A pesar de que existen diversos pronunciamientos judiciales que prohíben expresamente estas prácticas vejatorias organizaciones de derechos humanos denuncian los malos tratos a las visitas.

ANDAR en otras provincias

(Zainuco/ Agencia) “En las unidades de detención provinciales, el Estado penetra el cuerpo de las mujeres: vulnera su dignidad, intimidad y sus más elementales derechos humanos. La policía provincial, que trabaja en las unidades de detención, obliga a las mujeres a desvestirse, agacharse y abrir sus labios vaginales”, denunciaron desde Zainuco, una organización neuquina de derechos humanos que monitorea la situación de las cárceles.
El sábado pasado, y contraviniendo la expresa orden que la justicia le impartió hace tiempo al Jefe de Policía de que “instruya a todos las dependencias en las que se encuentren alojadas personas detenidas que reciban visitas, que deberán instrumentarse los mecanismos que permitan resguardar la seguridad por la que debe velar la institución, pero a su vez, asegurar la vigencia de los derechos consagrados en la normativa Nacional e Internacional al respecto”, la policía provincial intentó imponer esta ilegal modalidad a una visita.

[pullquote]esto inyecta más dolor a las personas detenidas a través de los tormentos hacia familiares y allegados[/pullquote]

“El encierro en las unidades de detención de Neuquén, que aplica la tortura y permanentes ataques físicos y psíquicos como prácticas habituales, inyecta más dolor a las personas detenidas a través de los tormentos hacia familiares y allegados. Pretende aniquilar así su todos los lazos con el exterior de los muros. Las requisas vaginales o íntimas tienen por finalidad doblegar a las personas detenidas. Por un lado, demostrándole que la policía tiene el poder absoluto sobre los cuerpos tanto suyos como de sus afectos y, por el otro, lograr que la visita no vuelva a la unidad. Así, el Estado va concretando los verdaderos objetivos de exclusión y aislamiento como castigo que significan las cárceles”, analizaron en un comunicado desde la organización.
Los afectados, esta vez, han sido los internos del pabellón 1 de la U11 y sus familiares, en dos situaciones diferentes. Una de ellas fue el intento de requisa íntima que sufrió una de las mujeres que fue a intentar concretar una visita y, la otra, la negativa por parte de la policía a dejar entrar a otra mujer con la colilla del DNI en trámite, con la que ya había ingresado en más de una oportunidad. “Entendemos que esto, sumado a las heridas causadas a Jesús Álvarez la semana pasada –interno que volvió a ser blanco de golpes durante los últimos días-, no es una «coincidencia», sino que es la «zona liberada», directiva o rienda suelta que el gobierno -con el aval de la justicia que mira para otro lado- está otorgándole a la institución policial”, dicen desde Zainuco. Por eso exigen el inmediato accionar de las autoridades correspondientes y el cese de las vejaciones y tratos degradantes de las personas detenidas y sus familiares.
Además considerando que así el estado provincial aplica “un sistema del horror” en las unidades de detención, la organización insistió nuevamente en la necesidad de garantizar el derecho que tiene Zainuco a ingresar e inspeccionar los lugares de detención.