LA CPM EXPRESA SU APOYO Media sanción a un proyecto de ley que investiga delitos económicos de lesa humanidad
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires otorgó media sanción al proyecto de ley que crea la “Comisión bicameral investigadora de los delitos económicos de lesa humanidad”. La iniciativa que propone investigar la participación de las organizaciones empresarias en la implantación y consolidación de la última dictadura cívico-militar.
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La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) expresa su satisfacción por la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires al proyecto de ley que crea la “Comisión bicameral investigadora de los delitos económicos de lesa humanidad” ocurridos durante la última dictadura cívico-militar argentina.
El organismo acompaña desde sus inicios esta iniciativa que propone investigar la participación de las organizaciones empresarias en la implantación y consolidación de la última dictadura cívico-militar. Las políticas económicas promovidas por la dictadura, de corte netamente liberal, perjudicaron a un amplio sector de la sociedad, al tiempo que otros sectores se beneficiaron notablemente acrecentando sus ganancias y poder.
“Es sumamente importante la aprobación de este proyecto porque nos permite sistematizar información sobre delitos que son gravísimos y cuyas secuelas aún resultan dolorosas en la trama socioeconómica del país, perjudicando y vulnerando derechos a las grandes mayorías populares”, expresó Sandra Raggio, Directora General de Áreas de la CPM.
El proyecto, impulsado por el diputado Gustavo Di Marzio (FPV), indica en su artículo 12 que “la Comisión deberá remitir la totalidad de la información y documentación recopilada al Archivo de la CPM”, lo cual permitirá la guarda, sistematización y accesibilidad de datos por parte de la comunidad.
Según establece el proyecto el objetivo de esta Comisión es elaborar “un informe sobre las consecuencias de la políticas económica, financiera, impositiva, industrial, comercial y agropecuaria adoptadas por los funcionarios de designados por la dictadura militar (…) en los poderes Ejecutivo y Judicial y en el Banco de la Provincia de Buenos Aires”, identificando además los actores económicos y técnicos que resultaron beneficiados.