del Servicio Penitenciario y de la justicia[/pullquote]
Además de la muerte de Cayuman, varios hechos alarmantes sucedieron en ese pabellón: una persona prendió fuego una celda del fondo pocos días antes, y a mediados de noviembre se ahorcó otro joven en la celda 16, ocasión en la que, igual que en el caso de Cayuman, el personal penitenciario demoró demasiado en acudir a salvar esa vida. A diferencia del caso anterior, este joven sobrevivió.
En el informe anual que el organismo elabora desde el año 2005 ya señalaban que «Batán obtuvo en los primeros meses del 2004 el curioso récord de muertes dentro del penal: suicidios, peleas entre presos, autolesiones. La sucesión llevó a los fiscales y jueces a investigar tamaña coincidencia y surgió entonces el otro engranaje del sistema: amenazas,torturas y persecución a los testigos». Pasaron 10 años de ese primer informe y la escena es la misma.
Le sigue así la responsabilidad de la Justicia. El rumbo que la investigación tuvo hasta el momento colecciona irregularidades que tienen el efecto de encubrir el hecho que debería ser investigado:
1. No se respetaron las disposiciones de la resolución 1390 de la Procuración General de la Provincia que regula la investigación en los casos de torturas, apremios ilegales y delitos cometidos por funcionarios públicos.
2. El fiscal no se hizo presente en el lugar de manera inmediata y no tomó las medidas básicas inmediatamente necesarias, incluso trascurrida una semana de la muerte. Por lo tanto, no se generaron ni tomaron las pruebas correctamente. Recién transcurridos 8 días del hecho se realizaría una pericia por bomberos. La escena del crimen ya había sido alterada.
3. La celda fue clausurada por orden judicial, pero no fue preservada correctamente y al tener los vidrios rotos las pruebas quedaron expuestas a cualquier intervención humana o natural. La lluvia pudo entrar en la celda y lavar las pruebas, por ejemplo. La escena del hecho quedó a plena disposición de los responsables institucionales de la muerte.
4. No se tomó testimonio a los testigos de la muerte: transcurrida una semana la fiscalía todavía no había hablado con los testigos y no ha indicado medidas a fin de garantizar dichos testimonios ni la integridad de esas personas.
5. Esa integridad no se resguardó en ningún sentido. La gran mayoría de las personas siguen encerradas en la misma celda en la que estaban cuando sucedieron los hechos y aún conmocionadas por ver y escuchar cómo un compañero suyo era quemado vivo. Siguen todos en contacto cotidiano con los penitenciarios responsables, que pueden amenazarlos, coaccionarlos, inducirlos a su absoluta voluntad. Otros jóvenes han tomado medidas extremas en el mismo pabellón en los días siguientes a esta muerte.
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