En 2016 la Cámara Nacional Electoral declaró inconstitucional la prohibición de voto para las personas
condenadas. A 5 años de esa sentencia, la situación no ha cambiado y aproximadamente unas 6 mil personas
privadas de libertad en el ámbito federal siguen sin acceder a su derecho a sufragar.

ANDAR en las cárceles

(PPN) Actualmente en Argentina, solo las personas procesadas con prisión preventiva pueden votar, no así las
condenadas.  La Cámara Nacional Electoral elaboró el Registro de Electores Privados de Libertad que contiene
información de las personas procesadas y que permite habilitar las mesas de votación en las unidades
penales. La exclusión del colectivo privado de libertad de ejercer su derecho electoral se traduce en una vulneración a la participación democrática de un sector de la sociedad.

«La proximidad de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias a realizarse el 12 de septiembre es una buena oportunidad para repensar esta temática y reflexionar acerca de esta exclusión de esta parte de la sociedad de su participación en la vida democrática argentina», consideraron desde la Procuración Penitenciaria de la Nación que se encuentra trabajando para que las personas condenadas tengan acceso al voto. En el mes de marzo la PPN volvió a presentar un proyecto de ley a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para revertir la imposibilidad de los y las condenadas a sufragar.