La audiencia se desarrolló con cuatro declarantes: Isabel Ibarra, sobreviviente; Pablo Estevez, por la desaparición forzada de su papá, su tío y su tía; Ana Cecilia Solari Paz y Cristian Oscar Prieto Carrasco, que dan testimonio en forma de contexto.

ANDAR en los juicios

(Diario del juicio) Isabel Ibarra es oriunda de Asunción, Paraguay, y fue secuestrada junto a su hermana, Leonor María Ibarra. Recuerda que la madrugada del 14 de mayo de 1975, en su domicilio en Belgrano N° 3335, Capital Federal, “cayeron todos hombres de civil, revisaron la casa, nos sacaron en un auto sin chapa Ford Falcon y nos dijeron que íbamos a volver en seguida, que solo iban a hacer averiguaciones”. Luego de su liberación, sus vecinos les contaron que además de esos individuos que entraron en la casa, había personas en los techos.

“Apenas nos subieron al auto, un hombre grande como un orangután nos puso la mano en el cuello y nos inclinó hacia abajo. Enseguida nos pusieron la venda en los ojos y nos empezaron a interrogar. Nunca nos dijeron por qué nos llevaron pero siempre nos preguntaban por un amigo nuestro que era buscado por la policía paraguaya por razones políticas, de apellido Tatter”, sostiene. Cuando llegaron a destino, las subieron a un camión con gente desconocida. Ya al amanecer, las llevaron, siempre vendadas, a lo que parecía ser un pequeño cuarto donde comenzaron las torturas con picana. “Me golpeaban tanto que en un momento ya no sentí más. Cuando nos subieron de vuelta al camión le pregunté a mi hermana cómo estaba y me dijo: ‘Estoy por morir’, afirma Isabel.

De ahí las trasladaron a celdas separadas. Isabel la compartió con una chica con epilepsia a la que llamaban La Turca. Si bien al comienzo no sabían dónde estaban, luego supieron que era Banfield. Hasta entonces estaban desaparecidas, por lo que su familia “iba a todas las comisarías, preguntaba y preguntaba. Se enteraron a través de unos periodistas que dijeron que podía ser que estuviéramos en Banfield porque ahí había mucha gente, y así nos ubicaron”. Recuerda que “éramos 32 personas en la causa esa”, como Margarita Sosa, Nadal y los hermanos Geraci. Allí estuvieron tres meses.

“Una vez vinieron de la embajada paraguaya a interrogarnos. Nos decían ‘Tu hermana ya declaró todo así que puedes contarnos’. El General Oviedo un día vino y dijo ‘Sáquenle la venda, que yo no acostumbro a tratar con gente que no me mira a la cara’ y, después de liberarme los ojos, detrás de mi cabeza empezaron a hacer la ruleta rusa con la pistola. Así vinieron varios que decían que eran de la embajada pero después averigüé y nadie sabía quiénes eran”, afirma Isabel. En los interrogatorios le preguntaban sobre cosas de Argentina y sobre sus vínculos. “Cuando pasó el tiempo supe que estaban tratando de averiguar quiénes éramos”, sostiene.

Pasados los tres meses las trasladaron a Olmos, donde estuvieron hasta el 24 de marzo de 1976 y, de ahí, a Devoto. Recuerda que fueron escoltadas por aviones y motos y que viajaron paradas. Del penal de Devoto las llevaron al aeropuerto, donde se reencontró con sus hijos. El 3 de febrero de 1979 emigró con ellos a Suecia y después, junto a su hermana, se reunieron en Suiza. Recuerda que cuando la secuestraron, quien ya era su ex marido presentó un hábeas corpus que fue negado tras siete meses por el Dr. Zaffaroni.

“Mi hermana está tan mal que no puede declarar. Me robaron una gran parte de mi vida. Eso es lo que más me duele, y los familiares que tuvieron que molestarse. Es la primera vez que se conectan queriendo saber una parte de lo que ha sucedido. Porque ha sucedido mucho”, concluye su testimonio.

“Me enteré que mis tíos estuvieron en Banfield gracias a este Juicio”

Pablo Estevez es el próximo en declarar. A partir de la recopilación de información en conversaciones con testigos y de documentos, reconstruyó los secuestros de su papá, José María Estévez, de su tío, Gabriel María Estévez y de su compañera, María de las Mercedes Funes. Pablo tenía días de vida cuando ocurrió el hecho.

José María, de apodos “Perú” y “Cuca”, fue secuestrado la noche del 5 de mayo de 1977. Estudió agronomía en la Universidad de Buenos Aires, donde fue militante de la Juventud Peronista y en Montoneros. Trabajaba en la sede de Ezeiza de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

“El episodio se dio en la casa de mis abuelos maternos, en Haedo, Morón, calle Los Andes N° 1144. Estaban mi abuela y mi abuelo maternos, mi mamá, mi papá y yo. Se presentaron entre seis y ocho personas diciendo que eran de las fuerzas conjuntas y pidieron los documentos porque decían que estaban haciendo una requisa en la zona. Entre los papeles encontraron los de un auto que era de mis viejos y le pidieron a mi papá que los acompañe a buscarlo, porque estaba en una cochera a dos cuadras de la casa. Dejaron al resto de las personas mirando a la pared”, sostiene Pablo. El sereno de la cochera le contó que intentaron arrancar el Citroën amarillo pero no pudieron. Desde ese lugar se fueron con José María y no lo volvieron a ver.

En conversaciones con Luis María Estévez, uno de sus tíos, que en ese momento estaba en la casa de los abuelos paternos de Pablo, a pocas cuadras de la casa materna, pudo saber que primero habían pasado por el domicilio en Fasola N° 796 y preguntaron por José María. “Dejaron un auto en la puerta y desde ese lugar se trasladaron a la casa donde estaba mi papá”, afirma, y muestra una fotografía: la única que tiene con su padre. “La tengo guardada con mucho cariño”, dice mientras coloca la imagen frente a la cámara.

Su tío y su tía, Gabriel María Estévez y María de las Mercedes Funes, fueron desaparecidos el 22 de agosto de 1977 de la casa de sus abuelos paternos, donde también estaban su otro tío, Luis María, y su abuelo. “El operativo fue durante el día. También se presentaron alrededor de seis u ocho personas mientras decían que eran de las fuerzas conjuntas. Inicialmente se iban a llevar a Gabriel pero Mercedes, con el antecedente de mi papá, dijo ‘Si se lo llevan, yo voy con él’, y los llevaron a ambos”, sostiene.

Gabriel había hecho un recorrido formativo similar al de su hermano: estudió agronomía en la Universidad de Buenos Aires pero trabajaba en General Motors, mientras que Mercedes estudiaba trabajo social. Pablo no tiene conocimiento de que sus tíos compartiesen militancia con su padre; Gabriel y Mercedes participaban en un grupo de la Iglesia Santiago Apóstol, en la esquina de la casa paterna, donde hacían su militancia en el barrio popular Carlos Gardel.

El declarante reconstruyó lo sucedido a partir de testimonios y charlas pero “las conversaciones familiares no fueron tan simples. Cuando cumplí la edad de colegio primario, con mi mamá nos mudamos a la Capital. Tengo la sensación de que con esa mudanza ella hizo una especie de cierre de su historia con mi viejo. Fue muy difícil conversar con ella sobre la historia de mi papá”. Recuerda que una vez le contó que, días antes de su secuestro, Mercedes le había dicho que tenía un atraso importante y que creía que estaba embarazada, lo que era posible porque estaban en la búsqueda de tener familia. Por ello, continúa con la búsqueda de su primo, posiblemente nacido, y junto a una de sus tías dejaron sus muestras en el banco genético.

También recuerda que su madre le contó que su padre había comprado un terreno en Banfield. “Quería mencionarlo por la cercanía geográfica con la detención de mi tío y mi tía, quienes estuvieron en Banfield y de lo que me enteré a partir de uno de los testimonios de este Juicio”, sostiene Pablo, que se refiere al testimonio de Liliana Zambrano. “Por esto es valorable que los juicios sigan adelante. No solo por lo que implica en términos de la búsqueda de justicia, de las sentencias para los culpables, sino también en relación a la posibilidad de seguir reconstruyendo las historias y para reivindicar las vidas de los militantes. Los juicios son una posibilidad de justicia en muchos sentidos”, concluye.

“Fue una política que gobernó a través de la masacre”

La tercera declarante es Ana Cecilia Solari Paz, profesora de Historia, maestranda en Historia y Memoria e investigadora en la Comisión Provincial por la Memoria, en el Programa de Investigación y Sitios de Memoria. Su trabajo consiste en analizar los archivos y las prácticas de criminalización, persecución, control, vigilancia y represión de la policía hacia las disidencias sexo-genéricas. Su testimonio resulta de la investigación de tesis de maestría en la que analiza tales prácticas durante la última dictadura.

Para comenzar, realiza un recorrido por la función de la policía. “Su misión es el mantenimiento del orden social, lo que incluye el mantenimiento del orden público, de la moralidad y de las buenas costumbres, tanto en las calles como puertas adentro de la institución, donde se construye un perfil de sujeto policial y se refuerzan estereotipos de la construcción de la masculinidad y heterosexualidad obligatoria”, sostiene.

Tras citar ejemplos de documentos analizados, arriba a la conclusión de “postular a la policía como un poder de normalización y de regulación de conductas, como una de las tecnologías de poder mediante la cual el Estado gestiona la vida de las personas: cómo debían vestirse, hablar, caminar, qué corte de pelo debían usar, a quién debían desear”. Además, y en función de la violencia ejercida, establece que “la gubernamentalidad fija los límites de qué es aceptable, qué no y hasta dónde debe llegar ese límite”, y lo establece a través de la aplicación de una “represión continua y suave que mantiene la criminalidad dentro de los límites social y económicamente aceptables. Para esto posee, a través de la policía, una herramienta que le permite -según sus propios criterios- medir cuándo la población se encuentra en peligro. Frente a un acontecimiento que pueda producirse, intentará impedirlo de cualquier manera para que no ocurra en absoluto a través de una represión severa y rigurosa de tipo espasmódica y discontinua; es una política que gobierna a través de la masacre. De esta manera, la gubernamentalidad patrocinó un retorno a la normalidad encomendándole a las fuerzas armadas y de seguridad poner en práctica métodos represivos excepcionales e ilegales, y aplicó una violencia extrema, una maquinaria de terror”.

En los legajos desde 1976 hasta 1983 se observan comunicados, cartas y documentos donde era común la utilización de términos categorizantes como motivos de detención, como “amoral”, “pederasta”, “mujer-hombruna”, “marimacho”, “maricón” y “afeminado”, y donde las personas eran imputadas, por ejemplo, por “extravío de credencial, adicción de drogas y lesbianismo”, “empleado homosexual” y “travestismo”. Además, la testimoniante realiza un recorrido entre las áreas encargadas de llevar el registro de las disidencias sexo-genéricas: a nivel jurisdiccional, lo hacían las comisarías y brigadas; a nivel regional, las salas de situación; y a nivel provincial, la Dirección de Inteligencia, la Dirección de Investigaciones y la Dirección de Asuntos Judiciales.

El identificar las prácticas de control, vigilancia y represión hacia las disidencias sexo-genéricas por parte de la policía durante la última dictadura tiene como objetivo “considerar a otros sujetos que fueron reprimidos mucho menos visiblemente en un contexto que produjo muertes, secuestros, torturas, exilios, crímenes sexuales y desapariciones. Permite ver cosas que no aparecen en las historias o memorias dominantes”.

“30.400 compañeres ex detenides y desaparecides, presentes”

La última persona en declarar es Cristian Oscar Prieto Carrasco. Es periodista, investigador, docente, escritor, activista LGBTIQ+ e integrante de Memorias Disidentes Sudacas. Trabaja en la Comisión Provincial por la Memoria, en el Programa de Justicia por Delitos de Lesa Humanidad y en el Programa de Investigación y Sitios de Memoria -al igual que Ana Cecilia Solari Paz-. Su testimonio parte de la investigación que realiza con los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires a partir de la pregunta sobre qué sucedió con los homosexuales, lesbianas, travestis y trans durante la última dictadura militar, y cómo fue la persecución y criminalización contra sus cuerpos.

El problema de este tipo de investigaciones es el cómo comunicar los avances de informaciones cuyas fuentes no pueden revelarse por una cuestión de privacidad y protección de las víctimas perseguidas. “Es importante mirar los archivos (de la ex DIPPBA) con estas nuevas preguntas en relación a la persecución hacia nuestra comunidad porque la dictadura no solamente vino a sellar el sistema neoliberal, sino también el sistema patriarcal en el que seguimos viviendo. Sellar lo que en la sociedad entera debía ser la norma”, sostiene.

Sin embargo, establece que estos análisis son posibles de realizar porque se hacen desde el hoy: “En el pasado había toda una sociedad que era homo, lesbo y trans-odiante porque era aberrante y había que extirparlos. Si una fuerza de seguridad va a perseguir y criminalizar sistemáticamente a personas de nuestra comunidad es porque hay un consenso generalizado para que eso suceda”.

Prieto Carrasco dice que después de 47 años de ocurrida la dictadura,  «para el activismo y para las personas de nuestra comunidad es urgente que esto se vea con los ojos desde la comunidad LGBTIQ+, porque hay algo que ha sido invisibilizado. Es urgente también porque se nos están muriendo nuestras personas más viejas y que fueron víctimas de la dictadura. No hay faltantes de fuentes, sino que las que tenemos tienen que ser miradas con otros ojos porque, sino, vamos a seguir siendo invisibilizados e invisibilizadas”.

Para culminar, reafirma: “Ustedes seguro han visto que está proliferando el número 30.400. Hasta ahora, 400 es el único número que tenemos y del cual nos agarramos para visibilizar esta cuestión. La pregunta que nos queda es si esos 400 ya forman parte de los 30 mil o no, y por eso nosotros y nosotras nos preguntamos y levantamos esta bandera. Ponemos el número para visibilizar la lucha y dar cuenta de que tenemos que tener esta mirada urgente hacia nuestras biografías y nuestras existencias. No puede ser que a esta altura de la historia no tengamos un registro histórico de gente de nuestra comunidad perseguida por orientación sexual o identidad de género. Eso es algo que nos debemos”. Y concluye: “30.400 compañeres ex detenides y desaparecides, presentes”.

La próxima jornada del debate oral y público será el 18 de abril de forma presencial.

*Cobertura de Agustina López para Diario del juicio. 4 de abril de 2023. “LOS JUICIOS SON UNA POSIBILIDAD DE JUSTICIA EN MUCHOS SENTIDOS”. Recuperado de https://diariodeljuicioar.wordpress.com/?p=1534